Al gobierno provincial
Reclaman tratamiento médico
De la Redacción de El Litoral
María Eugenia Duarte tenía nueve años cuando la atropelló un auto. Los médicos debieron realizarle una amputación en la pierna derecha, por encima de la rodilla, por las consecuencias de ese accidente. Desde ese momento, tuvo que acostumbrarse a utilizar una prótesis ortopédica de por vida para poder caminar.
Sus médicos le recomendaron las prótesis con tecnología alemana (Otto Bock) para prevenir el deterioro general de su salud. Hace seis años, Duarte -que ahora tiene 48 años- no pudo afrontar el costo del reemplazo de esa prótesis (que costaba $ 26.000) y solicitó la asistencia de su obra social (Pami) y también del gobierno provincial, pero no consiguió los fondos.
Sin otra alternativa, la paciente utilizó una pierna ortopédica que no se adaptaba a su discapacidad. Esta situación le generó graves problemas de salud. Sufrió un desgaste irregular de la cadera y de la columna vertebral. Además tiene lesiones ulcerosas en el tejido de contacto con la prótesis. “Son todos problemas que me producen mucho dolor y los médicos me advierten que ponen en riesgo mi posibilidad de seguir caminando”, contó Duarte a El Litoral.
Ahora, necesita terapias de recuperación -y posterior rehabilitación- complejas y de alta tecnología. Los profesionales que atendieron a Duarte le recomendaron realizar este tratamiento en una clínica de España. En febrero de 2010, el costo de estas prestaciones médicas -definidas por los médicos españoles- ascendía a 230.000 dólares. Como su obra social (Pami) no accedió a cubrir estas prestaciones, Duarte presentó en la Justicia una acción jurisdiccional de amparo contra la provincia de Santa Fe para que se haga cargo del tratamiento.
El caso es relevante. En primer lugar, por la delicada salud de la paciente y además porque se analiza hasta donde llega la responsabilidad del Estado al garantizar el derecho a la salud.
La sentencia del Juzgado Civil y Comercial de la Segunda Nominación (con fecha 17 de mayo del 2007) hizo lugar a la acción de amparo y dictaminó que el gobierno santafesino debía brindar “la cobertura de salud reclamada” por Duarte. Pero requirió que los médicos justifiquen con mayor detalle el presupuesto de las terapias e intervenciones, y se argumentó que el Estado provincial, una vez cubierta la necesidad de asistencia médica, tiene la posibilidad de accionar contra la obra social para que reconozca el costo de la atención médica. El fallo no fue apelado y tiene sentencia firme.
En diálogo con El Litoral, el fiscal de Estado de la provincia de Santa Fe, Jorge Barraguirre, planteó que para el sistema de salud público de la provincia es muy complicado asumir el costo de un tratamiento en el exterior, que además no fue prescripto por los médicos de la provincia.
Lo que el gobierno le va a ofrecer a Duarte es incorporarla a la planta de personal del Estado (a partir del cupo del 4% que deben ocupar las personas con capacidades diferentes en la administración provincial). “Si ella acepta, también le corresponde la asistencia de la obra social de la provincia (Iapos) y se le pueden dar las prestaciones que necesita una paciente de sus características. Además, los médicos del sistema de salud provincial pueden analizar su caso para definir el tratamiento más adecuado”, concluyó Barraguirre.
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