El legado de la siembra directa

U$S 44.360 millones para el país

La adopción de esta tecnología en la Argentina acumuló un significativo beneficio económico para productores y consumidores. Esta investigación será presentada en el marco de un importante reconocimiento al INTA.

Campolitoral/INTA

“Es la primera vez el Instituto recibe una distinción de este calibre. Es un reconocimiento a un esfuerzo de años y, obviamente, es un incentivo muy fuerte para seguir trabajando”, expresó Eugenio Cap director del Instituto de Economía y Sociología (IES) del INTA en referencia al premio a la trayectoria “Ing. Agr. José María Bustillo” entregado por la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria (ANAV).

En el marco de la distinción, el especialista disertó sobre el impacto económico de la adopción de la siembra directa (SD) en la Argentina. Con respecto a esto, indicó que “desde 1991 hasta 2008, la adopción de esta tecnología por los productores argentinos tuvo un impacto estimado en 44.360 millones de dólares”.

Esta tecnología, que empezó a desarrollarse en la década del 60, con el impulso de instituciones públicas y privadas, hoy es utilizada en el 75% de la superficie cultivada en el país alrededor de 22.300.000 hectáreas.

“Se ha estudiado el proceso, la historia, los protagonistas, las implicancias para la conservación del suelo, pero hasta ahora, no había un trabajo que le pusiera números al impacto económico de la siembra directa”, expresó Cap, uno de los autores del estudio que cuantificó los beneficios de la innovación tecnológica para productores y consumidores.

Beneficios

Cap destacó aquellos generados por la combinación del incremento de producción y la reducción de costos directos, se estiman en más de U$S 20 mil millones. Además, desde una perspectiva social, la adopción de la SD mejoró la situación de los consumidores de todo el mundo al aumentar su ingreso real debido a la reducción de los precios en los alimentos, estimada en más de U$S 23 mil millones.

“Los beneficios para el consumidor se calcularon por razones de simplicidad, a partir de la reducción del precio internacional del maíz y de la soja que, normalmente, es transmitida a lo largo de las cadenas y se refleja si no hay distorsiones serias en los mercados en el precio final de los alimentos a nivel de consumidor”, explicó Cap.

Para el especialista, además de describir “un caso realmente notable por la magnitud del éxito de la gestión público-privada en la generación de un bien público”, el estudio “intenta hacer justicia con una tecnología cuyas contribuciones no han sido adecuadamente justipreciadas, tanto en la aportes positivos en la gestión económico-financiera de los sistemas productivos agrícolas como en las implicancias a los niveles sectorial y global de su adopción por los productores argentinos”.

Asimismo, explicó: “Nos queda como tarea pendiente la cuantificación e implicancias futuras de la mejora en los indicadores de sustentabilidad ambiental de dichos sistemas en el mediano y largo plazo, sustentabilidad que, hasta hace aproximadamente cuarenta años estaba seriamente amenazada por el deterioro de la estructura del suelo”.

Aunque los investigadores y extensionistas que se reunieron en Marcos Juárez Córdoba en 1977 para iniciar este desarrollo no podían predecir la magnitud del impacto que tendría esta tecnología. Décadas después, el esfuerzo interdisciplinario e interinstitucional que se iniciaba formalmente en esa ocasión, tanto por los cambios que indujeron en la forma de hacer agricultura, como en las magnitudes de los beneficios cuantificables generados.

Esta tecnología, es utilizada en el 75% de la superficie cultivada en el país alrededor de 22.300.000 hectáreas.