La policía desalojó la ocupación de tierras
En Tucumán se repitió el reclamo y la foto de Jujuy
Una jueza ordenó a la Policía tucumana desocupar un predio de siete hectáreas tomado hace 25 días por familias sin tierras. Hubo piedras y bombas molotov desde el lado de la resistencia y balas de goma y gases lacrimógenos desde las fuerzas de seguridad.
De la redacción de El Litoral
La policía tucumana desalojó ayer en forma violenta a unas 200 familias de un predio ocupado en la capital de la provincia, donde fueron al menos 12 los heridos y 5 los detenidos, mientras el gobernador José Alperovich responsabilizó a punteros políticos de la toma de tierras.
La policía ingresó al predio con tropa de infantería y caballos y atacó con balas de goma, gases lacrimógenos, palos y latigazos a los ocupantes, quienes intentaron resistir arrojando piedras a los efectivos. En el predio de unas siete hectáreas, que finalmente fue desalojado y quedó bajo custodia de la policía, fueron derribadas casillas precarias. Asimismo, los ocupantes del terreno, que contaron con ayuda de vecinos de barrios cercanos, quemaron las casillas que habían levantado antes de retirarse. El predio ocupado, ubicado en el noreste de la capital es propiedad de un particular que inició las acciones legales para su desalojo. La ocupación se inició a principios de julio y los dueños del predio responsabilizaron a punteros políticos por incentivar a las familias con necesidad de vivienda para que se instalen en el terreno.
El desalojo fue ordenado por la jueza subrogante Nora Wexler y fue implementado por la policía provincial tras el plazo de cinco días otorgado a los ocupantes para que abandonen el predio.
El dueño del inmueble, Ramón Gálvez, responsabilizó a la legisladora provincial oficialista Carolina Vargas Aignasse de haber impulsado la toma y la acusó de “hacer política con la necesidad de la gente pobre”. Otros testigos afirmaron que en el predio vieron a dirigentes vinculados a la diputada nacional kirchnerista Stella Maris Córdoba. Córdoba es candidata a gobernadora de Tucumán por Proyecto Popular en las elecciones del 28 de agosto.
El gobernador, en tanto, dijo en declaraciones a la prensa que “los punteros políticos aprovechan las oportunidades en épocas electorales para quedar bien con la gente, pero en realidad están haciendo daño. Hay que defender la propiedad privada. Les pido a todos que no ocupen terrenos que no les corresponden”.
Adelantó que “lo que vamos a hacer en los próximos tiempos es expropiar para entregárselo a la gente”, pero pidió que “no se aprovechen, porque a nadie le gustaría que le ocupen su casa de un día para otro”.
El desalojo violento se produjo tras el registrado el 28 de julio en la localidad de Libertador General San Martín, provincia de Jujuy, donde 4 personas murieron y más de 60 resultaron heridas.
Un crudo relato
Precisamente según el diario La Gaceta, “nadie quiere que pase lo mismo que en Jujuy”, fue la frase repetida tanto por la Policía como por un grupo de vecinos desalojados de Villa 9 de Julio.
La crónica del diario revela que los incidentes se iniciaron pasado el mediodía “cuando un grupo de uniformados se dirigió hasta una construcción, que se consumía por las llamas, presuntamente ocasionadas por integrantes de la toma. Ya cara a cara, no hubo vuelta atrás y, pasado el mediodía, ambos grupos comenzaron a atacarse. Los efectivos de Infantería dispararon todas las balas de goma que tenían contra los vecinos, que resistieron con palos, piedras y bombas molotov.
A partir de ese momento, el predio se convirtió en un campo de batalla, en el que sólo se escuchaban gritos, amenazas y detonaciones. Nadie quería retroceder y el intercambio de proyectiles se extendió por más de 45 minutos. Fueron tantos los disparos que, mientras esperaban más balas, los uniformados devolvieron las pedradas que llovían desde la resistencia. En medio de nubes de gases lacrimógenos, Infantería recibió apoyo de parte de Caballería, que a fuerza de latigazos buscó ahuyentar a un grupo de mujeres alteradas, que respondían lanzando lo que tenían a mano: piedras, botellas y palos. Fue entonces cuando la disputa comenzó a mutar, mientras policías sin uniforme derribaban las precarias casillas construidas con chapas, cañas huecas, plásticos y maderas”.
Según el acta policial que documentó el desalojo “estos grupos que ocupan en forma ilegal el predio le dijeron a los funcionarios del Poder Judicial que respondían a la diputada nacional Stella Maris Córdoba, en tanto otros decían pertenecer a la legisladora Carolina Vargas Aignasse y a la legisladora Mirta Gutiérrez,y que ellos les habían prometido solucionar su problema habitacional”.
Reproches
La diputada nacional kirchnerista por Tucumán, Stella Maris Córdoba, responsabilizó al gobierno de Jorge Alperovich por la represión en Tucumán, al sostener que “hay algunos que se dicen kirchneristas pero a la hora de gobernar muestran otras facetas. No estoy de acuerdo con el desalojo violento, menos proviniendo del Estado”, disparó Córdoba.
Sostuvo que Alperovich “planteó soluciones habitacionales en la provincia que no son justas. En Tucumán hay muchísimas necesidades que no han sido cubiertas”.
Advertencia de Barrionuevo
El gobierno de Jujuy advirtió que las personas que ocupen terrenos quedarán afuera de los programas vigentes o próximos a poner en marcha. En un comunicado, además, la administración del gobernador kirchnerista Walter Barrionuevo advirtió que actuará contra las personas que ocupen predios, terrenos, casas y complejo habitacionales y persistan en su accionar.
“Todo aquel que ilegalmente se encuentre instalado en terrenos o viviendas deberá desocuparlos en el plazo de 24 horas, so pena de quedar excluido definitivamente de la posibilidad de lograr los beneficios de un lote o una casa propia a partir de los planes y programas que el Gobierno tiene o pondrá en vigencia”, señaló la información.
Al respecto, el gobierno de la provincia norteña dijo que “se dará prioridad absoluta a familias jujeñas, o a quienes acrediten una radicación efectiva no menor a dos años de antigüedad en Jujuy. Aquellos que atraídos por la posibilidad de obtener esos beneficios vienen desde fuera de la provincia, deben saber que no tienen ninguna posibilidad de acceder a ellos”. El jueves, el gobierno de Jujuy y organizaciones sociales iniciaron un relevamiento de las personas que ocupan tierras en el distrito, donde persisten las tomas y cortes de rutas, aunque algunos predios fueron abandonados, una semana después de los graves disturbios sociales durante el desalojo de un predio en Libertador General San Martín que terminó con cuatro muertes y más de 60 heridos.
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