Más polémica por los cargos del Poder Judicial

Superti se enojó con Monti: “Quiere convertirse en comisario ético”

El legislador justicialista había denunciado que funcionarios del Ejecutivo estaban concursando por cargos para el futuro Ministerio Público. El ministro de Justicia defendió la transparencia de la gestión, y reveló una circular donde quedó plasmada la posición del gobierno sobre el tema.

De la redacción de El Litoral

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“Hay quienes quieren convertirse en comisarios éticos y no han entendido todavía cómo es esta nueva forma de trabajar con concursos y con transparencia en la gestión”. Con esta afirmación, el ministro de Justicia, Héctor Superti, replicó las denuncias públicas del diputado justicialista Alberto Monti, quien objetó la participación de funcionarios provinciales de las carteras de Seguridad y Justicia, en los concursos para cubrir cargos del Ministerio Público. Según el legislador, se encuentran en esa situación -“sin pedir licencia ni renunciar”- los señores Facundo Paschetto, Leandro Trangoni, Mariano Bufarini y Carla Cerliani.

Superti refutó la acusación, y en diálogo con El Litoral, defendió los mecanismos instrumentados, que “posiblemente contrastan con lo que ha pasado en mucho tiempo en la provincia”. El ministro recordó que cuando se pusieron en marcha los concursos para fiscales y defensores, “quedó claro que el Poder Ejecutivo no integraba los tribunales que evaluaban a los postulantes”. En dichos cuerpos participan, en cambio, el fiscal y defensor general, profesionales del derecho, profesores de las universidades nacionales, y un defensor y fiscal regional, según el caso.

“Esto quiere decir que nosotros no tenemos ninguna incidencia y que, además, son cargos que van a ser ubicados dentro del Poder Judicial. Este diputado -siguió diciendo Superti en alusión a Monti-, que como suele ocurrir pide informes e imagina las respuestas antes de que se le conteste, construye sobre esa ficción comentarios generalmente agresivos hacia nuestra gestión y comete errores muy groseros”.

En tal sentido, apuntó por ejemplo el caso de Paschetto, actual secretario de Control de las fuerzas de seguridad, que si bien se inscribió en el concurso, no se presentó a la prueba escrita. “Si (Monti) hubiera esperado la respuesta, habría sabido que (Pascheto) estaba mal identificado como concursante activo del proceso. Se mete con los apellidos de los concursantes -se quejó- en una especie de caza de brujas y persecución, cuando es un concurso donde todos tienen derecho a presentarse; máxime que cuando ganen, tendrán que pasar el filtro de la asamblea legislativa”.

Circular

Superti recordó que cuando los concursos se pusieron en marcha y aun cuando el Ejecutivo no tiene injerencia en los mismos, se resolvió contratar los servicios de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL para que llevase adelante la faceta administrativa.

“Pero además -reveló Superti-, estudiamos qué iba a pasar con aquellos funcionarios del Ministerio que quisieran presentarse a los concursos, y hasta discutimos el tema en el gabinete. Fue entonces cuando el gobernador tomó una decisión que se plasmó en la circular 01 del día 13 de julio de 2011”. Recordó que el concurso está integrado básicamente por dos instancias: un examen escrito, donde el jurado corrige sin conocer la identidad del concursante, y una segunda, donde se evalúan básicamente los antecedentes.

“Nos pareció que impedir que los funcionarios participaran, era violatorio del principio de igualdad; más allá de que muchos de nuestros funcionarios si concursan, para nosotros van a representar una baja”, mencionó.

Con respecto a la circular citada, en su último punto estipula que “aquellos funcionarios políticos en todas sus categorías y de todas las jurisdicciones y reparticiones provinciales que pretendan participar en el proceso de selección de postulantes a cargos de Fiscal y Fiscal Adjunto del Ministerio Público de la Acusación y de Defensor Público y Defensor Público Adjunto del Servicio Público Provincial de Defensa Penal, deberán renunciar a su cargo una vez publicados en el sitio web oficial del gobierno de la provincia los resultados de la prueba de antecedentes y oposición escrita, en caso de haber aprobado la misma y decidir continuar participando en el referido concurso”.

Sobre la base de esta decisión, Superti sugirió que “los controladores de la ética deben dar respuestas antes de hacer comentarios que pueden ser agraviantes. Este criterio puede (en alusión a la circular) ser mejorado pero fue estudiado y tomamos una decisión que creemos que fue equilibrada”, concluyó.

Héctor Superti, ministro de Justicia de la provincia. Foto: Archivo El Litoral

Nuevo pedido por los cargos

Superti se refirió a la decisión de los diputados de no dar quórum en el recinto para el tratamiento de la creación de los cargos necesarios para poner en marcha la última etapa de la transformación del sistema procesal penal en la provincia. El titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos exhortó a los legisladores a “diferenciar cuestiones políticas partidarias de las cuestiones de Estado” y destacó la importancia “de brindar el servicio de Justicia” que necesitan todos los habitantes de la provincia.

“Es necesario hacer un cuarto intermedio y ser responsables. Desde el Ministerio, hemos cumplido con todos los pasos, hemos acordado todo lo necesario. Entonces ahora hay que debatir esto y avanzar. El propio Senado está expectante de que lleguen los proyectos de ley y puedan ser finalmente tratados”, señaló Superti al tiempo que destacó que la aprobación de las leyes permitirá avanzar en los pasos siguientes que son necesarios para implementar el sistema.

“Hay que separar las aguas. Esto es una política de Estado en la que venimos trabajando hace tiempo. Aquí está en juego algo muy importante que es brindar el servicio de justicia”, reflexionó Superti.