Contra la trata de personas
Aplausos y críticas al decreto contra los avisos sobre sexo
La medida presidencial obtuvo apoyos casi irrestrictos, aunque algunos le niegan efectividad y la mayoría reclama la intervención del Congreso. Entre el “derecho al trabajo” de las meretrices y la explotación de género.
De la redacción de El Litoral
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Legisladores nacionales y representantes de ONG’s sociales consideraron una medida positiva el decreto presidencial que prohíbe la publicación de avisos que promueven la oferta sexual en los medios de comunicación, aunque afirmaron que la resolución debe ser acompañada por una ley que enfrente la trata de personas.
Por su parte, la ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carmen Argibay, opinó que “éste es el momento de dar el empujón más grande al respeto del derecho de las mujeres” y llamó a “revertir el mito de las necesidades masculinas que parecen ser irrefrenables porque se les ha puesto la característica de instinto”.
“Es otra manifestación del desprecio hacia las mujeres, y es por eso que los hombres se creen con derecho a utilizarlas, explotarlas, a comprarlas, a venderlas y más”, sostuvo la jurista durante una disertación difundida por el Colegio de Escribanos.
Por políticas integrales
El Decreto 936/11 firmado por la presidenta Cristina Fernández fue publicado ayer en el Boletín Oficial y abarca a todos aquellos avisos cuyo texto tengan como último fin “la realización de alguna de las actividades” vinculadas al comercio sexual.
La medida fue destacada por políticos de la oposición, quienes también reclamaron acompañar la decisión presidencial con la generación de “políticas integrales” contra el delito. Por su parte, la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar) explicó que “el gobierno no debe dejarse llevar por supuestas soluciones mágicas”, porque “prohibir la publicación de anuncios es una medida que sólo logra criminalizar” la actividad, expresó.
Puntapié inicial
El decreto presidencial “es una medida más que puede servir como puntapié inicial para enfrentar a uno de los delitos organizados que más dinero genera en el país y que esclaviza y somete a miles de personas, sobre todo mujeres”, opinó la diputada nacional Victoria Donda, del bloque Libres del Sur.
La legisladora, en tanto, aseveró que la trata de personas “sólo se puede cometer con la complicidad de una parte del Estado”, y recordó que en el Congreso fueron presentados en los últimos años varios proyectos de ley que nunca se trataron.
Por su parte, la diputada nacional por el radicalismo María Luisa Storani señaló que la eliminación del conocido como “rubro 59” es “una buena iniciativa”, aunque lamentó que “se limita sólo a los medios gráficos” y no alcance a Internet.
Al respecto, el diputado nacional denarvarista Gustavo Ferrari consideró que el decreto presidencial “atiende parcialmente la problemática y, lamentablemente, dilata el tratamiento de una ley” que, según dijo, el oficialismo no incorpora en el temario para ser debatida en el recinto.
En tanto, el presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, indicó que la medida oficial “constituye una nueva afrenta al Congreso por parte del Poder Ejecutivo y una nueva maniobra destinada a intentar apropiarse apresuradamente de eventuales beneficios políticos en tiempos electorales”.
La presidenta y su elenco gubernamental celebraron ayer el anuncio de la prohibición de clasificados sexuales. Pero hay varios proyectos de ley que nunca fueron tratados.
Foto: EFE
La hermana Martha Pelloni -coordinadora de la red Infancia Robada- expresó su conformidad con la medida presidencial, en cuanto elimina la contradicción entre el combate periodístico a la trata de personas y la publicación de avisos publicitando la prostitución, pero recordó que había estado en el Congreso junto a la diputada Fernanda Gil Lozano (Coalición Cívica), para reclamar por la falta de tratamiento de los proyectos de ley.
Por otra parte, si bien manifestó su aprecio por las militantes de organizaciones de meretrices y su derecho a la protección social, disintió con ellas en el argumento referido a su “libertad de trabajo”. “Yo no considero jamás que lo que hacen las mujeres cuando ofrecen su cuerpo como un servicio a cambio de pago sea un trabajo. Es explotación, es violencia de género”, sostuvo.
“Dicen que lo hacen porque tienen que dar de comer a sus hijos. Pero no podés rebajarte a explotarte por eso. Lo que hay que buscar es la forma de pelear para que quien tiene que darte un trabajo honesto, que es el Estado y los gobiernos de turno, te lo den. O ver la forma de luchar socialmente para que esto ocurra.
Que una mujer tenga que vender su cuerpo para dar de comer a sus hijos es denigrante. Es violencia de género. Si uno aplicara lo mismo con respecto al hombre, se daría cuenta de que jamás podría aceptarse”, sostuvo la religiosa por radio Mitre, en diálogo con el periodista Ernesto Tennenbaum.
Por otra parte, consideró que “se está destapando la olla de lo que hay detrás del manejo del gran dinero. Están la droga, la trata y en tercer lugar las armas. Somos muchas las organizaciones que estamos trabajando en este mundo oculto, no visibilizado, que da mucho dinero. Los compromisos gubernamentales son hoy más corruptos, en provincias y en gobiernos nacionales. Tiene que haber decisiones políticas”.
La monja, que encabezó en su momento la lucha del pueblo catamarqueño contra el clan Saadi para impedir que el asesinato de María Soledad Morales quedara impune, subió el tenor de su denuncia al reclamar “una policía distinta, porque (la actual) es la primera coimera, la primera encubridora. Hay jueces también en el negocio; muchos de ellos son dueños de prostíbulos en Corrientes”.
Pelloni apeló finalmente a un enfoque diferente de la cuestión, previendo la penalización de los clientes. “Si no hay clientes, no hay prostitución y no hay trata. Es un tema complejo, tiene que existir una fundamentación sobre la dignidad de todas las personas”.
Falta la ley
Antonio Riestra (*)
El decreto de la presidenta es un avance, pero igual necesitamos la ley provincial que presentamos el año pasado para sancionar con multas o el retiro de la publicidad oficial a los medios gráficos, radiales, audiovisuales o de Internet, que difundan avisos que promuevan de manera directa o indirecta la explotación sexual de hombres o mujeres, el proxenetismo o el reclutamiento de personas para la prostitución.
Necesitamos cortar el circuito de la difusión y el reclutamiento que se hace desde los medios de comunicación. Además necesitamos el compromiso de municipios y comunas para erradicar las whiskerías, y también necesitamos avanzar en un programa de protección de testigos que abarque a las mujeres explotadas y a eventuales policías arrepentidos.
Esta responsabilidad también le cabe a la Justicia provincial, que en los últimos meses ha ordenado diversos procedimientos contra prostíbulos en Santa Fe y Rosario utilizando la vieja Ley de Profilaxis, sin avanzar sobre posibles redes de tratantes o proxenetas.
(*) Diputado provincial Pares.
