Diputados lo pasó al Senado

Media sanción para el proyecto que persigue el lavado de dinero

La norma busca coordinar acciones bajo parámetros internacionales y fue reclamada a nuestro país por el Gafi. Define a la actividad como delito y ordena las competencias de la Unidad de Información Financiera.

a.jpg

“Es una herramienta para ser más eficientes en el combate de un delito que todos reconocen como complejo y transnacional”, sostuvo Agustín Rossi.

Foto: DyN

De la redacción de El Litoral

[email protected]

DyN/Parlamentario

La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto de modificación de la ley contra el lavado de dinero para ajustarla a los estándares del Gafi (Grupo de Acción Financiera Internacional), pedida por el gobierno nacional para evitar eventuales sanciones para la Argentina.

El proyecto, que modifica el régimen penal en materia del lavado de activos, fue aprobado por 181 votos positivos, ninguno en contra y siete abstenciones, para lo cual el oficialismo tuvo que conceder una serie de cambios a la oposición en la discusión en particular.

Al cierre del debate, el clima amenazó caldearse luego de que el cívico Horacio Piemonte y el radical Ricardo Gil Lavedra (“la paradoja es que el énfasis puesto para sancionar esta ley no es el mismo que puso el oficialismo para combatir la corrupción”) la emprendieran con una serie de críticas al gobierno nacional en materia de la lucha contra el lavado de dinero.

Ambas intervenciones obligaron al jefe del bloque K, Agustín Rossi, a salir al cruce, aunque sin abundar en la réplica para no empañar la sanción y poner el peligro la votación, pero respondió: “Somos un gobierno honesto, somos un gobierno que practica la honestidad” y apuntó que de ninguna manera se puede aceptar que “se nos enlode con una acusación sin pruebas”.

Compromiso

Al comienzo del debate, el secretario de la Comisión de Legislación Penal, el oficialista Oscar Albrieu, defendió el proyecto y dijo que busca cumplir con “los compromisos internacionales que nuestro país ha asumido”.

“Este tipo de actividad pone en peligro todo el orden económico y financiero de un país, porque produce graves riesgos a la estabilidad”, afirmó el legislador y recordó que “el monto anual de lavado asciende en el mundo a más de un billón y medio de dólares, o sea 1.500.000 de millones de dólares”. El presidente de la Comisión de Finanzas, el cívico Alfonso Prat Gay, dijo que el proyecto consensuado busca “mejorar la tipificación y mejorar la herramienta legal para combatir el lavado de dinero”, pero aclaró que “la aceleración de los últimos tiempos tuvo más que ver con las eventuales sanciones del Gafi” y recordó que en 2008 el Parlamento “autorizó un blanqueo de capitales muy generoso del extranjero”.

Causa común

El radical Juan Tunessi destacó el esfuerzo hecho para “lograr un dictamen común” entre oficialismo y oposición, y remarcó que el acuerdo permitió plasmar aspiraciones opositoras como fijar en 300 mil pesos el piso de las operaciones a investigar, con lo cual -explicó- la lucha se concentra “contra los grandes lavadores, contra las organizaciones mafiosas”.

La diputada del inter-bloque Proyecto Sur, Liliana Parada, expresó el rechazo de su bancada a la iniciativa, adelantó que se iban a abstener y calificó la sanción como una muestra de “colonialismo legislativo”, al indicar que el Gafi representa intereses de las economías desarrolladas.

El macrista Federico Pinedo le contestó los argumentos acerca de que aprobar la ley sería “someternos a una suerte de dictados del imperialismo o colonialismo legislativo” y opinó que “en lugar de hacer eso, estamos tratando de atacar el crimen más grande de todos los que hay, porque consiste en blanquear el dinero que producen todos los demás crímenes juntos”.

“Es un delito internacional. El dinero pasa de país a país. No quiere decir someterse al imperialismo, sino tener un mínimo de sentido común. Es imposible atacar un delito internacional si no hay acuerdo con otros países”, remarcó Pinedo, al respaldar el dictamen consensuado durante la sesión de anoche.

Delito autónomo

La norma aprobada contempla entre otras cuestiones que el lavado sea castigado directamente con penas de prisión, sin la necesidad de que exista un delito precedente, eliminando de esta manera la restricción que existe en la legislación actual para el juzgamiento y condena del delito de autolavado. Asimismo amplía las atribuciones de la Unidad de Información Financiera (UIF), promoviendo su intervención en los casos donde aparezca, como delito precedente, la extorsión y los actos reprimidos por la Ley Penal Tributaria.

 

Competencias

El proyecto establece que la UIF tenga en sus manos el análisis, el tratamiento y la transmisión de información a efectos de prevenir e impedir delitos provenientes del narcotráfico y comercialización de estupefacientes, del contrabando de armas, del fraude de la Administración Pública, de la prostitución de menores y pornografía infantil.