Transmisión en vivo de allanamientos
Algunas señales de televisión abierta o de cable transmitieron en vivo los allanamientos a propiedades privadas, en busca de los delincuentes que asaltaron en forma incruenta un transporte de caudales en Tigre. “Cayó la banda del blindado”, fue la sentencia que -desde el generador de caracteres- ofrecía en pantalla el editor de turno, apresurado por mostrar la eficiencia policial en el caso.
Pero lo que la ingeniería oficial concibió como demostración de eficiencia, ante la demanda social por la inseguridad, terminó por ser un virtual abuso a la privacidad y el derecho de los allanados, que por mucho que pudieran tener conductas cuestionables, no estaban vinculados con el caso del blindado.
Si el monopolio de la comunicación no es bueno en manos de una corporación privada, menos aún lo es bajo la administración del poder de turno. Ese es es un rasgo de pretensiones hegemónicas; el poder está siempre tentado de ofrecer sólo su versión, y la distorsión es un hecho cuando no hay límites a esa tentación.
Sólo las señales televisivas allegadas al gobierno bonaerense tuvieron el acceso a lo que se ofrecía como primicia y terminó como fraude. Son las mismas señales que el gobierno nacional exhibe como garantía de que no habrá sólo contenidos oficiales en lo que pretende como el nuevo escenario de la comunicación en la Argentina.
No es éste un problema ideológico; la tentación hegemónica para construir el relato, atraviesa por igual a todo el que -por derecha o izquierda, público o privado- reniegue de la alteridad, de la diferencia. Sólo un sistema que garantice la pluralidad de voces y la libertad de acceso a la información, tiene el antídoto para minimizar los riesgos del abuso. Con gobiernos que manejen a discreción los soportes tecnológicos por los que se podrán transmitir imágenes, sonidos y datos, el riesgo de la tentación hegemónica crece. No se trata de descalificar al poder de turno, sino de advertir que el sistema público debe ser estatal y no del gobierno, y que debe garantizar la dialéctica entre el discurso del poder y el de sus opositores.
El Estado debe informar y hacer pedagogía; el gobierno tiene derecho a ofrecer su versión. Los medios privados pueden consentir el discurso oficial, pero también deben develar lo que el poder oculta, y deben poder hacerlo con llegada a todo el territorio. No es lo mismo promover la expresión regional, de etnias o de estamentos sociales, que compartimentar el espectro de la comunicación para fragmentar en favor del sometimiento.
El país necesita de la tensión natural entre el discurso oficial y el opositor, entre la versión del poder de turno y las alteridades del caso, entre lo público y lo privado. En la dialéctica está el movimiento; en el discurso condicionado anida en cambio el empobrecimiento de las libertades expresivas y el fracaso de toda gestión, salvo que ésta no se pretenda dentro de los preceptos de la República.
