Caso Bustos
El dictamen de fiscalía no se opone al traslado de los restos
Con la intervención del organismo que asesora en asuntos legales a la provincia se abre una puerta para que finalmente Córdoba se lleve los despojos que extrajeron del templo de Santo Domingo.
En junio. El féretro fue trasladado a la morgue local donde extrajeron una muestra y, posteriormente realizaron una comparación genética con un pariente vivo del caudillo; el resultado fue negativo. Foto: Mauricio Garín
Salomé Crespo
La Fiscalía de Estado provincial emitió el dictamen Nº 0874, con el que se escribe otro capitulo de la historia que tiene como protagonista al ex gobernador cordobés, Juan Bautista Bustos. Es que, mediante la última intervención del representante legal de Santa Fe, Jorge Barraguirre, las autoridades cordobesas podrían lograr la repatriación de los restos extraídos el pasado 27 de mayo en el templo dominico, a pesar de que no existen pruebas contundentes sobre la identidad de los despojos.
En el acta confeccionada a fines del mes pasado, en ocasión de la última reunión de la comisión formada por representantes de ambas provincias para investigar las actuaciones que terminaron con la excavación y extracción de los restos de la iglesia, se dejó en claro que no hay pruebas suficientes para saber fehacientemente si son los restos de Bustos. Aunque, en la mismo acta, tampoco se precisó si se trataban de los de un notable santafesino, lo que la provincia sí estaría obligada a proteger según consta en los artículos 41 y 75 de la Constitución Nacional.
“Para poder interferir sobre una decisión federal y de la Orden de los Predicadores se necesitará algo más que una simple duda acerca de la de autenticidad de los restos hallados. La Provincia deberá demostrar que existe evidencia clara y convincente que demuestra que se tratan de restos y vestigios de su patrimonio histórico-cultural y arqueológico”, precisa el representante legal de Santa Fe en el dictamen.
Por lo tanto, Barraguirre considera que “el deber de no obstaculizar el traslado (...) no cae bajo la letra de la Ley 7.723”, que obliga a Santa Fe a colaborar con el traslado de los restos en caso de lograr identificarlos claramente sino, bajo el principio general de cooperación interprovincial que manda “no interferir con las relaciones establecidas entre la provincia hermana de Córdoba, la Orden de los Predicadores y la autoridad federal en materia de monumentos históricos”.
Consultado al respecto, el fiscal de Estado señaló que “el traslado queda bajo la responsabilidad de Córdoba, de la Comisión Nacional de Monumentos Históricos y de los dominicos”.
La misma historia comenzó cuando Juan Manuel de la Sota era gobernador de Córdoba y ordenó a sus funcionarios retomar la búsqueda de los restos de Bustos que, según testimonios y documentos históricos, fue sepultado en la Iglesia de Santo Domingo (San Jerónimo y 3 de Febrero) en la primera mitad del siglo 19.
Salvo que...
Si bien, según el dictamen, Córdoba podría llevarse el féretro con los restos, el fiscal realiza una declaración unilateral reservando derechos de Santa Fe en función del principio de “precaución”.
En tal sentido afirma que “atento el resultado de la labor de la Comisión, la medida de no interferir debe enmarcarse en la declaración final efectuada y subordinarse al resultado de las nuevas investigaciones que se sigan”. Es decir que, de continuar las investigaciones y probar que los restos extraídos pertenecen al patrimonio provincial, Santa Fe estaría en condiciones de iniciar acciones para proteger los despojos en cuestión.
A su vez, en el primer dictamen que emitió la Fiscalía sobre el tema se dejó salvado que los deudos de los santafesinos enterrados en el templo y que no son patrimonio histórico cultural de la provincia también pueden oponer acciones para evitar que se lleven sus antepasados.
Finalmente, como órgano de asesoramiento legal del Poder Ejecutivo, la fiscalía recomienda que junto a las entidades y organizaciones no gubernamentales con interés directo en el tema, se “delibere y se proponga un texto normativo acerca de los alcances jurídicos de la declaración de un bien como bien cultural”.
Sin pruebas concluyentes de que sea Bustos
En el extenso informe que emitieron los investigadores santafesinos sobre el caso Bustos, aclararon que no hay pruebas contundentes sobre la identidad de los restos encontrados. Los especialistas locales abordaron la revisión de lo actuado desde diferentes áreas y polemizaron con los argumentos de los cordobeses que realizaron la extracción.
El arquitecto Luis María Calvo se concentró en el análisis de los entierros que se realizaron en el templo entre 1661 y 1850. En total informó 830 sepulturas de las cuales 565 pertenecen a hombres y 265 a mujeres; 18 sacerdotes, 31 terciarios de la orden y 154 vecinos.
La arquitecta Adriana Collado se ocupó de reconstruir la secuencia arquitectónica del edificio y estudió los cambios que sufrió el mismo a través del tiempo. En las conclusiones, Collado sostuvo la hipótesis de que “el Brigadier Bustos no haya sido sepultado en el templo sino en el cementerio” del templo, pero ésto es sólo una hipótesis “sin otro fundamento que el sentido común”.
Por su parte, el arqueólogo Gabriel Cocco analizó los estudios de georradar y las excavaciones. “Las prospecciones realizadas en la nave mayo, no son representativas del registro material que puede haber en el subsuelo de la iglesia”, aportó Cocco.
El historiador Alejandro Damianovich se ocupó de verificar el tipo de herida que habría recibido el Brigadier General Juan Bautista Bustos y llegó a varias conclusiones entre la que se destaca la que afirma que “no hay elementos testimoniales que otorguen certeza a cualquier intento de relacionar la historia de vida de Juan Bautista Bustos con los restos óseos exhumados en Santo Domingo”.
Para poder interferir sobre una decisión federal y de la Orden de los Predicadores se necesitará algo más que una simple duda acerca de la de autenticidad de los restos hallados. La provincia deberá demostrar que existe evidencia clara y convincente que pruebe que se tratan de restos y vestigios de su patrimonio histórico-cultural y arqueológico”.
Jorge Barraguirre
Fiscal de Estado
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