De domingo a domingo

Inseguridad, salarios e inflación versus confianza y previsibilidad

Ernesto Behrensen

DyN

Las virtudes de “confianza y previsibilidad” de la Argentina que pregonó la presidenta Cristina Fernández en Medio Oriente contrastan con la incapacidad oficial para resolver temas como la inseguridad y la inflación, que afectan directamente a la vigencia de esos valores. Mientras la Presidenta recorría Kuwait, Qatar y Turquía en busca de inversiones y se le daba una difusión inusitada a las actividades de su hija Florencia, en estas tierras se desataban dos polémicas cuyos orígenes tienen distintas causas, pero con resultados que pueden provocar más de un dolor de cabeza al gobierno en un año electoral.

La primera tiene que ver con la inseguridad. A los hechos que la sociedad, lamentablemente, ya está acostumbrada a soportar se sumaron delitos particularmente violentos: el asesinato de un padre delante de su hijo y el de un menor durante un robo de una camioneta. El argumento de la “sensación” de inseguridad, pergeñado por Aníbal Fernández, ya no merece ser discutido. Ni siquiera servirá como argumento para el psicólogo que deberá tratar al niño de once años que, como en una película de terror, vio, desde dentro de un placard, cómo asesinaban a su padre en su casa. El fiscal de La Plata Marcelo Romero fue claro al resumir la situación: “La estrategia acá es negar la realidad, como niegan la inflación y otros temas. No se sabe cómo enfrentar el problema y se niega. Se quiere quedar bien con Dios y con el Diablo, no se quiere perder votos”.

¿Cuál es la política para combatir la inseguridad? ¿Qué se hace para frenar el consumo y la producción de drogas? ¿Qué medidas se tomaron para agilizar la justicia? ¿Qué debate serio se impulsó desde las filas oficiales? Preguntas difíciles de responder para un gobierno que siempre se negó a hablar de seguridad y que sólo reaccionó por espasmo al crear el Ministerio a cargo de Nilda Garré. Pero en estos días no tuvo otro remedio que aludir al tema. Lejos de formular propuestas, sus principales ministros se enfrascaron en una discusión bizantina en torno a las responsabilidades de otros poderes y a la necesidad o inconveniencia de bajar la edad de imputabilidad de los menores. Los responsables de la cosa pública parecieron perder la brújula durante el debate: primero alegaron la suficiencia de las leyes actuales para combatir el delito. Luego pasaron la responsabilidad a los jueces. Finalmente cargaron contra la oposición por no haber presentado normas en el Congreso.

Situación similar fue la asumida en el caso de narcotráfico en el que están involucrados los hijos de un ex jefe de la Fuerza Aérea. Primero se minimizó el hecho y se negó que la droga, 944 kilos, haya sido cargada en Argentina: el ministro Florencio Randazzo había afirmado que la droga se había cargado en Cabo Verde. Luego, e indagado por la Justicia, un funcionario de la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac) apuntó por las eventuales responsabilidades a la Fuerza Aérea.

En la polémica de la inseguridad cayó también toda la oposición, incapaz de mirar algo más allá que el ombligo propio y mucho menos de formular alianzas para promover en el Congreso las leyes necesarias. Todos se pasan la responsabilidad y nadie la asume. La ola delictiva no es un fenómeno que afecte a un sector determinado de la sociedad. Hoy nadie está a salvo. Ni siquiera los funcionarios nacionales. Ni los miembros de la Corte Suprema de Justicia. El debate sobre la imputabilidad de los menores surge cada vez que algún hecho aberrante sale a la luz. Pero después se morigera y languidece. Mientras tanto, todos los días, se repiten asaltos, asesinatos, violaciones ante la impasibilidad oficial. El desafío de Nilda Garré es muy grande. Las primeras medidas que tomó y los enfrentamientos que generó dentro de la propia Policía Federal no dan señales tranquilizadoras.

La segunda polémica que recrudeció en los últimos días tiene que ver con los acuerdos salariales que se deberán firmar en los próximos meses. Todas las expectativas para los reclamos salariales, incluida la de los gremios afines al gobierno, superan a las previsiones inflacionarias oficiales. Hugo Moyano construyó un laberinto en el que se perdió al hablar sobre los porcentajes a reclamar. Primero dijo que los pedidos rondarán “desde el 20 y 20 y pico por ciento”. Luego intentó desdecirse. “Nunca hablé de un piso del 20 por ciento”, sostuvo después y, en sintonía con el discurso oficial, afirmó no estar en condiciones de poner “techo ni piso” a los reclamos. Los gremios opositores a la CGT ya salieron a hablar del 30 por ciento (CTA de Pablo Micheli) o del 35 (CGT Azul y Blanca de Luis Barrionuevo).

En el gobierno, el ministro Carlos Tomada hizo equilibrio dialéctico al afirmar que la práctica de que no haya piso o techo en la negociación “ha sido una constante en estos años” pero advirtió, al mismo tiempo, que reclamos del 30 ó 35 por ciento “no se sostiene en nada”. Desde la CGT intentaron aclarar el entuerto y, en ese marco, el taxista Omar Viviani reconoció que algunos gremios podrían reclamar entre el 30 y el 35 por ciento. Las propias empresas privadas prevén subas salariales en torno al 30 por ciento. En ningún caso, ni siquiera en el Estado, se toma el índice oficial de inflación como patrón para las negociaciones. Las opciones que se barajan incluyen fórmulas como la de los acuerdos a corto plazo o las “cláusulas gatillo” que permitan retomar negociaciones si la inflación se dispara. Un elemento que cada vez más tienen en cuenta los gremios es la incidencia que tiene el pago del Impuesto a las Ganancias en los salarios de los trabajadores. Es que el gobierno nacional se niega a actualizar las variables de ese gravamen y, de esa manera, cada vez más personas se ven alcanzadas y los aumentos obtenidos se ven mermados. A los gremios les cuesta aceptar cada vez más las propuestas empresarias que, como en años anteriores, incluían subas en forma escalonada, en cuotas, que no lograron igualar al alza de precios. Y como el que se quema con leche cuando ve a la vaca y llora, los gremios buscan cubrirse ante lo que pueda ocurrir en un año electoral con la inflación, habida cuenta de la inacción oficial (que ni siquiera reconoce la existencia del problema) a la hora de aplicar medidas para frenarla.

La presidenta Cristina Fernández volvió de su viaje por Medio Oriente, donde pregonó las virtudes de “confianza y previsibilidad” de la Argentina. Ya en tierra nacional, deberá resolver temas como la inseguridad y la inflación, que afectan la vigencia de esos valores. Foto: EFE