EDITORIAL

Regulación para los sistemas de videovigilancia

La Cámara de Diputados dio un paso importante al dar media sanción a un proyecto de ley para regular la instalación y el uso de los sistemas de captación de imágenes y sonidos de personas físicas, obtenidas en lugares públicos o privados de acceso público, ya sean abiertos o cerrados. La iniciativa también determina las reglas para el posterior tratamiento de la información colectada, con el objetivo de garantizar la convivencia ciudadana, la utilización pacífica de los espacios públicos y la prevención de los delitos y faltas, sin poner en riesgo las garantías individuales ni afectar derechos por efecto del tratamiento indebido de la información derivada de esas captaciones.

La temática en cuestión se discutió durante varios meses en las comisiones del cuerpo, intentando siempre compatibilizar los derechos personalísimos y la privacidad con el uso seguro del espacio público. La utilización de estos sistemas de captación de imágenes empezó a propagarse veinte años atrás, especialmente en la seguridad vial, instalando cámaras fotográficas, filmadoras y radares en rutas y calles con el objetivo de que el conductor respetase las reglas. Era un objetivo preventivo y sancionatorio, no exento en algunos casos de meros fines recaudatorios que fueron denunciados en muchas oportunidades.

Con el paso del tiempo, los sistemas de filmación fueron disponiéndose en bancos, entidades financieras, joyerías, industrias; se propagaron luego a todo tipo de actividad comercial y, últimamente, también en edificios de departamentos y en casas particulares. El fútbol profesional argentino exigió como medida de seguridad en los estadios la presencia de cámaras que siguieran el movimiento de las hinchadas presentes. Otro paso en el tiempo fue la colocación en accesos urbanos, como método de control de la seguridad del tránsito ingresante, y llegó más tarde a paseos peatonales e, incluso, a espacios verdes.

Hasta el momento, la propagación de estos sistemas no tiene límite alguno y son contratados por el mismo Estado, ya sea municipal, provincial como nacional, así como por particulares, entendiendo que funciona como elemento disuasivo para hacer frente al avance de la inseguridad.

Más allá de algunas observaciones que llevaron a un diputado a votar en contra y a otros, a abstenerse, parece clara la decisión política expresada por las distintas bancadas de Diputados en cuanto a la necesidad de que sea el Estado el que asuma un rol regulador de la actividad, fijando límites, determinando las medidas de seguridad y confidencialidad de la información obtenida, y ofreciendo garantías para que el ciudadano no sea afectado en sus derechos esenciales.

Mientras se espera la definición del Senado, no parece menor la decisión legislativa de buscar una ley que procure compatibilizar altos fines públicos con derechos individuales que podrían verse afectados por el uso de las nuevas tecnologías de la información.