Crónica política

Los jubilados y el manicomio político

“Morir es una manera de recuperar prestigio”. Adolfo Bioy Casares

Rogelio Alaniz

En un país razonable, con una clase dirigente preocupada por el poder adquisitivo de los viejos, lo que se debería haber hecho es abrir un debate serio con el objetivo de ponerse de acuerdo sobre temas coyunturales y de fondo. Coyunturales, para dar una respuesta hoy, porque a los viejos hay que hablarles más del presente que del futuro, mientras para las cuestiones de fondo se elaboran proyectos de mediano y largo alcance que compatibilicen las virtudes de la equidad con los rigores que imponen los números o los recursos, siempre escasos.

No fue lo que ocurrió. Es probable que tanto el oficialismo como la oposición hayan sido responsables de no haber sumado esfuerzos para empezar a resolver un problema en el que dicen estar todos de acuerdo respecto de los objetivos, aunque se sabe que, en política, la principal responsabilidad por lo que no se hace o se hace mal, la tiene siempre el gobierno.

En el Coloquio de Idea, celebrado en Mar del Plata, el ex presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, dijo refiriéndose a la conflictividad innecesaria: “Hay que evitar que los países se conviertan en manicomios dirigidos por sus propios pacientes”. No sé si en la Argentina al manicomio lo dirigen los pacientes o los médicos locos, pero lo seguro es que en cierto nivel de decisión política, el país se está pareciendo cada vez más a un manicomio.

Pruebas sobre la mesa: una presidente populista invoca los valores de la racionalidad y veta una ley que otorga el 82 % ciento móvil a los jubilados, mientras que una oposición donde gravitan los supuestos neoliberales reclama que se reparta y se pague sin preguntar de dónde salen los recursos. Como para completar el síntoma, digamos que todos tienen una cuota de razón, pero mezcladas las razones de cada quien, el resultado es un loquero que transforma al “Cambalache” de Discépolo en una canción infantil.

Lo cierto es que los jubilados se merecían una respuesta y no la tuvieron. Casi cinco millones de personas deberán resignarse a seguir viviendo con un ingreso que apenas supera los mil pesos. Es probable que antes de fin del año, el oficialismo intente paliar la situación con algún premio consuelo, pero ya es hora de saber que si en estos temas se quiere hacer política en serio, lo pertinente son reformas de fondo, no reparaciones que se lleva el viento.

El gobierno les recuerda a todos que promovió jubilaciones y pensiones y que dos veces por año aumenta las asignaciones. Es cierto, pero no alcanza; y no alcanza, no porque no haya recursos sino porque se los administra mal. Uno de los grandes misterios de la política nacional kirchnerista es la alucinada red de subsidios extendidos a lo largo y a la ancho de toda la gestión. Se dice que a ese misterio sólo lo conocen tres personas: Kirchner, De Vido y Moreno. Lo conocen, pero a esta altura de los acontecimientos, ni ellos saben cómo desenredar esa madeja.

La información sobre las cifras que dispone el gobierno es poco confiable, pero lo que hay que saber es que son multimillonarias y la red de subsidios en un gran porcentaje sale de la plata de los jubilados. La luz, el gas, el fútbol, las computadoras, los aviones estatales, la asignación universal, los déficits de las cajas provinciales, todo se paga con la plata de los jubilados o con la plata que le correspondería a los jubilados.

Como suele ocurrir cuando se arman estos mamarrachos, cada una de las decisiones que se toman en particular puede justificarse con mejores o peores argumentos, pero lo injustificable es el conjunto, el resultado. Lo que los Kirchner deben responder es por qué hipotecaron no sólo el futuro de los jubilados sino el futuro de la Nación creando una red de subsidios que distorsiona la economía y altera el funcionamiento de las instituciones. Esta respuesta no se la tienen que dar a Sanz, a Macri o a Scioli, se la tienen que ofrecer a los viejos, porque son ellos los que padecen las consecuencias de estos errores. En definitiva, el gobierno debe hacerse responsable de sus actos de gobierno y le tiene que explicar a cinco millones de viejos por qué tienen que seguir viviendo con mil pesos mensuales.

Admitiendo incluso que la oposición pueda conspirar contra el gobierno, que practique la demagogia más desenfrenada, que carezca de autoridad moral para hablar de un tema que no fueron capaces de atender cuando fueron gobierno; admitiendo todo esto, el gobierno no puede eludir su compromiso con los jubilados, porque hasta el viejito más modesto le diría: “Disculpe señor... señora Kirchner, yo de política no entiendo mucho, pero lo que recuerdo es que usted me prometió otra cosa, usted me dijo que era distinto a los otros y, además, ¿sabe una cosa?, a mí no me importa que la oposición sea tan mala como usted dice que es, porque lo que a mí me importa es que quien tiene que tomar las decisiones es usted, porque yo ya no puedo seguir viviendo con un ingreso de mil pesos”.

¿Se puede pagar el 82 % por ciento móvil? Yo creo que no, pero sí se podrían elaborar políticas mucho más satisfactorias que las actuales para la tercera edad. No es un tema sencillo. Compromete valores y afecta la calidad de vida de uno de los sectores más débiles de la sociedad. No es un tema fácil, y por lo tanto el peor remedio es la demagogia o el facilismo. No se puede pagar el 82 por ciento, pero los jubilados podrían vivir mucho mejor que lo viven hoy. Hay propuestas, hay programas y hay gente capacitada para hacer posible esta exigencia social.

La jubilación privada, tal como se la practicó en la Argentina, no dio resultados, pero la jubilación de reparto tampoco funciona. Lo ideal sería marchar hacia un sistema mixto que aproveche las virtudes de cada sistema sin perder de vista que históricamente la jubilación se pensó para los sectores de menores recursos e incluso para aquellos que directamente carecían de todo recurso.

Una asignación universal a la vejez debería ser el punto de partida de una nueva política jubilatoria, A partir de allí, habría que empezar a distinguir por ingresos y por aportes, pero el principio fundacional de una verdadera política de previsión debería partir del principio de que ninguna persona mayor quede sin ingresos mínimos. Nada de esto sería factible si al mismo tiempo no crece el empleo, no se mejoran los ingresos y, por lo tanto, no se incrementan los aportes de los trabajadores y, sobre todo, de los patrones. También, hay que hacerse cargo de que nada se podrá conseguir sin un Estado que funcione, es decir sin un Estado que administre bien, que disponga de instituciones y burocracias eficientes y una clase dirigente que respete estas reglas de juego. Insisto en destacarlo porque es lo que hoy no tenemos.

Tal como se presenta la realidad, todos estos objetivos tienen serias dificultades para realizarse, pero con un mínimo de entendimientos se podrían empezar a obtener algunos resultados modestos. Para que ello ocurra hace falta una clase dirigente madura, que entienda que la previsión social debe ser una política de Estado y que, por lo tanto, no hay lugar para especulaciones menores.

Ese clima de madurez hoy no existe en la Argentina. Y la responsabilidad de que no exista es de los Kirchner, que han hecho lo posible y lo imposible para que así sea. Ellos son quienes se las han ingeniado con su teoría del enemigo permanente para montar esta puesta en escena que Tabaré Vázquez bautizó con el nombre de manicomio y que, con su habitual talento, Adolfo Bioy Casares simbolizó un escenario donde los viejos son eliminados por un poder invisible que en la novela no termina de definirse, pero que en nuestro presente histórico tiene nombre y apellido.

Casi cinco millones de personas deberán resignarse a seguir viviendo con un ingreso que apenas supera los mil pesos.

Una asignación universal a la vejez debería ser el punto de partida de una nueva política jubilatoria.