El nuevo Consejo de la Magistratura
Durante años, el desempeño del Consejo de la Magistratura de la Nación estuvo atado a los vaivenes de la política y sujeto a las demandas de los intereses que de ella surgen.
Así fue desde su propia creación, producto de la negociación que permitió la reforma constitucional de 1994, como resultado de la cual el radicalismo gestionó -entre otras cosas- la introducción de una serie de mejoras institucionales, a cambio de habilitarle al entonces presidente Carlos Menem su reelección.
La escasa vocación que existía para poner en marcha el organismo destinado a seleccionar los candidatos a jueces y desarrollar los procesos para su destitución, quedó demostrada en la demora que demandó su implementación, lograda recién en 1998, en un largo proceso jalonado por la disputa vinculada a la representación estamentaria de sus veinte integrantes.
Sobre la base de la cuestionable eficiencia del Consejo, y de una serie de denuncias sobre concursos amañados o jueces presionados, la actual presidenta de la Nación -y por entonces senadora- impulsó en 2004 una reducción de miembros, que tuvo como premisa la de aumentar la proporción de políticos (y entre ellos, los oficialistas).
El rediseño del organismo unió por primera vez a la oposición antikirchnerista y a distintas organizaciones y sectores, en pos de un reclamo por preservar la institucionalidad, ya que se violentaba el equilibrio reclamado por la Constitución, en beneficio del gobierno.
La supremacía parlamentaria que ostentaba el kirchnerismo, le permitió enfrentar con éxito la contraofensiva e instalar en el Consejo -ahora de 13 miembros- un esquema en el cual, si bien no tenía votos suficientes para imponerse por sí mismo, sí contaba con “poder de veto”: ningún nombramiento ni remoción podía producirse sin el aval de, cuanto menos, un oficialista.
Esta preeminencia le permitió al gobierno esgrimir una poderosa arma de disciplinamiento sobre los magistrados, muchos de los cuales tienen en sus manos denuncias por corrupción contra integrantes del elenco oficial, que apenas se mantienen activas y prácticamente sin avances, a la espera de coyunturas más favorables.
Pero desde el mismo instante del rediseño del Consejo comenzaron a gestarse proyectos para volver al esquema original, o contrarrestar el peso decisivo del gobierno. Hoy mismo tiene media sanción en Diputados y dictamen de comisión en el Senado una iniciativa que lleva la integración a 18, con mayor presencia de jueces y abogados.
En el interín, sin embargo, la renovación casi total de los miembros por el vencimiento de sus mandatos, logró modificar la relación de fuerzas. Así, aunque conserva el poder de veto, su peso se vio menguado y ya no tiene mayoría.
En estos términos comenzará a funcionar a partir de ahora el Consejo de la Magistratura. Al jurar, un miembro de la oposición aseguró que ése era el inicio de “un camino para garantizar la autonomía de la Justicia”. Un compromiso y a la vez un desafío, para un objetivo que se hizo esperar demasiado tiempo.
