Industriales rechazan el proyecto de Promoción Industrial

“El gobierno no entiende el sistema productivo”

Para el presidente de Fisfe, Carlos Garrera, el gobierno de Binner es de teóricos. Dice que ni siquiera tuvieron en cuenta lo que ellos hicieron.

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“No nos mandaron ningún borrador del proyecto”, dijo el presidente de Fisfe, Carlos Garrera. Foto: Guillermo Di Salvatore

Gabriel Rossini

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—¿Cuál es la opinión de los industriales de Santa Fe sobre el proyecto de ley de Promoción Industrial que el gobierno provincial envió a la Legislatura?

—Al proyecto recién lo tuvimos en la mano cuando ingresó a la Legislatura. Sabíamos, por declaraciones del ministro de Gobierno, que la idea era generar un régimen de promoción no vía desgravaciones impositivas sino con otras medidas. Pero nunca pensamos que iba a circunscribirse solamente a las micropymes, pymes y a aquellos sectores que se asocian y que lo único que iba a ofrecer eran cursos de capacitación para los empresarios. Además, deroga la anterior. En la provincia tenemos un montón de empresas que están haciendo inversiones importantes a mediano y largo plazo que, como cualquiera, hacen proyecciones de acuerdo a las herramientas legales vigentes. Es más, días antes del anuncio de éste proyecto de ley estuvieron reunidos con funcionarios del gobierno y nunca le dijeron que iban a derogar la ley vigente con las exenciones impositivas incluidas.

—No se tiene en cuenta uno de los pilares de cualquier régimen de promoción industrial, en cualquier parte del mundo desde siempre son las desgravaciones impositivas.

—No sólo eso. También el apoyo a la inversión y a la mano de obra que se genera. Lo que no puede plantear Santa Fe es una ley de Promoción Industrial para atraer inversiones no diferenciándose del resto, no ofreciendo nada mejor que lo que puede obtener cualquier empresa en cualquier otra provincia del país. ¿Cuál es el sentido de que la gente venga a invertir a Santa Fe? El gobierno dice que es la infraestructura, la educación, la posibilidad de obtener acceso a determinadas materias primas. Pero eso también existe en cualquier otra provincia porque, justamente, eso es gobernar. Ahora, para atraer inversiones hay que hacer otra cosa. Todos los países hoy discuten cómo agregar valor a la producción local para poder generar mejores condiciones de vida, salarios más altos, y lo hacen diferenciándose de los otros países, ofreciéndoles ventajas a las empresas. Este proyecto lo único que propone es lo mismo que cualquier empresa del país consigue a través de la Sepyme y el ministerio de Industria.

—El sector industrial fue uno de los “apuntados” por la administración socialista. Una de las primeras medidas que tomaron fue un proyecto de ley que derogaba las exenciones de ingresos brutos, con el que insistió hasta el año pasado. ¿Por qué piensan que esto es así?

—Creo que hay un problema conceptual. Este gobierno no entiende el sistema productivo porque es un gobierno más de teóricos, que nunca tuvieron contacto con la producción. Ahora, mientras ellos no modificaron una coma de su pensamiento, el mundo ha demostrado que la mejor forma de recaudar es generando cada vez mayor valor. Y a eso todavía no lo entienden y seguramente esa falta de comprensión es porque se basan en la teoría y no han transitado el camino de la práctica.

—Llama la atención porque Bonfatti viene de una ciudad industrial como Las Parejas.

—Sí, lo que pasa es que hay que ver cuántas empresas manejó. Es más, si se estudiaron 50 cadenas de valor, estuvimos de acuerdo en el diagnóstico, en la problemática de la cadena, hubo un censo y después hacen una ley que dice que va promover determinadas cuestiones industriales no contempladas en los resultados de ese, es evidente que ni siquiera han interpretado lo que han hecho. Y eso nos preocupa porque estuvimos tres años discutiendo de estos temas y la conclusión es que tenemos que capacitar a los empresarios.

—¿Qué piensa hacer desde Fisfe?

—Tuvimos reuniones con el oficialismo en la Cámara de Diputados. Le planteamos este tema y el proyecto que crea la Corporación Financiera, que es uno de los ítem que teníamos como prioritarios porque el Banco Santafesino de Inversión y Desarrollo tenía fondos que no se podían usar que tenían que ir a la Corporación Financiera. Pero en vez de crear la Corporación se generó una ley donde se crea una comisión para hacer la Corporación y se da un plazo de dos años. No tiene sentido. Los legisladores nos propusieron armar una reunión con el Ejecutivo y le dijimos que desde hace tres que venimos hablando con el Ejecutivo. Estamos dispuestos a seguir haciéndolo. Pero es evidente que no nos entendemos porque si estuvimos tres años hablando de generar una Corporación Financiera y un régimen de Promoción Industrial y este es el resultado, la verdad es que eso no es diálogo, porque no sólo no tomaron en consideración nada de lo que dijimos, ni siquiera tomaron en consideración lo que ellos mismos elaboraron.


Críticas de la Bolsa rosarina

En un informe, la Bolsa de Comercio de Rosario también criticó en duros términos el proyecto de Promoción Industrial. Si se aplica “sólo el programa que piensa el gobierno provincial sería muy poco atractiva la promoción industrial en Santa Fe, especialmente para nuevos emprendimientos industriales de magnitud. Santa Fe perdería terreno respecto de San Luis, Córdoba, Entre Ríos o Buenos Aires, que mantienen las exenciones y reducciones de impuestos provinciales”, dice el informe firmado por el economista Julio Calzada.

La Bolsa rosarina propone dejar vigente el Régimen actual, efectuando algunos cambios para mejorar su operatoria; y al mismo tiempo igualar los beneficios tributarios ofrecidos a un nivel similar al de la provincia de Córdoba (exenciones directas a 10 años), impulsar en la Legislatura el nuevo programa propuesto por el Ejecutivo Provincial para que junto con la legislación actual conformen un sistema de promoción industrial en Santa Fe, en línea con el ofrecido por otras provincias argentinas y efectuar un análisis específico puntual de aquellas nuevas y posibles radicaciones de empresas industriales y no industriales, a fin de evaluar el otorgamiento de beneficios especiales y adicionales.