Revelaciones de WikiLeaks

Más cables de EE.UU. contra la corrupción del gobierno argentino

El diario español El País alude a un centenar de reportes diplomáticos remitidos a Washington, alertando sobre la falta de voluntad política de la administración Kirchner. El ex embajador Wayne le habría apuntado directo a Julio De Vido.

De la redacción de El Litoral

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DyN

La embajada de Estados Unidos habría expresado su preocupación por la supuesta “corrupción” y “falta de transparencia” en la Argentina, según se revela en más de 100 cables diplomáticos que se filtraron a través del sitio WikiLeaks.

“La corrupción es generalizada en la judicatura y la policía y alcanza a la política”, según denuncia un informe enviado a Alberto Gonzales, entonces fiscal general norteamericano, poco antes de su viaje a Buenos Aires.

Así lo difundió en su portal el diario español El País, que sostuvo que la embajada de Estados Unidos emitió más de 100 despachos oficiales para alertar sobre la falta de voluntad política para combatir la corrupción.

Según los cables, la Oficina Anticorrupción sólo se centró en investigar casos ocurridos durante los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa. “Pero apenas se ha ocupado de las acusaciones contra la Administración Kirchner”, indicarían los funcionarios norteamericanos en los despachos de la embajada de EE.UU. en Buenos Aires al Departamento de Estado.

En los cables diplomáticos que difundió El País, además, se destacan la renuncia del fiscal anticorrupción Manuel Garrido, en marzo de 2009, y las denuncias del ex ombudsman Eduardo Mondino, a funcionarios del propio gobierno.

Garrido había denunciado al secretario de Medios, Enrique Albistur, y en 2007 había pedido ampliar una investigación contra el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, por las presuntas irregularidades en la medición del Indec, entre otras cuestiones.

Queja germana

Uno de los cables involucra al ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, por un caso de cohecho. Señala que el consejero delegado de una empresa alemana en la Argentina, se quejó ante el propio ministro de que uno de sus colaboradores en la cartera le solicitó dinero.

“De Vido no tuvo interés en conocer el nombre del funcionario que ofendió, en cambio le recomendó que grabara y filmara la próxima solicitud de soborno”, señala el informe diplomático, firmado por el ex embajador norteamericano en la Argentina, Earl Wayne.

Otro informe señala la “supuesta comisión del 15%” que debía pagar el sector privado para concretar negocios con el gobierno venezolano, otro tema que tampoco es novedad a nivel de rumores en nuestro país.

En un despacho remitido al ex fiscal general estadounidense Alberto. R. Gonzales, previo a un viaje a Buenos Aires, se mencionaba también que la “corrupción es generalizada en la judicatura y la policía y alcanza a la política”, sin que exista una “auténtica voluntad” del gobierno por combatirla.

Un recaudador “K” fue procesado por malversar

Héctor Adrián Capaccioli, ex superintendente de Servicios de Salud (SSS) y ex recaudador de la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, fue procesado por “malversación de caudales públicos y abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos” en la causa de la “mafia de los medicamentos”.

La medida fue dispuesta por el juez federal Norberto Oyarbide, quien responsabilizó a Capaccioli de haber otorgado unos 48 millones de pesos a 52 obras sociales para ser destinados a programas de prevención de las enfermedades, pero sin explicar el criterio utilizado para seleccionar a esos entes de salud.

También le achacó haber gastado dinero de la “caja chica” de la Superintendencia de manera superflua, como un strapless, una lupa por 500 pesos y mates por 1.300 pesos que -según Capaccioli- eran regalos de cortesía protocolares.

Para la “malversación”, el Código Penal contempla penas que van hasta los tres años de cárcel, aunque en una variante de esa figura podría llegar hasta los 10 años: es en el caso de que se comprobara que “sustrajo” fondos que tenía a su cargo para “administración, percepción o custodia”. En cuanto al otro cargo que se le imputa -abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos- la ley contempla una condena de un mes a dos años.

El magistrado impuso un embargo de 500 mil pesos y también dispuso el procesamiento de otros tres ex funcionarios: Fernando José Scopinaro y Osvaldo Oscar Cochlar -subgerente y gerente de Gestión Estratégica de la SSS, respectivamente- y Horacio Agustín Ballesteros, ex gerente de Asuntos Jurídicos de ese organismo.

A Scopinaro también se le imputó haber viajado a España y a Grecia con su familia en travesías pagadas por un laboratorio a cambio de incluir medicamentos de esa empresa en el Plan Médico Obligatorio (PMO), y haberse desempeñado en la SSS mientras cobraba haberes como funcionario la ex Secretaría de Salud de la ciudad de Buenos Aires.

Muchos de los fondos que engrosaron la campaña de Cristina vinieron del rubro farmacéutico. Uno de los detenidos más importantes por la “mafia de los medicamentos”, el empresario Néstor Lorenzo, figura como uno de los aportantes.

 

Los otros

Según los cables confidenciales confiados por WikiLeaks a El País de España, los Kirchner investigan a otros gobiernos, “pero no las denuncias” en contra de su propia administración o de sus funcionarios. Además señalan que la polémica ley de blanqueo de capitales sancionada en 2009, despertó “sospechas” de lavado de dinero. También refieren que se “ofrecen puestos políticos a jueces para beneficiarse de la Justicia”.