Edición del Lunes 25 de julio de 2011

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Inequidad legalizada - Edición Impresa - Opinión Opinión

Editorial

Inequidad legalizada

Cuando se dice que la pobreza es el mayor flagelo que sufren los países latinoamericanos -y entre ellos la Argentina- se incurre en un error común. Es que, para ser exactos, la más lacerante de las heridas sociales en este rincón del planeta no es la falta de recursos, sino las marcadas desigualdades con que dichos recursos son distribuidos.

América Latina es la región más inequitativa del mundo, a pesar de que en la última década logró reducir la desigualdad. Según investigaciones del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la inequidad disminuyó el 0,5% anual en promedio desde 2000. Los investigadores sostienen que, en países como Brasil, México, Chile y Perú, el logro está sustentado sobre bases sólidas, planes sociales o programas educativos y sanitarios. En otros lugares, como la Argentina y Venezuela, las mejoras alcanzadas dependen en mayor medida de la evolución favorable de los precios de sus materias primas.

El reparto inequitativo de recursos en América Latina es un problema estructural provocado por múltiples razones históricas y coyunturales. Durante los noventa la experiencia demostró claramente que el crecimiento de la economía global de cada uno de los países no garantiza que los recursos lleguen a los sectores marginales. La tan mentada teoría del derrame se estrelló contra la realidad.

Pero no hace falta retroceder tanto en el tiempo, ni bucear tan profundo, para hallar motivos que sustentan la inequidad en la Argentina.

Un informe reciente publicado por El Litoral reveló que la jubilación mínima en la provincia de Santa Fe es de 2.231 pesos mensuales. Sin embargo, 20 jubilados cobran una máxima de 40.920 pesos. Y mientras la pensión mínima apenas alcanza los 1.673 pesos, doce pensionados perciben 30.690 pesos por mes.

Esto significa que la jubilación máxima en la provincia es 19 veces mayor que la mínima. La misma proporción -o mejor dicho, desproporción- se refleja entre los pensionados más beneficiados y los que menos cobran.

El tope jubilatorio en Santa Fe se estipula calculando el 80 por ciento del sueldo del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, con 30 años de servicio. El haber mínimo, en tanto, se obtiene calculando el 72 por ciento del nivel uno de la administración central.

El sistema es tan injusto que garantiza las condiciones necesarias como para que, lejos de reducirse, las desigualdades se profundicen con el correr del tiempo. Esto es así porque el sueldo del presidente de la Corte -como todos los haberes del Poder Judicial- no sólo se incrementa por decisiones adoptadas en la provincia, sino también por una ley de enganche que traslada a Santa Fe cada uno de los incrementos salariales de la Justicia nacional.

Desde la Subsecretaría de Seguridad Social de la provincia advierten que las jubilaciones y pensiones se pagan de acuerdo con el sistema que está en vigencia. Y no mienten.

De hecho, en este caso la desigualdad parece estar asegurada y, por si fuera poco, tiene garantía legal.



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Lunes 25 de julio de 2011
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