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editorial

Tarifas y subsidios en energía eléctrica

La Provincia de Santa Fe tiene la potestad de fijar sus propias políticas tarifarias. Sin embargo, la Casa Rosada parece haber olvidado que en 1980 desapareció la vieja empresa Agua y Energía Eléctrica de la Nación.

Con aquel acto, el Estado Nacional -y por lo tanto su Poder Ejecutivo- perdió la potestad de fijar tarifas a los usuarios de todo el país. Terminaron con aquella decisión los tiempos en los que pagaban lo mismo por la energía eléctrica los usuarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), donde hoy el número de habitantes por kilómetro cuadrado es de 14.827, o los de su Conurbano (con 2.693) que los de Santa Cruz (1,1).

Santa Fe posee 24,07 y Córdoba 20, según el último Censo. Son datos que conviene recordar cuando se comparan tarifas eléctricas: ambas provincias tienen valores similares.

La segmentación del mercado nacional de distribución de energía logró mayor eficiencia, pero implicó que los costos sean diferentes según cada jurisdicción y nunca hubo mecanismos compensatorios.

En el país, todas las provincias regulan ese servicio y, según el caso, controlan su prestación por medio de compañías públicas o privadas. La excepción proviene del mercado más importante: la CABA y el gran Buenos Aires. Su concentración de hogares, altos niveles de consumo y subsidios provocan la situación eléctrica más rentable (que sigue en manos privadas).

Las diferencias entre los porteños y el interior en manteria eléctrica nacieron en los ‘80, pero se ahondaron en las tres décadas siguientes: en los ‘90 se crearon subvenciones para hacer atractivas las privatizaciones y desde entonces es el Estado Nacional (no la ciudad de Buenos Aires, ni esa Provincia) quien paga lo consumido por los casos sociales.

Luego, con el estallido de la Convertibilidad en 2001, se crearon subsidios a la generación para atenuar los efectos inflacionarios de la actualización natural de las tarifas a los nuevos costos del dólar libre. Diez años después esas contribuciones se hicieron económicamente insostenibles.

Recién ahora, al cabo de 8 años de gestión nacional (y de dos victorias del PRO en capital) se descubrió que era una injusticia que el conjunto de los argentinos sostenga los privilegios metropolitanos (también en transporte, gas y saneamiento).

Es cierto que los márgenes de autonomía de las provincias respecto de la Nación no son absolutos. Los gobiernos provinciales son responsables del último eslabón de un monopolio natural que tiene otras dos instancias previas, igualmente importantes, pero bastante menos expuestas a la opinión pública: la generación de energía (el 60% en manos de empresas privadas que la producen con gas) y el transporte de la energía a cargo de la firma Transener.

De todas formas, es inadmisible la amenaza del gobieno nacional de encarecer la energía que la EPE compra en el mercado mayorista si no se obedecen sus instrucciones tarifarias. El Senado santafesino (aún con mayoría kirchnerista) ha mostrado su preocupación al respecto y acompañado la posición del gobierno provincial de sostener su autonomía.



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