Cristina Fernández, Dilma Rousseff, Michelle Bachelet, María Eugenia Bielsa, Griselda Tessio. Tres presidentas y dos vicegobernadoras, más allá del cupo. Fotos: Archivo El Litoral

Ley de cupo: un punto de partida

Argentina fue el primer país en contar con una ley de cupo femenino. La cantidad de mujeres en bancas legislativas creció desde entonces. Voces consultadas por El Litoral plantean el desafío de una mayor apertura de los partidos políticos y en cargos para los cuales no rige la ley.

Nancy Balza

Diputada, senadora, concejala, presidenta -aunque se discuta la feminización de la palabra- son términos que en los últimos años han ganado cada vez más espacio en los medios y, aún más importante, en los espacios de poder público. En noviembre se cumplirán 20 años de la sanción de la ley 24.012, conocida como ley de cupo, término que a su vez se actualizó por el de “cuota”, y establece básicamente que “las listas que se presenten deberán tener mujeres en un mínimo del 30 % de los candidatos a los cargos a elegir y en proporciones con posibilidad de resultar electas”.

Poco después, en 1992, la Legislatura santafesina sancionó la ley 10.802, para las listas que presenten los partidos políticos en elecciones provinciales, municipales, comunales y/o de convencionales constituyentes.

Argentina fue el primer país en implementar una medida de estas características y, desde entonces, la proporción de mujeres en los órganos legislativos se ha modificado de manera positiva. Así, “durante el período 1983-1991 de transición democrática, las mujeres no superaron el 7 % de la ocupación de las bancas. Recién en 1993, con la primera elección bajo la ley de Cupo, esta tendencia se revirtió y alcanzó el 13,6 % para seguir escalonándose de manera ascendente hasta llegar al 30 % estipulado por ley en el año 2000” , de acuerdo con datos relevados por la docente e investigadora María Inés Tula en una de sus publicaciones.

No obstante, algunas opiniones advierten que se viene produciendo un “amesetamiento”. Es el caso de la concejala santafesina Adriana Molina, abogada y directora del Programa Género, Sociedad y Universidad de la UNL, quien señala que, si bien la ley abrió la posibilidad de mayor participación de género en el ámbito legislativo, la cantidad de mujeres no varió demasiado en los últimos años. Los datos confirman su opinión: en el Senado de la provincia, donde los cargos son unipersonales, no se ha modificado la cantidad de mujeres y sobre 19 legisladores, una sola es mujer, Cristina Berra, reelecta por el departamento San Martín. En la Cámara de Diputados, aún con una mujer encabezando la lista que ganó ampliamente los comicios de julio, al cabo de cuatro años volverán a ser 16 integrantes en la Cámara Baja sobre un total de 50 legisladores.

SIN CUPO

Más allá del ámbito legislativo, es probable que la ley haya sido el cimiento para que más mujeres ocupen cargos ejecutivos de primer nivel. De hecho hay o hubo -según el caso- presidenta, gobernadoras, vicegobernadoras, intendentas y presidentas comunales. Aunque es importante reconocer que aún antes de la ley de cupo había mujeres en puestos legislativos y ejecutivos. Sólo por citar algunos casos: Josefa Sólito de Alegre (PJ), electa diputada en 1983; Sarah Picazo (UCR) y María Angélica Gastaldi (PJ), todas legisladoras sin ley de cupo y, en el caso de la última, primera y única ministra de la Corte, donde -corresponde decirlo- tampoco hay cupo. Al respecto, podría añadirse que existe un proyecto de la diputada provincial Alicia Gutiérrez (SI) para que haya representación de ambos géneros en la integración del máximo órgano judicial santafesino.

El intenso calendario electoral de este año puso a varias mujeres en un primerísimo plano: en julio resultó electa Mónica Fein al frente de la Intendencia de Rosario, y Ana María Meiners volverá a gobernar la ciudad de Esperanza.

También habrá mujeres al frente de las intendencia de Cañada de Gómez, Stella Maris Clérici (Frente Santa Fe para Todos) y en Funes, con Mónica Tomei (postulada por la UCR para el Frente Progresista, Cívico y Social), en tanto que 27 mujeres resultaron electas o reelectas -según el caso- presidentas comunales. Claro que todo esto ocurre sobre 362 localidades.

Se puede apuntar, siempre a nivel provincial, que dos mujeres fueron, sucesivamente y sin que su cargo esté establecido en la ley de cupo, vicegobernadoras de la provincia y, en consecuencia, presidentas de la Cámara de Senadores: María Eugenia Bielsa y Griselda Tessio. Desde diciembre, ambas integrarán la Cámara de Diputados, y la primera podría llegar a presidirla.

Las primarias nacionales encontraron a dos mujeres disputando la vicepresidencia y a tres con aspiraciones de gobernar el país. Una de ellas, Cristina

/// opinión

Un camino abierto

Ana María Meiners (*)

El tema de fondo, históricamente sigue siendo el mismo y aún es un objetivo deseable en el seno de muchas democracias modernas: la igualdad de género con reconocimiento de los derechos electorales plenos, sin ningún tipo de discriminación o exclusión para acceder a cargos públicos, más allá de la idoneidad y de los requisitos legales pertinentes

En mi caso -primero como concejal de la ciudad y ahora reelecta para un segundo mandato como intendente de Esperanza-, debo aclarar que siempre participé encabezando o integrando listas, ganando previamente las internas respectivas. No obstante, y aun con sus imperfecciones o abusos, se debe reconocer que el “cupo femenino” ha sido un avance y una oportunidad para todas las mujeres que, con vocación y capacidad manifiesta, participan en política. Por ello, debemos seguir reivindicando nuestros derechos irrestrictos de igualdad ante la ley, en éste y otros temas de similar importancia que establecen desigualdad de género.

(*) Intendenta reelecta de Esperanza.

En la Constitución

Varias de las opiniones recogidas por El Litoral aluden a la igualdad de oportunidades consagrada en el texto constitucional reformado en 1994. El Art. 37 garantiza “el pleno ejercicio de los derechos políticos, con arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes que se dicten en consecuencia. El sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio”. Pero además establece que “la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral”. (Capítulo segundo, nuevos derechos y garantías).

/// EL DATO

Fernández -actual presidenta de la Nación y, según destacaron varias de las fuentes consultadas, un gran impulso a la participación femenina en política- obtuvo más del 50 por ciento de los votos.

CAMBIOS EN LA AGENDA

La mayor presencia de mujeres no se percibió solamente en las cifras, sino también en la agenda parlamentaria y pública, que se diversificó. En ello coinciden Adriana Molina y María Inés Tula. La actual concejala evaluó que “aparecieron en la agenda pública de los temas parlamentarios cuestiones sensibles al género: desde las leyes de derecho reproductivo a las relaciones de familia, y leyes de violencia familiar”.

En tanto, Tula expone que, además de facilitar la aparición de otros temas en la agenda pública, “la ley de cuotas sirve para ‘visibilizar’ la actuación de las mujeres y notar que también pueden cumplir su trabajo como representantes”.

En este punto, Molina evalúa que “hay un cambio cultural y social a favor de la presencia de mujeres. Hace 20 años, en la sociedad existían más obstáculos en relación a las mujeres que cumplían una función pública. En estas dos décadas, aparecieron mujeres formadas, con prestigio, y en eso también contribuyó la ley de cupo. Cristina Fernández de Kirchner y Lilita Carrió tuvieron su mayor exposición pública -antes del momento actual- en sus espacios legislativos. Ambas fueron renombradas como convencionales constituyentes. Entonces, la ley de cupo también sirvió para que empiece a aparecer el modelo de la mujer política”.

LOS DEBATES PENDIENTES

De las opiniones vertidas se desprende que la ley de cupo o ley de cuotas es considerada un avance en tanto posibilita una mayor participación de la mujer en cargos electivos parlamentarios, además de haber visibilizado un trabajo sostenido y de facilitar una apertura hacia temas de género. No obstante, aparecen como pendientes aspectos como la participación efectiva en los partidos políticos -y en los cargos de conducción partidaria- y mayor presencia de mujeres en los ámbitos de decisión que no están incluidos en los alcances de la ley.

La docente, investigadora y experta en política latinoamericana Liliana De Riz aporta que “la ventaja es que da impulso a la presencia de mujeres en los roles político-institucionales. La desventaja es que puede resultar en un medio a través del cual se posterga la idoneidad para el cargo en nombre de cupos que no siempre resultan del mérito para la función a la que se designa”. A lo que Rosendo Fraga, director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría aporta: “Al no tratarse de un fenómeno espontáneo -como ha sucedido con las tres presidentes electas en América del Sur-, en algunas provincias y municipios ha significado que esposas, hijas o hermanas de líderes políticos provinciales y municipales accedan a las candidaturas legislativas, sin que ello sea consecuencia de un fenómeno político genuino”.

Mientras en toda Latinoamérica se discute la paridad entre hombres y mujeres, y de hecho ya existe en algunos países como Costa Rica -donde otra mujer, Laura Chinchilla Miranda, es presidenta-, la aplicación práctica de la normativa vigente todavía sigue generando interpretaciones encontradas. Así lo demuestra la discusión que se ventila por estos días en Rosario, tras la renuncia de la tercera concejala electa del PRO Sofía Alarcón y la decisión de que su banca sea ocupada por el candidato que la seguía en la boleta; con lo cual los que ingresarán al cuerpo por esa fuerza son tres hombres. La polémica, movilizada por mujeres de casi todos los partidos, se cifra en si el cupo sólo se aplica a la conformación de la lista (como dice la ley) o debe garantizar el acceso de una mujer al cargo (como, según se invoca, dicta la reglamentación).

Los avances registrados, los debates que faltan y las opiniones que matizan el análisis dan cuenta de que, a veinte años de vigencia, el cupo femenino en particular y la representación de las mujeres en el espacio público todavía son materia de discusión. Pero, por la misma razón, ocupan en la agenda política un espacio legítima y esforzadamente ganado, ya sin margen ni posibilidad de retroceso.

En la provincia

Sobre 362 localidades, en 27 hay mujeres electas o reelectas presidentas comunales, y en 4, intendentas: Cañada de Gómez, Esperanza, Funes y Rosario.

Sobre 50 diputados, 16 son actualmente mujeres. La misma proporción se mantendrá desde diciembre, aun con bancas renovadas y nuevas incorporaciones.

En el Senado, sólo una mujer ocupa una banca: Cristina Berra (San Martín), reelecta el 24 de julio. Hasta diciembre, la Cámara estará presidida por una mujer, la vicegobernadora Griselda Tessio.

Sobre 13 ediles que integran el Concejo Municipal de Santa Fe, a partir de la renuncia de Jorge Henn -electo vicegobernador- y la asunción de Noelia Chiementín en su lugar, 5 son mujeres y una de ellas es vicepresidenta 2º del cuerpo deliberante. En diciembre, aun con incorporaciones tras los comicios de julio, volverán a ser 4 concejalas.

Rosendo Fraga / Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría.

El impulso de tres presidencias

La experiencia acumulada por la ley del cupo deja, en mi opinión, un resultado positivo al haber promovido una participación importante de la mujer en los cargos legislativos nacionales, provinciales y municipales. A consecuencia de esta ley, Argentina es el país de América Latina en el cual hoy hay más mujeres en los cuerpos legislativos y es uno de los países del mundo -a excepción de los nórdicos- en los cuales es mayor la participación de la mujer en este ámbito.

Ésto se ha dado al mismo tiempo que tres mujeres han llegado a la Presidencia en América del Sur (Argentina, Brasil y Chile) y ello implica que la ley del cupo se está aplicando sobre un fenómeno espontáneo de mayor participación femenina en los liderazgos políticos nacionales.

Pero, paralelamente, la participación de la mujer en cargos ejecutivos, en los cuales no rige el cupo, es sensiblemente menor. Analizando las 24 provincias argentinas, sólo una -y la más pequeña, Tierra del Fuego- es gobernada por una mujer. En las intendencias el porcentaje gobernado por mujeres también es muy bajo.

En cuanto a que cuantitativamente ha promovido una mayor igualdad de género, la ley del cupo puede considerarse que ha sido un paso positivo y progresista. Pero al no tratarse de un fenómeno espontáneo -como ha sucedido con las tres presidentes electas en América del Sur-, en algunas provincias y municipios ha significado que esposas, hijas o hermanas de líderes políticos provinciales y municipales accedan a las candidaturas legislativas, sin que ello sea consecuencia de un fenómeno político genuino.

En concepto de discriminación positiva que se le asigna es discutible, pero puede aplicarse. Cabe señalar que leyes de cupo han resultado eficaces para promover la mayor participación de minorías discriminadas en diversos países del mundo. El caso de las normas que lo establecieron en los años sesenta en los EE.UU. para resolver la brecha entre los afroamericanos y el resto de la sociedad, en general tuvieron un efecto positivo, el conflicto se atenuó y hoy un afroamericano es presidente de los EE.UU.

La cuestión de si la ley del cupo es punto de llegada o punto de partida respecto de la participación política de la mujer, creo que la reciente pre-elección que han implicado las primarias abiertas y simultáneas, en la cual la presidenta Cristina Kirchner ha logrado el 50 % de los votos, es un hecho político relevante que va más allá del cupo. Demuestra que una mujer puede gobernar el país y evidencia que si a nivel de gobernadores e intendentes no se ha registrado mayor presencia femenina, es un fenómeno que está reflejando la realidad de un momento social.

En conclusión, pienso que el rol de las tres presidentas sudamericanas de los últimos años puede ser tanto o más eficaz para estimular la participación de la mujer en la política que la ley del cupo femenino.

Liliana de Riz / Licenciada en Sociología, docente e investigadora del Conicet, experta en política latinoamericana.

Pasos

La ley de cupos es el resultado de una acción positiva para fomentar la igualdad de géneros en el ámbito de la política, una arena tradicionalmente dominada por la presencia de los varones. Por eso mismo es el resultado de una medida de “discriminación positiva”, aunque no guste el término.

La ventaja es que da impulso a la presencia de mujeres en los roles político-institucionales. La desventaja es que puede resultar en un medio a través del cual se posterga la idoneidad para el cargo en nombre de cupos que no siempre resultan del mérito para la función a la que se designa.

En un primer momento -transiciones a la democracia, estructuración de los sistemas de partidos- es una ley de avanzada. Pero su continuidad sine die no me parece una buena medida. Es un punto de partida pero no uno de llegada: precisamente el punto de partida que va creando nuevas relaciones entre hombres y mujeres en el ámbito político. El segundo paso es fortificar la formación de líderes mujeres con alta presencia pública, único camino del que pueden surgir liderazgos de mujeres capaces de abrirse camino en la política, una arena en la que el poder no se regala.

Se aplica en varios países y no sólo para cargos en los parlamentos, sino en los cargos de los gabinetes ministeriales. En los sistemas electorales uninominales, en algunos países, se premia con incentivos de financiamiento a los partidos que incluyen relaciones equitativas entre hombres y mujeres en sus candidatos.

María Inés Tula / Profesora de la Universidad de Buenos Aires e investigadora del Conicet.

Una agenda diversificada

La ley de cuotas de género que se sancionó en Argentina en 1991 trajo como ventaja el reconocimiento de las mujeres a tener el derecho al acceso a la representación. Y se toma una medida, como son las acciones afirmativas, para que ese derecho pueda concretarse finalmente en la práctica. La ley de cuotas argentina tuvo un impacto positivo en su aplicación dado que se combinó con otras reformas tales como la constitucional de 1994 y otras reglamentaciones que garantizan su cumplimiento por parte de los partidos políticos. No considero en absoluto que esta ley traiga desventajas. Sí, en cambio, creo que los partidos al democratizarse (porque la inclusión, también es un concepto que está ligado a la democratización partidaria), como tradicionalmente estuvieron dominados por los hombres, éstos tienen que pelear por no perder espacios de poder en manos de las mujeres

En su momento fue una ley de avanzada. Si bien había proyectos en otros países que debatían sobre las cuotas de género, como Costa Rica, Argentina fue el primer país del mundo en sancionar una norma que obligó a los partidos a incluir mujeres candidatas en sus list as, en un porcentaje mínimo del 30 %.

El concepto, como se lo conoce en la actualidad, es de acción afirmativa; el de “discriminación positiva” ya perdió vigencia. Las acciones afirmativas son necesarias para lograr el objetivo de avanzar en la igualdad. Tienen un impacto rápido y bien notorio en términos cuantitativos. Las políticas públicas y las políticas de largo plazo encaradas por los gobiernos también son necesarias, pero éstas tardan en hacerse efectivas y sus efectos no se visualizan tan rápido en el corto plazo. Las cuotas de género, a diferencia de las otras políticas mencionadas, incluyen la participación de los ciudadanos, porque ellos ven que en las listas también se incluyen a las mujeres (es de abajo hacia arriba, a diferencia de los otros planes, que “bajan” de arriba hacia la sociedad).

La ley de cuotas sirve para “visibilizar” la actuación de las mujeres y notar que también pueden cumplir su trabajo como representantes; y su impacto también se vio en la diversificación de la agenda parlamentaria. El segundo paso es avanzar hacia la paridad.

Después de Argentina, varios países latinoamericanos se animaron a copiar este modelo (con algunas diferencias en las características de la ley) tales como Brasil, Perú, Uruguay, Panamá, México, República Dominicana y Honduras. Y varios, como Ecuador, Bolivia y Costa Rica, avanzaron hacia la paridad.

Opiniones / ESPECIAL PARA EL LITORAL