Camino al juicio oral
Acusación fiscal para los detenidos por el homicidio de Silvia Suppo
La Dra. Cristina Fortunato presentó el lunes un escrito mediante el cual acusó a Rodolfo Cóceres y Rodrigo Sosa por el delito de “homicidio finalmente conexo con robo”. La pena prevista es de prisión perpetua.
Los dos jóvenes fueron capturados en el barrio San Agustín de Santa Fe, pocas horas después de cometido el hecho. Ambos confesaron ser los culpables.
Foto: Agencia Rafaela
Agencia Rafaela
Más allá del conflicto de competencias planteado por la investigación del crimen de Silvia Suppo, la Justicia ordinaria sigue con la instrucción del proceso penal, mientras se aguarda la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ante el planteo de la querella para someter la investigación al fuero Federal.
En las últimas horas, se conoció que el juez de Instrucción Segunda, Alejandro Mognaschi, corrió traslado a la representante del Ministerio Público en la causa para que efectúe el requerimiento de elevación a juicio contra los confesos autores del crimen.
En virtud de ello, la Fiscal Nº 1 de los Tribunales de Rafaela, Cristina Fortunato, presentó este lunes el pedido de acusación contra Rodolfo Cóceres y Rodrigo Sosa, a los que se consideran “únicos autores del homicidio”.
“El lunes hice el pedido de acusación que es la requisitoria de elevación a juicio”, indicó Fortunato a El Litoral. El escrito, que consta de 18 fojas, se apoya en las pruebas reunidas a lo largo del proceso y la calificación legal seleccionada es la de “homicidio finalmente conexo con robo” -art 80 inciso 7 del Código Penal-, un delito que tiene como pena única la prisión perpetua.
El juez Mognaschi le corrió traslado a la querella, encabezada por los abogados Lucila Puyol, Guillermo Munné y un represente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que entre otras opciones, pueden hacer una acusación diferente o avalar la de la fiscalía.
En la Corte Suprema
Cabe recordar que Silvia Suppo, ex detenida política y testigo en los juicios vinculados a delitos de lesa humanidad, fue asesinada de varias puñaladas en la mañana del 29 de marzo pasado cuando atendía el negocio de su propiedad, a pocas cuadras del microcentro rafaelino.
La rápida detención de los dos jóvenes, quienes se hicieron cargo del homicidio desde el primer momento, hizo presumir que el caso reunía todas las características de “homicidio en ocasión de robo”, pero la participación de la víctima como testigo en juicios contra ex represores tiñó el caso de sospechas.
Posteriormente, los cuestionamientos a la investigación y la aparición de un testigo de identidad protegida, que involucró en el crimen a personas ligados a la última dictadura, hicieron que la parte querellante -hijos de la víctima y la Secretaría de Derechos Humanos dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación- plantee la competencia de la Justicia Federal en el caso.
El tribunal de alzada en el que recayó el pedido, en votación dividida, hizo lugar a lo solicitado por la querella, pero el propio fuero federal rechazó entender en el causa, por juzgar improcedente los motivos esgrimidos en el pedido. El Incidente de Competencia terminó en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Ahora, el Máximo Tribunal de Justicia debe definir si la causa sigue en la justicia ordinaria provincial o si deberá investigarse todo de nuevo en el ámbito federal.
