Candidato a juez bajo investigación
Redacción El Litoral
Corresponsalía Rosario
El Consejo de la Magistratura investiga la situación de un postulante que participa en el concurso para cubrir la vacante de juez de Familia de Casilda, ante su posible vinculación a una causa penal por tráfico de personas. Así lo informó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que agregó que el trámite del concurso “no ha finalizado y por lo tanto no existe a la fecha ninguna posibilidad de elevar propuesta alguna al Poder Ejecutivo”.
El 17 de marzo de 2010 cerró la inscripción del concurso para cubrir una vacante de juez de Primera Instancia de Distrito de Familia para Casilda. Entre los inscriptos se encontraba Mariano Darío Roldán, a quien según el Ministerio de Justicia el Consejo de la Magistratura comenzó a investigar tras conocerse la situación por la que estuvo involucrado en 2009 en una causa en los Tribunales de Rosario por supuesto tráfico de bebés.
El juez de Instrucción Juan Andrés Dónnola procesó en 2009 a Roldán, a su esposa —también abogada— y a otras seis personas por el caso de Liz Benítez, una mujer oriunda de Pinto, Santiago del Estero, que fue trasladada a Rosario para dar a luz a su bebé y darlo en adopción de manera irregular. Pero luego la Cámara VI de la Cámara Penal sobreseyó a la pareja de abogados al no comprobar que formaba una asociación ilícita.
La causa
El caso se reavivó en la opinión pública luego de que trascendiera que Roldán se había presentado para concursar un juzgado de Familia de Casilda. En diálogo con El Litoral el abogado advirtió que “en todo el proceso de selección y la entrevista pública nadie le preguntó ni se interiorizó por este caso en el que fui absuelto por la Justicia y por el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados”. “Lo que me llama la atención es que después de haber ganado el concurso esa causa en la que fui absuelto se ponga en discusión”, añadió.
El caso de Liz Benítez tuvo varias idas y vueltas. La mujer de 33 años, quien vive en Pinto, Santiago del Estero, confesó primero que una mujer le había pagado 1.500 pesos a cambio de entregar su bebé que nació en el hospital Provincial de Rosario. Pero luego la joven santiagueña cambió de parecer y aseguró que nadie le había pagado, sino que se había comprometido a entregar a su niño porque no lo podía criar debido a su mala condición económica.
El caso quedó con muchos cabos sueltos y al final nadie quedó procesado en segunda instancia, luego de la decisión del sobreseimiento de la Cámara Penal de Rosario.
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