En la Justicia
Investigan a la comuna de Emilia por las fotomultas
Tenían a su cargo el control de tránsito dentro del ejido urbano, a la altura del km 523,5 de la Ruta 11 pero la autorización caducó en 2008. Igualmente se habrían labrado infracciones.
Juliano Salierno
El juez de Instrucción Sexta, Sergio Carraro, le dio curso a un requerimiento de instrucción solicitado por el fiscal Nº 6, Rubén Díaz, para que se investigue el proceder de la comuna de Emilia -departamento La Capital- en cuanto a la administración del sistema de fotomultas instalado en el ejido urbano, a la altura del km 523,5 de la Ruta 11.
El fiscal Díaz realizó el pedido el 4 de octubre, como consecuencia de un expediente judicial en curso por las fotomultas de Calchaquí. El juez de Instrucción de Vera, Luis Octavio Silva, envió documental que surge de información suministrada por la Agencia Provincial de Seguridad Vial y que por una cuestión de jurisdicción debe ser investigada en la capital.
Tal como sucedió en Calchaquí a partir de una denuncia de la Defensoría del Pueblo, que reclamó por el cobro irregular de infracciones de tránsito mediante el sistema de fotomultas, ahora es la comuna de Emilia la que está en el ojo de la Justicia, “con motivo de posibles ilícitos penales que se podrían haber cometido en esa jurisdicción”, sostuvo Silva en uno de sus escritos.
Allanaron un estudio
El juez de Vera había allanado a mediados de año un estudio jurídico, en el que además funciona una empresa consultora de servicios a comunas. La actuación policial se desarrolló en un departamento de calle 25 de Mayo al 2200 de la capital provincial, donde se secuestró un poder de representación entre la comuna de Emilia y la consultora para el cobro extra judicial de las infracciones de tránsito y las ordenanzas que reglamentan dicho accionar.
Allí se detectaron actas de infracción de tránsito acumuladas en ficheros, sobre las que trabajaría un abogado en particular. Entre la documental existente consta un poder especial extendido por la comuna, en favor de cuatro abogados, para que la representen ante reclamos e intimaciones extrajudiciales por cobro de deudas.
En paralelo, la Justicia recopiló documentación en la que surge que si bien hubo un periodo en el que se trabajó en regla, luego se habrían ignorado los pasos administrativos correspondientes para una buena administración de la cosa pública.
Fin de autorización
Por resolución Nº 080 del 5 de noviembre de 2007 la comuna de Emilia fue autorizada para controlar el tránsito mediante el dispositivo de captura de imágenes en el km 523,5 de la ruta 11 dentro de su ejido urbano. La encargada de permitir dicha labor era la Subsecretaría de Transporte, con verificación del Instituto nacional de Tecnología Industrial (INTI).
Dos infracciones puntuales se controlaban en ese ámbito y eran la constatación por falta de luces bajas encendidas y sobrepaso en doble línea amarilla, especialmente en el cruce de la ruta nacional Nº 11 y provincial Nº 62.
La autorización fue concedida hasta el 6 de septiembre de 2008, pero con posterioridad la Agencia de Seguridad Vial de la provincia ordenó a la comuna suspender los controles.
Además, estaría acreditado que tiempo después la Agencia informó al presidente comunal Omar Panigo del cese de controles sin la verificación periódica del INTI y que las multas realizadas entre el 15 de junio y el 3 de septiembre de 2009 debían quedar sin efecto, y no volver a funcionar hasta una nueva alta del sistema.
Actas de infracción
A raíz de lo sucedido en Calchaquí, la misma Agencia notificó al juez Silva que Emilia no podía cobrar multas en el período septiembre de 2008 y enero de 2010.
No obstante ello se constataron al menos tres actas de infracción que fueron tramitadas tanto por la comuna y su Juzgado de Faltas, como por el abogado que trabaja en nombre del pueblo.
“Se estarían reclamando y cobrando montos en concepto de infracciones de tránsito, sin la autorización pertinente de la Agencia de Seguridad Vial Provincial”, destacó el fiscal Díaz en su escrito. Dicho accionar acarrea el “ingreso de fondos de manera indebida” por lo que no se descarta el encuadre dentro de la figura penal de “abuso de autoridad, exacciones ilegales, falsificación de documento público y uso de documento público falsificado”, completó.
Medidas solicitadas
Como consecuencia de la presunta comisión de ilícitos en la administración del radar de Emilia el fiscal Nº 6, Rubén Díaz, le sugirió al juez de Instrucción Sergio Carraro que se practiquen un listado de medidas.
Primero que se oficie a la Policía para que indique si durante la fecha en que la comuna no contaba con habilitación igualmente funcionaron los equipos de cámaras. Pidió a la Defensoría del Pueblo que informe si recibieron reclamos en torno a esa comuna; y a la Agencia de Seguridad Vial para que diga si existe autorización vigente, cómo se los controla o si a raíz de la desobediencia el Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado ha iniciado actuaciones administrativas al respecto.
Requirió que fueran citados las principales autoridades de los organismos de control implicados; al igual que las víctimas cuyos nombres ya constan en el expediente.
El listado de medidas se completa con el allanamiento del Juzgado de Faltas y secuestro de documental relacionada; y una auditoría contable sobre las finanzas de la comuna para determinar los montos ingresados en concepto de multas mediante el sistema de cámaras en Ruta 11.
Punto de contacto.
El vínculo entre Calchaquí y Emilia estaría dado por las empresas Distribuidora Sertram SA y Estrategic Group SA, que fueron las encargadas de suministrar, tanto el soporte tecnológico, como el andamiaje administrativo. Una de ellas, Estrategic Group SA, tiene sede social en la ciudad de Ushuaia, según pudo determinar la Justicia de Vera.
En Calchaquí.
El juez de Instrucción de Vera, Luis O. Silva, lleva realizadas una docena de indagatorias en la investigación por el presunto cobro ilegal de infracciones de tránsito en el cruce de Ruta Nº 11 y bulevar Belgrano de Calchaquí. Además, se encuentra a la espera de los resultados de una auditoría contable en el municipio, entre otras tantas medidas de prueba que ya fueron practicadas.
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