Denunciados por la detención de menores

Recuperaron la libertad los policías de la Comisaría 3a.

Juliano Salierno

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Esta mañana recuperaron la libertad los cinco policías que se encontraban detenidos, en el marco de una investigación por la detención irregular de tres menores de edad pertenecientes al refugio de calle Ituzaingó de barrio Candioti.

No obstante, la jueza de Instrucción Cuarta, Susana Luna, dictó procesamientos por el delito de “privación ilegítima de la libertad” para cinco de los diez uniformados que se vieron involucrados.

La resolución recayó sobre el subjefe a cargo de la Seccional 3ra. el comisario Marcelo Alejandro Fabro, de 39 años; los suboficiales de la misma repartición Javier Alejandro Manibardo, de 31 años y Roberto Edgardo Foffani, de 20 años; además de los dos agentes de la Seccional 1ra. Juan Darío Gutiérrez y José Carlos Damián Acosta, ambos de 30 años.

“Respecto de las ‘torturas’, ‘vejámenes’ y ‘apremios ilegales’ que fueran imputados, entiendo que en esta etapa del proceso no se han reunido elementos de convicción suficientes que permitan el procesamiento de los inculpados, como así tampoco su sobreseimiento”, detalló la jueza.

Los cinco restantes, dos miembros de la 1ra. Zona de Inspección, un cabo que estaba como sumariante a cargo, una suboficial y el celador de la Comisaría 3ra. recibieron la “falta de mérito”.

Denuncia y escándalo

El escándalo en el que se vio envuelta la fuerza se instaló a partir del arresto de manera irregular de tres menores de edad, de entre 15 y 17 años, que permanecieron alrededor de una hora y media en la dependencia policial.

La denuncia el 29 de agosto la radicó la Coordinadora Institucional del Centro de Permanencia Transitorio para niños y adolescentes en situación de calle “El Refugio”, de calle Ituzaingó 1854, ante la Dirección Provincial de Asuntos Internos.

Los menores relataron haber sido interceptados en calle Necochea y bulevar Gálvez, luego trasladados y alojados en el patio de la Seccional 3ra. La primera versión indicaba que los hicieron desnudar y les aplicaron descargas eléctricas con las llamadas “picanas” y les arrojaron una pelota de tenis sobre sus cuerpos.

La intervención médica fue inmediata para constatar lesiones, que no se corresponden con las del uso de picana; y ese mismo día se ordenó allanar la Seccional de calle Lavalle al 3400. Se secuestraron los libros de guardia y se buscaron infructuosamente los supuestos elementos de tortura. Se solicitaron informes al 911 que registró el llamado de un vecino sobre el aviso de “merodeadores” en la zona de bulevar y partir de allí se detectaron los móviles que participaron y por ende sus ocupantes.

Ante lo inusitado del caso y lo grave de las denuncias, la jueza Luna optó por ordenar la detención de los principales involucrados, que además fueron puestos en disponibilidad por la Delegación centro-norte de Asuntos Internos.

Medidas de prueba

A partir del 2 de septiembre la Justicia comenzó a tomar declaraciones indagatorias a los policías y le ofreció intervención a la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social, por los menores.

El mismo día de las detenciones comparecieron de manera espontánea, dos policías de la 1ra. Zona de Inspección, que la noche del hecho habían pasado por la tercera para “hacer la fajina” del móvil -la limpieza-.

También le recibieron declaración informativa al comisario inspector Mariano Müller, jefe de la seccional, que ese fin de semana se encontraba franco de servicio. Se realizan otras medidas entre las que cuentan algunos careos, que pusieron en jaque al jefe a cargo Fabro.

Para la Justicia, está acreditado que el 29 de agosto, alrededor de la hora 1.20, fueron trasladados los tres menores por los policías Acosta y Gutiérrez, que se conducían en el móvil de la Sec. 1era “4623”.

También se habrían reunido suficientes pruebas como para sostener que Manibardo y Foffani llegaron hasta el lugar en una moto particular y que se hicieron cargo de los menores por jurisdicción.

Finalmente la jueza Luna concluyó diciendo que tal como ocurrió en este caso, “el tipo delictivo supone una privación de la libertad personal ejecutada por el funcionario con ejercicio abusivo de las funciones públicas propias de su cargo. Como tal, deben ser considerados autores tanto los funcionarios públicos que disponen la privación de libertad (Foffani y Manibardo), como los ejecutores que aceptaron voluntariamente cumplirla (Acosta y Gutiérrez) pese que “a priori” se sabía que estas personas no habían cometido delito alguno, y podrían haberse negado a trasladarlos. Asimismo, y una vez anoticiado de la presencia de los menores en la repartición, se continúa con la privación de libertad (Fabro)”.

La fiscal Elena Perticará consideró que no existen motivos para confirmar la medida de prisión preventiva de los policías. Foto: Mauricio Garín:

Llamativo y preocupante

La jueza Susana Luna destacó en su escrito que “dicho procedimiento no se anotó en registro alguno, como así tampoco el ingreso de los menores a la dependencia”. Además resaltó que “posteriormente y habiendo transcurrido casi una hora y media, los menores fueron puestos en libertad, dejando que se retiren alrededor de la hora 3.00 por sus propios medios”.

También hace notar que consta en la denuncia que los menores “tenían permiso de salida para “cuidar autos” en bulevar Pellegrini, con horario de regreso a la 1.30”, lo cual no parece un lugar apropiado para jóvenes protegidos por el Estado provincial.

Puntualmente, sobre el arresto se logró establecer que los hicieron poner “de rodillas, acusándolos de estar haciéndole “la segunda” a alguien que aparentemente “había cometido un delito en la zona”. Según la versión aportada por los menores, uno de ellos, el más grande, se negó a colaborar y recibió un “culatazo” con la escopeta en las costillas. No obstante, los policías niegan haberlos golpeados y que más tarde fue el jefe a cargo quien ordenó liberarlos sin más.