El nuevo sistema penal

Desacuerdos entre las cámaras por el destino de fiscales y defensores

Diputados rechazó las reformas del Senado a un mensaje del Ejecutivo que incorpora artículos a la ley de transición. La divergencia es sobre el lugar que ocuparán 12 futuros funcionarios cuando terminen sus mandatos de seis años.

Mario Cáffaro

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¿Licencia extraordinaria o designación subsidiaria? La Legislatura todavía no definió la situación futura de los 12 funcionarios claves del nuevo sistema de justicia penal de la provincia cuyos concursos ya fueron finalizados pero cuyos pliegos todavía no han sido remitidos a la Legislatura. Un mensaje del Poder Ejecutivo incorporando algunos artículos a la ley 13.004 que ordena la transición entre los sistemas no fue sancionado aún por diferencias entre las cámaras.

En la última sesión, por unanimidad, Diputados insistió con el texto votado en primera instancia y que fuera modificado por el Senado. La postura de la Cámara Joven es que magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial que sean designados como fiscal general o fiscal regional; defensor general o defensor regional al finalizar su mandato se los designará como fiscales o defensores públicos en el distrito judicial donde hoy cumplen funciones. En cambio para el Senado, esos magistrados, funcionarios o empleados que sean designados deberán pedir licencia sin percepción de haberes mientras desempeñen el otro cargo y reintegrarse a los diez días de haber cumplido el mandato legal que son 6 años.

El dictamen de Diputados va más allá y considera que esos magistrados como han logrado acuerdo legislativo, tendrán una remuneración equivalente a la máxima categoría de fiscales o defensores públicos siempre que cada uno de ellos haga la solicitud pertinente ante el Poder Ejecutivo en un plazo no mayor a 30 días de haber cesado en el cargo.

También Diputados en su texto considera que la vacancia que genere en la justicia la designación de fiscales o defensores serán consideradas “definitivas” por lo cual se deberá proceder a la cobertura de acuerdo a los mecanismos legales y constitucionales vigentes. En cambio, el dictamen del Senado considera que la vacancia no será considerada definitiva a los fines de su cobertura.

En el Poder Ejecutivo se defiende la postura de Diputados. “Si un camarista o un juez es designado fiscal nos quedaría durante seis años un lugar en la Cámara o un juzgado vacante u ocupado por subrogante. Es demasiado plazo” señaló un integrante del ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Raúl Lamberto, presidente de la bancada de diputados del Frente Progresista, dijo que la posición de la Cámara garantiza estabilidad a esos magistrados y les permite que cuando terminen su función directriz aporten experiencia en la función.

Tanto en el Poder Judicial como en el ministerio de Justicia se espera que la Legislatura dirima la cuestión, y esto no pasaría de la semana próxima cuando termina el período de sesiones ordinarias.

En tanto, están ya a la firma del gobernador Hermes Binner la mayoría de los pliegos para cubrir esos 12 cargos considerados claves para el funcionamiento del sistema. No obstante, los concursos dejaron vacantes tanto los defensores regionales de Reconquista y Venado Tuerto como el fiscal regional de esta segunda ciudad.

El actual camarista penal local Julio de Olazábal sería propuesto para fiscal general de la provincia y Gabriel Ganon como defensor general.

Sin diferencias

El mensaje del Poder Ejecutivo se completa con la incorporación de los artículos 16 bis y 16 ter a la ley 13.004 y que refiere a la transición de magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial. En estos casos no hay discordancia entre lo votado por Diputados y Senadores.

El 16 bis establece que los fiscales de primera instancia, de cámaras de apelación así como los defensores generales y de cámaras de apelación que opten por ingresar al Ministerio Público de la Acusación y al Servicio Público Provincial de Defensa Penal -además de la capacitación- deberán contar con acuerdo legislativo. Se instruye a la Corte Suprema de Justicia que recabará y remitirá los antecedentes de los interesados al Poder Ejecutivo para que éste elabore y envíe los pliegos de pedido de acuerdo a la Asamblea Legislativa.

El 16 ter prevé que los secretarios de primera instancia y de cámara que opten por ir al nuevo sistema pasarán como fiscales o defensores adjuntos, garantizándoles que no sufrirán merma en sus remuneraciones y también requerirán acuerdo legislativo.

Por último se prevé que aquel funcionario que no obtenga acuerdo legislativo continuará en el cargo y funciones que tenía al momento de ejercer la opción.

Apuran el tratamiento de pliegos

La Asamblea Legislativa fue convocada para el jueves próximo, a las 15, para considerar 13 pliegos remitidos la semana pasada por el Ejecutivo y que fueron abiertos el martes por la Comisión de Acuerdos que fijó hasta el 24 de noviembre, a las 13, para recibir observaciones a las calidades constitucionales legales y condiciones generales. Ese misma tarde, Acuerdos hará la entrevista a los candidatos para someterlos a votación al día siguiente. El apuro obedece a que se termina el período Ordinario y para evitar su aprobación ficta en mayo o bien en diciembre en caso de que sean incluidos en Extraordinarias.

Los postulantes para ocupar cargos en el Poder Judicial son: Liza Báscolo Ocampo como Jueza de Primera Instancia de Distrito de Familia; Lucas Marín como Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral y José Luis García Troiano como Juez Subrogante para los Juzgados de Primera Instancia de Distrito en lo Penal de Instrucción, Correccional, Sentencia, Faltas y de Menores. Los mencionados se desempeñarán en el distrito judicial Nº 5, tribunales con asiento en la ciudad de Rafaela.

Para la ciudad de Santa Fe, los pliegos propuestos son Beatriz Estela Forno como Jueza de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial (tercera nominación), Diego Raúl Aldao como Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial (quinta nominación) y Dante Mario Enrique Formentini como Juez de Primera Instancia de Circuito (segunda nominación).

En tanto, para la ciudad de Esperanza es postulada Julia Elim Collado como Jueza de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral; para Tostado Haydé María Regonat como Jueza de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral; para Avellaneda, Silvana Guadalupe Vignatti para desempeñarse como Jueza de Primera Instancia de Circuito de la ciudad de Avellaneda; y para la ciudad de Villa Ocampo fue seleccionada María Isabel Arroyo como Jueza de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral.

Por último para la ciudad de Rosario, las postulantes son Gabriela Sansó como Jueza de Primera Instancia de Distrito de Menores (segunda nominación), Carolina Hernández como Jueza de Primera Instancia de Distrito de Menores (tercera nominación) y María Dolores Aguirre Guarrochena como Jueza de Primera Instancia de Distrito de Menores (cuarta nominación).