Llegas cartas

Tener cáncer y ser de Iapos

Susana Squeff

DNI 10338119 Santa Fe

Señores directores: soy jubilada provincial luego de 41 años de trabajo en la docencia y en la administración provincial con sus respectivos aportes a la Caja de Jubilaciones y al Iapos.

Hace unos meses me diagnosticaron un cáncer de pulmón, por una parte, y como proceso independiente, un posible cáncer de ovarios. Tal diagnóstico, luego de estudios que, en gran parte efectué en la ciudad de Buenos Aires a mi costa, fue realizado por uno de los más prestigiosos oncólogos del país y por un excelente profesional que se desempeña en la ciudad de Santa Fe. Entre ambos acordaron un tratamiento de quimioterapia inicial porque no es posible la cirugía, el que Iapos rechazó sin fundamento alguno, sólo porque los auditores opinaban distinto. Esa primera fórmula, que adquirí de manera particular, en la segunda aplicación me produjo una fuerte reacción alérgica y una de las drogas fue reemplazada por otra. Esta vez el Iapos la autorizó. Una vez concluidos los tres ciclos de aplicaciones, realicé los estudios de control y el cáncer de pulmón había progresado (crecido), no así el de ovarios que ha remitido, aparentemente. Entonces realicé radioterapia y una dosis semanal de una de las drogas y un nuevo control: ahora sí, producto de la radioterapia, el cáncer de pulmón ha retrocedido en alrededor de un 40%. De común acuerdo los oncólogos, y ante la imposibilidad de continuar aplicando rayos, prescriben una nueva fórmula: el Iapos nuevamente la observa y sostiene que con una de las dos drogas prescriptas es suficiente. Que, en caso de volver a progresar el cáncer de pulmón y con nuevos estudios “se evaluará” la conveniencia de autorizar la droga que hoy rechazan.

Yo me pregunto: ¿cuál es la autoridad científica de los auditores de Iapos para rechazar lo que los profesionales que me atienden consideran lo más oportuno? Legalmente, ¿qué derechos les asiste para, según su propio juicio que nunca fundamentan, negarme el acceso a la medicación prescripta cuando, por lo que conozco, no existe la posibilidad legal de aplicar un vademecum a los tratamientos oncológicos en el país? Parecería que el criterio aplicado, en ambas circunstancias, es exclusivamente economicista en el peor de los sentidos porque, como queda claro, si el cáncer volviera a progresar (crecer) estarían analizando otorgarme la autorización de la droga que ahora me niegan. ¿No es acaso inmoral gastar ahora en una sola droga y luego tener que pagar la que se rechaza? Por otra parte, ¿hasta dónde aguanta el cuerpo humano los efectos de la quimioterapia, para, alegremente, como dice el párrafo de la “observación” bajada de Internet, si progresa se podría autorizar lo que se niega?

Lo más grave es que, conversando con personas afectadas por la misma enfermedad o familiares de quienes la han padecido, mi caso no es, precisamente, una excepción.

Finalmente, quiero aclarar que aporto mensualmente alrededor de $600 más el coseguro a la obra social provincial, la cual he utilizado en contadísimas ocasiones a lo largo de mi vida.

Señores directores, les agradezco su consideración y la publicación de la presente.