Pesadillas compartidas
El escándalo crece. La Fundación Madres de Plaza de Mayo y la cooperativa de trabajo Sueños Compartidos materializan las peores sospechas de lo que se puede hacer con dinero público fácil y la simultánea e incomprensible ausencia de controles sobre su aplicación. Es difícil encontrar un ejemplo que ofrezca tal acumulación de presuntos ilícitos y tanta impunidad guarnecida por el paraguas protector de un gobierno que ha faltado a sus responsabilidades.
La Fundación recibió millonarios fondos para la construcción de viviendas sociales a través de la creación de la cooperativa Sueños Compartidos, integrada por humildes trabajadores. De modo que en principio parecía perseguirse una noble finalidad: brindar soluciones habitacionales a personas de escasos recursos mediante el trabajo de gente de similar condición que así conseguía ingresos genuinos y dignos.
Pero eso era en los papeles. En la práctica, las cosas fueron distintas. Tan distintas, que una estructura de extraordinaria informalidad laboral y tributaria lograba grandes contratos de construcción que les eran asignados de modo directo, sin las mínimas compulsas públicas que estatuyen los principios, normas y procedimientos del derecho público. Peor aún, los gobiernos provinciales y municipales en cuyos ámbitos de desarrollaban los proyectos sufrían presiones de diversa intensidad para facilitar su concreción sin protestas. Por eso, la organización de extraña naturaleza surgida del vínculo entre la Fundación y Sueños Compartidos llegó a convertirse en pocos años en la segunda constructora del país. Fue el fruto de contratos directos, falta de controles y una permisividad ilimitada, combo que creó las condiciones para que ocurriera lo que ocurrió.
Hoy se sabe que las casas son mucho más caras que las construidas por otras organizaciones sociales. Que los derechos de los trabajadores han sido reiteradamente vulnerados. Que además eran manipulados y abusados por la Fundación que los obligaba a participar de movilizaciones a favor de los Kirchner. Que el fisco ha sido estafado. Que entidades de control -como la Unidad de Información Financiera (UIF)- no actuaron pese a contar con fuertes indicios de manejo ilícito de los fondos públicos. Que las deudas fiscales registradas en los balances del último ejercicio son millonarias. Que personas privadas se han enriquecido de manera fraudulenta con recursos públicos. Que no se ha construido la cantidad de casas correspondiente al dinero pagado. Que hay planes de viviendas sin concluir, cortes en el abastecimiento de materiales, trabajadores despedidos y otros sin tareas. Que los sueños se han convertido en pesadillas compartidas por Hebe de Bonafini y las madres que la acompañan, los Schocklender, altos funcionarios públicos y la presidente de la Nación, atrapados en la telaraña que ellos mismos crearon.
