Ministerio Público Fiscal

Solicitan medidas para saber si hubo fraude contra la EPE

“La causa no tiene imputados hasta el momento”, indicó el juez de Instrucción Jorge Pegassano, a través de la Oficina de Prensa de Corte.

Juliano Salierno

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La fiscal Nº 5, Elena Monras de Perticará solicitó una batería de medidas al juez de Instrucción Primera, Jorge Pegassano, para determinar la responsabilidad penal del personal de la Empresa Provincial de la Energía y terceros implicados, en el secuestro de materiales pertenecientes a la EPE que fueron hallados el mes pasado en un loteo privado de la costa. Además, se investiga la instalación de postes de hormigón armado en un loteo del barrio Santa Rosa de Nelson.

El caso, que comenzó con una denuncia anónima por el delito de “hurto” derivó en una causa por presuntas “defraudaciones reiteradas”, que generó a su vez la apertura de un sumario interno.

En el allanamiento realizado el 3 de mayo, en un predio ubicado en calle Los Eucaliptos, unos 800 metros al oeste de la Ruta Nº 1, en jurisdicción de Colastiné, se secuestraron 16 postes de eucaliptus, 20 postes de cemento y 1.100 metros de cable, todo propiedad de la empresa estatal.

A raíz de ello la fiscal Perticará le solicitó al juez Pegassano que requiera informes a la EPE y al Registro Público de Comercio; y la testimonial del personal policial de la subcomisaría 4º y los técnicos de la EPE que intervinieron, para que realice reconocimientos.

“Préstamos” de la EPE

Por otra parte, la fiscal consideró oportuno citar para tomarle declaración informativa, al encargado de Mantenimiento y Distribución de la EPE y al titular del inmueble al que estaban destinados los insumos. Tal como se informó anteriormente, el primer de ellos habría hecho un descargo en el que consta que los insumos fueron entregados en calidad de préstamo. Por contrapartida, trascendió que quien figura como beneficiario falleció en diciembre del año pasado.

Entre las medidas más importantes, que permitirán rearmar el cuadro de situación de lo ocurrido entre el 4 de noviembre de 2010 -fecha en que se registra la primera operatoria- y el 3 de mayo -día del allanamiento-, se solicitó a la EPE que realice un detalle de su desempeño.

Cuál es el procedimiento para autorizar el tendido de redes; cómo se retiran los materiales de los depósitos; y si la EPE los otorga en calidad de “préstamo”, fueron algunas de las inquietudes planteadas.

Según se pudo establecer, los materiales en cuestión habrían sido retirados del almacén ubicado en barrio Villa María Selva en tres oportunidades, entre el 21 de enero y el 29 de marzo.

Versión oficial

La causa judicial, motorizada por el Departamento de Asuntos Jurídicos de de la EPE, se inició por “hurto” en el Juzgado Correccional Nº 6, de José Luis Giavedoni. Con el resultado del allanamiento pasó al Juzgado de Instrucción Primera, de Jorge Pegassano, donde se investiga las presuntas “defraudaciones reiteradas”.

Dado el interés público del tema -los bienes que están en juego pertenecen a una empresa estatal-, el juez Pegassano informó que “la causa no tiene imputados hasta el momento”.

El comunicado, extendido a través de la Oficina de Prensa de la Corte, afirma que “se están diligenciando las medidas solicitadas por la fiscal Nº 5, Elena Monras de Perticará” y que “se remitieron oficios a la EPE”, y hasta la semana pasada no habían sido contestados”. Por último, se informó que “la investigación es por presuntas defraudaciones reiteradas”.

Un loteo en Nelson

Entre las medidas procesales solicitadas por el Ministerio Público Fiscal, se requerirá a la EPE que indique si efectivamente autorizó la instalación de columnas de hormigón armado, entre otros materiales, para el montaje de una subestación destinada a un loteo de 35 viviendas, en el barrio Santa Rosa de la localidad de Nelson.

Entretanto la Comuna de Nelson tendrá que informar si sabe de la existencia de un emprendimiento inmobiliario de tales características; y se podría ordenar un informe ambiental a la policía para recabar datos entre los vecinos. Por último, los directivos de la empresa concesionaria también podrían ser citados para brindar información.

25.000

PESOS

es la cifra en la que estaría valuado el material secuestrado, según indicó en su momento el gerente de Relaciones Institucionales de la EPE, Raúl Stival.