Política nacional

El enemigo invisible

Sergio Serrichio

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Aunque sustancialmente diferente en su desarrollo y características, la primera década del siglo XXI termina en la Argentina en un clima de tensión y con episodios de violencia social que traen a la memoria, aunque en una versión muy atenuada, el estallido que hace nueve años terminó por sepultar el largo decenio de la convertibilidad, un período de 129 meses que se extendió de abril de 1991 a diciembre de 2001.

Aquella vez, lo que se sepultó definitivamente fue la falsa promesa de que el país podía ingresar a un mítico “primer mundo” con el simple expediente de igualar el peso al dólar, privatizar a como dé lugar y retirar al Estado no sólo de la actividades empresarias, sino incluso de sus funciones reguladoras y de su inexcusable rol de principal proveedor de bienes públicos como salud, educación y seguridad.

Entonces, el principal flagelo social era la desocupación, que en el pico de la crisis llegó a alcanzar a casi un cuarto de la población económicamente activa (PEA). Hoy, el desempleo para la mano de obra “calificada” es inferior al cinco por ciento y para el conjunto bordea el diez por ciento.

Pero aunque la amplia mayoría de los adultos tiene actividades, formales o informales, a partir de las cuales generar ingreso, ahora debe correr una carrera incesante contra la inflación. Carrera que, en el caso de los sectores más pobres y en especial de quienes trabajan en la informalidad, está perdida casi de antemano.

Seis años de negación

No es sólo cuestión de ritmo, sino de persistencia. El 2010 se puede considerar el sexto año consecutivo en que la inflación supera el diez por ciento y el cuarto en que lo hace largamente.

Cuando a fines de 2005, tras las elecciones legislativas en que el kirchnerismo se quitó el complejo electoral que arrastraba desde 2003 logrando más del 40 por ciento del voto a nivel nacional y registrando la emblemática victoria de Cristina Fernández sobre Hilda “Chiche” Duhalde en la provincia de Buenos Aires, el entonces presidente Néstor Kirchner decidió deshacerse de su última herencia duhaldista, el hasta entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, enrostrándole, entre otras cuestiones, su “fracaso” en la lucha anti-inflacionaria. Ese año, la inflación minorista fue del 12,4 por ciento, cifra que hoy trae añoranzas.

En 2006, es cierto, el entonces todavía creíble Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) volvió a registrar una inflación de un dígito (el índice minorista subió 9,8 por ciento), pero la suba en alimentos y bebidas y otros ítems de consumo masivo volvió a superar el diez por ciento y ya era notable la aceleración del ritmo de aumento de los precios. De hecho, ése fue el desencadenante de que en enero de 2007 el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, entrara con sus métodos brutales al Indec e iniciara la falsificación sistemática de las estadísticas oficiales. Antes que atacar la fiebre, el gobierno había decidido romper el termómetro.

Al ejercicio de falsear las estadísticas (que incluyó el lanzamiento de un “nuevo” índice de precios porteño-bonaerense, la discontinuidad informativa de los índices provinciales, la convocatoria a un conjunto de universidades y académicos, cuyas evaluaciones ignora y la patética invitación al FMI a colaborar en la elaboración de un nuevo índice de precios “nacional”) el gobierno añadió la gambeta de responsabilidades y, últimamente, referencias a un vaporoso “Pacto Social” que acote la puja de precios y salarios. La suerte de esta iniciativa está en duda. El propio secretario general de la CGT, Hugo Moyano, ya anticipó su rechazo a un “techo” salarial en torno del 18 al 20 por ciento que se maneja en las esferas oficiales.

Mitos sobre el flagelo

En cualquier caso, caben algunas acotaciones. Es falso que la inflación argentina sea una consecuencia inevitable del crecimiento a “tasas chinas”. En países vecinos y de características más o menos similares, como Brasil, Uruguay, Perú y Chile, la economía crece a tasas elevadas, con bajo desempleo y una inflación promedio cercana al cinco por ciento. Es falso también que se deba a la malicia o la angurria de los fantasmagóricos “formadores de precios”. El grado de concentración de la economía argentina no es superior al de economías vecinas ni al de hace algunos años (y si lo fuera, habría que demandarle explicaciones al gobierno), cuando la inflación era inferior al diez por ciento. Un gasto público y una expansión monetaria cercanas al 40 por ciento anual tienen mucho más que ver con lo que sucede en el frente inflacionario.

Pero cualquiera sea la explicación, lo que está fuera de duda es el efecto disolvente de la inflación. Juntando las dos décadas a las que nos referimos al inicio, un reciente estudio de la consultora Ecolatina lo precisa claramente: en los últimos veinte años el tamaño de la economía argentina se duplicó, pero la pobreza alcanza hoy a tres de cada diez argentinos, cuando hasta inicios de la década del setenta alcanzaba a sólo uno de cada veinte.

Más allá del penoso espectáculo de dos gobiernos -el Nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires- echándose mutuamente la culpa por las tomas de tierras y la guerra de pobres contra pobres y de la ausencia de Estado de una gestión política que se jacta de haberlo recuperado, la inflación no se puede seguir ignorando.

Aunque diferentes entre sí, el viva la pepa financiero y la “plata dulce” con que la dictadura aderezó la represión política y social, el estallido de la híper en los ochenta, el espejismo del uno-a-uno e inflación cero pero con híper-desempleo de los noventa y el retorno de la alta inflación en los últimos años tienen un aspecto en común: imposibilitan o le ponen límites férreos a cualquier aspiración seria de mejorar la situación socioeconómica.

Un gasto público y una expansión monetaria cercanas al 40 por ciento anual tienen mucho más que ver con lo que sucede en el frente inflacionario.

La pobreza alcanza hoy a tres de cada diez argentinos, cuando hasta comienzos de la década del setenta alcanzaba a sólo uno de cada veinte.