déficit habitacional


En la ciudad hay 15.000 familias

que necesitan vivienda propia

En la ciudad hay 15.000 familias que necesitan vivienda propia

En general, las viviendas que se construyen apuntan a familias con ingresos fijos. El problema es que existen pocas alternativas para los más pobres. Foto: Amancio Alem

En los sectores medios y en los más vulnerables, el sueño de la casa propia parece lejano. En lista de espera para conseguir un Plan Fonavi hay más de 5.700 personas. La Municipalidad estima que hay 3.500 ranchos, 1.000 asentados en áreas de riesgo hídrico.

 

Agustina Mai/ Lía Masjoan/ Gastón Neffen

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En Santa Fe, el sueño de conseguir una casa propia se complica para los sectores medios y más vulnerables. Mientras el boom de la construcción queda en manos de quienes ya tienen techo, hay dificultades para acceder al crédito y el ritmo de construcción de los planes Fonavi todavía está muy lejos de la demanda real.

Aunque el último censo actualizará la realidad local, los datos oficiales estiman que son 15.000 las familias de la ciudad que necesitan una vivienda. Esta cifra surge de un registro que elaboró la Dirección de Vivienda de la provincia hace dos años, cuando abrió una convocatoria amplia, sin condicionamientos, con el objetivo de afinar los datos sobre la cantidad de personas que aspiran a una casa. De esos 15.000 inscriptos, sólo 5.722 reúnen los requisitos para acceder a un plan Fonavi y están anotados en el Registro Único de Inscripción Permanente (Ruip). El resto, casi 10 mil personas, queda afuera de las posibilidades que ofrece el Estado porque ni siquiera percibe el ingreso mínimo.

De todos modos, la situación no es alentadora para los más de 5.000 que están en lista de espera. “Este año estamos construyendo unas 400 casas en la ciudad”, estimó Alicia Pino, directora provincial de Vivienda y Urbanismo. “En 2008 se entregaron 911 y en 2010, menos de 500, seguro”, repasó.

La escasez de recursos económicos es, según las autoridades, el condicionante principal para mantener un ritmo sostenido de construcción que permita paliar el alto déficit habitacional. “De los fondos federales del Tesoro Nacional no nos han transferido nada este año. Se presupuestaron 350 millones de pesos, pero no vino nada; le dan mucho a Chaco, Entre Ríos...”, se quejó Pino, quien ha presentado en Nación proyectos para construir 4.000 viviendas con estos aportes, sin obtener respuesta.

Por esto, sólo se están destinando los Fondos Fonavi que coparticipa el gobierno nacional en forma directa: “Son muy escasos, unos 60 millones de pesos en promedio”, detalló la funcionaria provincial.

La lupa en áreas de riesgo

Del lado municipal, la situación es similar: “Para los gobiernos locales es casi imposible resolver la carencia habitacional con recursos del propio presupuesto”, aseguró Sara Lauría, subsecretaria de Hábitat y Vivienda. Por eso, la actual gestión concentró sus políticas en aquellas familias que atraviesan las situaciones más críticas, es decir, las que, además de encontrarse en situación de exclusión y pobreza, están radicadas en áreas de riesgo hídrico.

En esa franja tienen relevados 3.500 ranchos y alrededor de 300 viviendas precarias, la mayoría asentada en el borde oeste de la ciudad. La diferencia entre ambas construcciones es que el rancho tiene materiales de desecho como cartón, chapa o nylon en sus tres componentes básicos (pared, techo y piso), mientras que la vivienda precaria cuenta con materiales estables en alguno de sus componentes.

“Posamos la lupa sobre ellos y son nuestra prioridad, por eso empezamos con un programa planificado de reubicación, como el que ya hicimos en Villa Corpiño y como el que estamos llevando adelante en Playa Norte”, dijo Lauría.

El traslado a una zona segura no implica sólo entregar los módulos habitacionales básicos. Deben generarse las condiciones de habitabilidad, lo cual implica gestionar la adquisición de los terrenos, llevar la infraestructura básica de servicios y el equipamiento social, hacer apertura de calles, canalizar zanjas y demarcar los terrenos. “Ningún gobierno local puede hacerlo con su propio presupuesto”, remarcó. De allí la necesidad de articular políticas con otros estamentos del Estado.

Para Alicia Pino, el problema del déficit habitacional en la ciudad “va más allá de la construcción de la vivienda”. Como principio de solución propone que “el Estado comience a participar como gestor urbano”. ¿Qué implica esto?: “Que incorpore tierra no urbanizada a la ciudad, la prepare con infraestructura y equipamiento para recibir población y la venda a un valor razonable a los sectores vulnerables. Éste es el nuevo rol que tiene que adoptar el Estado y el gran desafío político”.

La escasez de recursos económicos es, según las autoridades, el condicionante principal.

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Las poblaciones son cada vez más urbanas y las ciudades no están preparadas para recibir a esas familias”.

Alicia Pino

Directora de Vivienda de la provincia

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se radican en la ciudad entre 30 y 40 ranchos por mes. pero estamos revirtiendo esa tendencia con una política de relocalización y de control”.

Sara Lauría

Subsecretaria de Hábitat de la Municipalidad

“Tuve que aprender a cuidar mi casa”

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Marta Díaz habita desde hace 53 años en Las Lomas, un barrio humilde de la zona noroeste de la ciudad. La mitad de su vida vivió en un rancho y del cirujeo, hasta que en los ‘90 conoció al movimiento Los Sin Techo y, gracias a ellos, pudo levantar su casa de material.

“Primero, tuve una pieza de chapa-cartón, de 4 por 4, donde dormía con seis de mis nueve hijos. Después, conocí el ladrillo, y después, el baño. Por primera vez en mi vida conocí una ducha, lo que es bañarse todos los días, tener agua corriente y no tener que andar acarreándola. Ahora tengo comedor y estoy ampliando la parte de atrás para una cocinita”, relató en el patio de su casa.

¿Cómo logró levantar su vivienda propia?: “Con la ayuda de todos, entre los vecinos”, aseguró.

Esta mujer, que trabaja como ayudante de cocina en la escuela del barrio, no tuvo una vida fácil. “Anduve a los golpes, siempre luchando sola. Viví del cirujeo, crié pollos, tenía huerta, pero, cuando vino la inundación del 2003, me tapó todo y de ahí no seguí más. Planté la lanza: hasta acá llegué. Jue muy dura esta vida para mí”, contó esta abuela de 60 chicos.

Su vida tiene un antes y un después a partir de su casa. “Empecé a dormir tranquila el día que tuve mi casa y supe que ¡no se me llovía! Para mí, mi casa significa mucho. Hay gente que, cuando puede progresar, progresa. Otros usan la vivienda como rancho. Pero yo tuve que aprender a cuidarla y a limpiarla. Ser pobre no significa ser croto”, concluyó.

El sueño que se convirtió en pesadilla

Después de 11 años de espera, Daniela y su marido fueron sorteados para un plan de vivienda. Se trataba del loteo para afectados por la inundación de 2003, en Peñaloza al 10.200, conocido como Punta Norte. Pero lo que parecía un sueño se convirtió en una pesadilla.

El polvillo de las calles de tierra acentuó el asma de Daniela y de dos de sus nenas. Cada vez que llovía, quedaban completamente aislados. “Una Navidad, fuimos a lo de mi mamá y se largó a llover. A la vuelta, no podíamos entrar del barrial que era y nos quedamos adentro del auto, esperando. Así pasamos un 25 de diciembre”, relató Daniela.

Por el agua de pozo, las nenas tenían vómitos continuos y diarrea. “Empezaron a perder peso y la más chiquita casi llegó a estar desnutrida”, aseguró la mamá.

Sin recolección de residuos, líneas de colectivo, escuelas ni centros de salud cercanos, el cuadro cada vez se volvía más angustiante. Primero, pensaron en una permuta, pero nadie quería irse a vivir a Punta Norte. Fue así que terminaron devolviendo la llave de la casa. “Algunos nos dijeron que estábamos locos, que cómo íbamos a renunciar a nuestra casa por la que habíamos esperado 11 años. Pero estaba en juego la salud de mis hijas, sumado al aislamiento social al que estaban sometidas y la depresión que yo tenía”. Pese a haber renunciado, durante seis meses les continuaron descontando los $ 177 del sueldo de su marido.

Por todos los daños sufridos, están en juicio. Actualmente, alquilan una casita, a seis cuadras de la escuela de sus nenas. “Pagamos $ 850 por mes de alquiler y mi marido trabaja de lunes a domingo. Pero los certificados médicos aseguran que mis nenas gozan de buena salud y recuperaron su peso normal”, concluyó Daniela.

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