En los ‘90 costó 50 mil dólares

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El presidente del directorio de la EPE, Daniel Cantalejo, explica el sentido de la obra de la que se terminó la primera etapa. Foto: Mauricio Garín

Corrían los ‘90, la Federación Argentina de los Trabajadores de Luz y Fuerza (Fatlyf) acompañaba en el país las privatizaciones (a nivel local, el gremio resistía la venta de la EPE), y el Estado Nacional malvendía bienes de Agua y Energía.

A la licitación por Calchines se presentó un solo oferente: la Fatlyf, asociada con una empresa privada, Iate (de Sergio Taselli, luego conocido por los santafesinos por su frustrado deseo de quedarse con las acciones de Aguas Provinciales SA, antes de su estatización).

Gremio y empresa crearon CTL, la empresa Centrales Térmicas del Litoral, que tenía la vieja Usina de Calchines, y un equipo más nuevo, en Santa Fe Oeste.

Con CTL y otros casos similares surgió en la Argentina un nuevo sujeto social: el gremio-patrón, que tendría como empleados a sus propios afiliados. Los años llevaron ese esquema a la tercerización de servicios.

La compra de la empresa diseccionada de AyE (que incluía el pago de los sueldos de 70 empleados y un contrato de provisión de energía “en frío” con la EPE) fue un negocio que el gobierno de Carlos Menem ofreció sin base. Y que la Fatlyf adquirió, en una licitación pública convocada por Roberto Dromi, por un valor simbólico: 50.000 pesos-dólares de la convertibilidad. (Por aquellos años, un Fiat 147 0km costaba 5.000).

Juan Carlos Borio, funcionario del primer gobierno de Carlos Reutemann debió explicar por qué la EPE no tenía interés en esas instalaciones. Muy pronto quedó claro que el plan no era comprar infraestructura eléctrica, sino vender la Empresa Provincial de la Energía.

Cable OF

CTL pudo sobrevivir pese a lo arcaico de su parque de generación, en los años en que surgían por todas partes generadores de gas muy eficientes, en parte porque obtuvo un contrato de provisión eventual de energía (“en frío”, según la denominación técnica) que la EPE se vio obligada a firmar en medio de un episodio confuso.

Fue luego de la salida de Juan Carlos Borio de la EPE y a muy poco de la llegada de Antonio Caro como interventor, también durante la primera gestión de Reutemann.

Los santafesinos que vivieron la crisis eléctrica del Cable OF, que dejó sin energía a media ciudad a fines de 1994, no la olvidarán. CTL era actor principal de aquel drama, con pasos de comedia, que duró un mes y se solucionó unos días antes de Navidad.

Qué curioso: ocurrió algo similar en Santiago del Estero y también en Corrientes, con idénticos actores empresariales y gremiales. Aquí y allá pasaba lo mismo: no se lograba dar con la pérdida de aceite de un conductor subterráneo, un asunto que en la capital santafesina dejó un juicio (que la EPE perdió) con el propietario de un edificio en calle Suipacha.

Sin Internet ni medios nacionales que tomaran la noticia, santafesinos, santiagueños y correntinos creían ser los únicos que vivían (a mitad de los ‘90) esa situación idéntica.

En la Provincia

Para 2004, la EPE no sólo no iba a ser privatizada, sino que además -desde la salida de la convertibilidad- esa palabra había sido desterrada del diccionario político de los dirigentes santafesinos.

El julio de 2004, la EPE aceptó la transferencia de los bienes y de los agentes de Centrales Térmicas del Litoral. El inmueble llegó a la provincia sin pagar un peso, durante el segundo gobierno de Jorge Obeid, cuando su primo Luis El Halli Obeid, aceptó la transferencia de la vieja usina de Calchines (ya vaciada).

La EPE absorbió a CTL, sus bienes, y sus 48 empleados, que ya no tenían qué hacer y reforzaron áreas de la empresa. Tres años después de aquella operación, cuando terminaba la gestión obeidista, el ex titular de la EPE lamentaba la falta de fondos para “poder llevar a cabo un proyecto que defiendo fuertemente, convertir la Vieja Usina en el centro operativo de la EPE”.

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Viejas cajas, libros, calderas y materiales se fueron arrinconando en uno de los galpones de Calchines. Foto: Mauricio Garín

Con o sin IVA

Los cálculos sobre el tiempo de amortización de la obra de Calchines aquí fueron calculados sin contar el IVA, porque la EPE actúa como agente de retención: no es un consumidor. El Impuesto al Valor Agregado (IVA) no termina por afectar sus cuentas.

Sin embargo, es la población (que no está eximida del IVA) la que termina por soportar todos los costos de la Empresa Provincial de la Energía. Si se piensa que la compañía tiene dos fuentes de ingresos, las facturas y el Estado, se verá que para mantener ambos siempre hay -como último orejón del tarro- un consumidor final que sí paga IVA.

Si en los cálculos sobre el valor del alquiler de Urquiza y Tucumán se cuenta el IVA, no son 16 los años para amortizar la inversión, sino 13 y medio. Y en rigor, si la EPE -en tanto empresa pública- es de todos, el cálculo no es antojadizo.