editorial
Los problemas de Evo Morales
En octubre de 2003, el entonces presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada resignaba su cargo ante una marea de protestas sociales. En el centro de esos reclamos, liderándolos, estaba el diputado y dirigente cocalero Evo Morales. Los reclamos, desde una perspectiva económica, se dirigían principalmente a la recuperación para el estado de los recursos naturales del país, básicamente el gas y el petróleo, que habían sido concesionados a empresas extranjeras por Sánchez de Lozada.
Con un discurso decididamente anticapitalista, Evo Morales ganó en 2005 las elecciones presidenciales en Bolivia y asumió en enero de 2006. Ese mismo año nacionalizó los hidrocarburos, obligando a todas las empresas privadas a entregar su producción de gas y crudo a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que desde ese momento decidió las formas de comercialización, transporte, almacenaje, exportación, precios y volúmenes.
El control de los precios internos del combustible enervó las inversiones productivas. En 2010 la producción de petróleo sólo alcanzó unos 4.500 barriles diarios mientras que el consumo requiere 35.000 por día. El faltante -a más de 90 dólares el barril -deberá importarse pagando unos mil millones de dólares en 2011.
Según declaraciones oficiales, producir petróleo en Bolivia cuesta entre 50 y 60 dólares el barril, incluida la producción de YPFB, pero el ente estatal debe entregarlo a las refinerías a 27 dólares, aunque de esa suma las empresas -estatales o privadas- solo reciben 10, porque el resto va a impuestos.
La diferencia entre costo y precio de venta al público es subvencionada por el Tesoro General de la Nación, que en 2010 erogó 500 millones de dólares con ese fin, contra los 180 que destinaba en 2006. Siempre según fuentes gubernamentales, a este ritmo la subvención llegaría a unos 4 mil millones de dólares en 2015.
Ante lo insostenible de la situación, el presidente Morales decidió en diciembre pasado un draconiano ajuste de 73% para el diésel y de 83% para la nafta. La medida provocó una reacción popular, circunscrita pero violenta, con barricadas, ataques a organizaciones afines al mandatario, agresiones contra policías, la quema de fotos del presidente -a quien se acusó de neoliberal- y pedidos de renuncia.
La magnitud de las protestas obligó al gobierno a dar marcha atrás, lo que tranquilizó temporalmente los ánimos. Pero el problema estructural -el fracaso de la estatización y la política de subsidios- sigue en pié. A esta situación, de por si compleja, se suma en un informe del Instituto Nacional de Estadísticas, de acuerdo con el cual la inflación de 2010 llegó a 7,8% (sólo en diciembre creció 1,7%), contra el 2,6 % registrado en 2009.
Un problema más para Morales, que en este mes de enero sufre, por primera vez desde que inició su mandato, una caída por debajo del 50% en la aprobación ciudadana. Según la consultora Ipsos, sólo un 29% aprueba su gestión, en tanto que el 71% la cuestiona.
