El Ejecutivo prepara cuatro proyectos de ley

Reforma penal: Superti pide una nueva prórroga

El Código Procesal Penal no podrá comenzar a aplicarse el 1º de febrero de 2011. Lo advirtió el ministro Superti a los legisladores. Dijo que la (tercera) prórroga no pone en riesgo la actualización del judicial.

Luis Rodrigo

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“Si se piensa al nuevo sistema como un partido de fútbol, donde juegan el equipo de la Fiscalía y el de la Defensa, tenemos que entender que no puede comenzar el partido hasta que los equipos no estén listos... Por eso tenemos un proyecto de ley -un borrador- que vamos a enviar en extraordinarias para que el Código Procesal Penal esté vigente 180 días después de que asuman el fiscal general y el defensor provincial”, dijo esta mañana en la Legislatura el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti.

El funcionario subrayó que quería anunciar la decisión a los legisladores antes de enviar el proyecto y descontó que en extraordinarias se habilitará el tema, junto a otras tres propuestas para “hacer retoques” al nuevo sistema. Por una parte se busca consagrar -reforma mediante a la Ley Orgánica del Poder Judicial- el criterio de que un juez penal sólo pueda ser subrogado por otro juez penal, y no de otro fuero. (Hoy los jueces civiles subrogan a jueces penales).

En segundo término, el gobierno propondrá a las Cámaras que en el llamado Proceso Abreviado sólo intervenga un juez (y no dos) a fin de simplificar aún más ese procedimiento que tiende a desburocratizar la Justicia.

Finalmente, Superti provocará el debate legislativo para permitir que sean unificadas las dos audiencias con que se iniciarán las causas penales: Audiencia Imputativa que la lleva adelante la Fiscalía y la Cautelar a cargo de un juez de garantías.

Para el ministro la distancia temporal o física entre ambas puede ser un problema, sobre todo en el interior. Propondrá por ley unificarlas (tal como se hace en Chile, según añadió uno de sus asesores).

¿La vencida?

Si la tercera es la vencida, será positiva la intención de producir una nueva prórroga para la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, que hoy Superti trasladó a los legisladores.

Los senadores Juan Carlos Zabalza y Rodrigo Borla, dijeron en nombre del Frente Progresista en la Cámara alta que creen que no habrá dificultades para su aprobación.

La tercera prórroga pospone el inicio del 1º de febrero, fecha por la que le preguntaron -con insistencia movilera- los periodistas que hablaron con Superti antes de la reunión.

El ministro sostuvo el criterio de que la entrada en vigencia del nuevo Código es potestad del Ejecutivo. Incluso les leyó a los cronistas un párrafo que así lo indica y aseguró que el plazo para el segundo mes del año es simplemente “ordenatorio”. Aún así, destacó que habrá un proyecto de ley en extraordinarias.

Bromas y presupuesto

“No pregunten en la Corte por el presupuesto para la aplicación del nuevo Código Procesal Penal: está hecho, y en detalle, en el Ministerio”, dijo Superti.

Zabalza (hoy en inédita mayoría oficialista) bromeó dirigiéndose a un asesor del PJ: “Por favor, explicáselo al senador”, en obvia alusión a Juan Carlos Mercier”. El letrado del bloque mayoritario, rápido de reflejos, no dudó en replicar: “Envíen aquí primero al Senado el Presupuesto”, donde el peronismo tiene la mayoría especial de los dos tercios (que no posee el Frente Progresista en Diputados).

Ese fue el único momento de intercambio de opiniones (ni siquiera debate) ya que el justicialismo no fue a la reunión. Superti no se privó de decir que “la resistencia a la reforma del sistema penal tuvo distintas formas” y que una “fue decir “no hay presupuesto’ ”.

Antes reiteró que interpreta como “un boicot” a los concursos para la designación de fiscales y defensores, la decisión del Colegio de Magistrados de no designar representantes (en realidad lo que hizo fue retirarlos a horas de celebrarse las audiencias) en los jurados.

En conferencia de prensa, Zabalza y Borla se extendieron sobre “el núcleo duro” de la resistencia a la reforma “encabezada por el actual procurador fiscal y el Colegio de Magistrados”.

Sin la mochila del pasado

En el Poder Judicial santafesino están pendientes (tal como reveló El Litoral el 31 de octubre pasado) 600.000 causas penales “lo que demuestra cómo funciona el sistema actual”.

La sorprendente cifra “no es circunstancial sino estructural”. Lo que pasa es que ésta “es la primera vez que se hace un inventario”, dijo Superti.

El ministro subrayó que esa pesada mochila no se cargará sobre las espaldas del nuevo sistema penal. Y que habrá 3 años “desde el día D que fijemos” para terminar con ese lastre.

Hay un dato alentador: sobre esas 600.000 causas los presos son 1.500. “Y definir esas situaciones debe ser la prioridad”. Además, calculó que no menos de un tercio corresponde a “causas NN”, es decir, sin sospechosos, sin imputados individualizados... (otra muestra sobre cómo funciona en Santa Fe el servicio de justicia).

Una comisión de seguimiento (que también integrarán representantes de las Cámaras de Diputados y el Senado) se encargará de observar cuán rápido avanzan los jueces que queden abocados a vaciar esa mochila, mediante procesos como completar el juicio, pasarlos al archivo o verificar su prescripción.

Clave: Superti hizo una pausa para hablar de la mochila. “Si no se tiene una correcta comunicación de cómo se procede en cada causa, si no se le explica a las víctimas qué ha ocurrido con los juicios se puede crear una sensación de impunidad que no queremos, y mucho menos mientras nace el nuevo sistema penal”, indicó Superti.

Por eso subrayó que será clave la comisión de seguimiento. Y adelantó que senadores y diputados van a elegir sus representantes.

(En la Corte) se perdieron siete meses en el debate sobre la inconstitucionalidad de la reforma del Código Procesal Penal”,

Héctor Superti,

ministro de Justicia y Derechos Humanos.