Edición del Martes 20 de diciembre de 2011

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Por las fotomultas de Calchaquí

El Defensor del Pueblo destacó la labor del juez y fiscal de Vera

El Dr. Edgardo Bistoletti hizo un balance de las denuncias promovidas por la Defensoría durante este año, a raíz del funcionamiento presuntamente irregular de radares de tránsito en Calchaquí y Carcarañá.

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“No conozco al juez ni al fiscal de la causa, pero realmente han trabajado muy bien”, dijo el Defensor del Pueblo. Foto: Archivo El Litoral

Juliano Salierno

jsalierno@ellitoral.com

Este año, la Defensoría del Pueblo de Santa Fe tomó cartas en el asunto ante las presuntas irregularidades de las que son víctimas los ciudadanos, por el cobro de multas por el sistema de radares o fotomultas en las rutas que atraviesan el territorio provincial.

Dos denuncias penales impulsadas contra los municipios de Calchaquí, en el norte, y Carcarañá, en el sur, derivaron en investigaciones, que con distintos resultados, acrecentaron la preocupación por el tema.

Como consecuencia del trabajo realizado desde el órgano encargado de bregar por los derechos ciudadanos, el Defensor Edgardo Bistoletti realizó un balance de lo acontecido, al tiempo que se mostró preocupado por el negocio dejado al descubierto, y felicitó a las autoridades judiciales de Vera por su puntillosa labor.

“Son dos denuncias” ratificó Bistoletti. “Comenzamos con la de Calchaquí porque llegaron un montón de denuncias de la zona norte” y de otros puntos del país, por infracciones labradas en el ejido urbano por Ruta 11. Los trabajos tuvieron por resultado “un expediente bastante voluminoso” con permanentes consultas “a la Agencia Provincial de Seguridad Vial”, se explayó.

Con su experiencia de magistrado como lastre -fue juez correccional en Rosario-, Bistoletti se encargó de decir que por el momento “surgen presuntas irregularidades” que “supuestamente podrían constituir delitos perseguibles de acción pública”. A causa de eso “hicimos una resolución, acompañamos las copias del expediente que teníamos nosotros y se las enviamos al fiscal de Vera -Gustavo Gon-, al fiscal de Cámara -José A. Mántaras- y al procurador de la Corte -Agustín Bassó-”.

“La parte del león”

“No conozco al juez ni al fiscal de la causa, no sé quienes son, pero realmente han trabajado muy bien”, destacó Bistoletti. “Como Defensor del Pueblo me siento orgulloso de tener una Justicia que haya trabajado de esta forma. Se tomaron indagatorias y ahora está en proceso judicial y por lo tanto debemos apartarnos porque no podemos intervenir. Entiendo que se ha trabajado excelentemente bien y que se sigue trabajando”, dijo.

Al momento de realizada la entrevista, el Juzgado de Instrucción de Vera se encontraba vacante, puesto que al juez Silva se le había vencido la subrogancia y todavía no había asumido el Dr. Ireneo Berzano. Por eso, consultado sobre su preocupación al respecto, el Defensor reconoció que “es una investigación muy importante de mucha trascendencia. Se está hablando de una cantidad de dinero que a veces asusta, de millones de pesos e incluso de millones de dólares. Se está hablando incluso que hay organizaciones de Buenos Aires que serían los beneficiarios de la parte del león de todos esto, es decir de un 70%, mientras que el 30% restante quedaría en el lugar, no precisamente en la provincia”.

No obstante aclaró no saber “qué ingresos tiene ese dinero en Calchaquí, eso es parte de la investigación. Ojalá la persona que esté designada ahí trabaje tan bien como el juez de la causa, Octavio Silva, que lo debo felicitar a él y al fiscal Gustavo Gon”, reiteró.

En Carcarañá

La denuncia de julio de este año en Vera “trajo como consecuencia un caso similar en Carcarañá, que es una localidad cercana a Rosario. Lo de Carcarañá es parecido, no igual y también habría gente de Buenos Aires que podría formar distintas sociedades vinculadas”, remarcó Bistoletti.

“Las multas de Carcarañá pertenecen a un período anterior, cuando yo no estaba como Defensor del Pueblo”, recordó el ombudsman santafesino.

“Aunque las multas son de períodos anteriores y no actuales como las de Calchaquí, en este caso también notificamos al procurador Bassó y al fiscal de Cámara de Rosario” y el caso quedó a cargo del juzgado de Cañada de Gómez.

“Que no pague”

Consultado sobre el aval o apoyo político de las empresas que articulan con los municipios y comunas para el cobro de las multas, el Defensor se limitó a dejar planteadas sus sospechas. “Creo que esto podría tener algún tipo de conexión y paradójicamente la parte organizativa de todo esto viene de Buenos Aires. No sé cuál es la conexión y cómo llegó a estructurarse todo esto para acercarse a las distintas localidades para ‘venderle’ este negocio”, destacó.

Y avanzó diciendo que “si usted se fija en la página de la Defensoría -www.defensorsantafe.gov.ar- hay un ítem referido a la Seguridad Vial, donde figuran los radares habilitados, y para qué están habilitados y son muy pocos realmente. Todos los demás no están habilitados y le digo a la gente que no lo pague”.

Cuenta millonaria en Calchaquí

Antes de dejar su cargo como juez subrogante en Vera, Luis Octavio Silva hizo un balance de la investigación en curso por las presuntas irregularidades en el sistema de fotomultas que funcionó entre 2008 y mediados de 2011 en Calchaquí.

El magistrado detectó una cuenta corriente en Banco Nación, a nombre de la firma Contactar Telecenter SA de la que se extrajeron desde septiembre del 2008 a agosto del 2011 la suma de $ 4.906.000, cifra que al parecer correspondería a la recaudación por multas.

La causa, por el presunto cobro ilegal de fotomultas en esa jurisdicción, tiene como imputados al intendente de Calchaquí, Rubén Cuello; el secretario Institucional del municipio, Fabricio Ocampo; el secretario del Juzgado de Faltas, Sergio Catán; el juez de Faltas de Calchaquí, Manuel Valiente; una empleada del Juzgado de Faltas; cuatro inspectores de tránsito y tres particulares que representan a las empresas concesionarias del servicio.

La denuncia radicada a mitad de año por el Defensor del Pueblo, Edgardo Bistoletti, abona la hipótesis de “la presunta ilegalidad de numerosas infracciones de tránsito relevadas mediante dispositivos automáticos de control vial asociados al semáforo instalado en la intersección de la Ruta Nac. Nº 11 y Bv. Belgrano de Calchaquí, sancionadas con multas y recaudadas por la Municipalidad y/o por el Juzgado de Faltas”.


Allanamiento en Carcarañá

Una intimación de pago recibida en septiembre en la Defensoría del Pueblo, por una infracción cometida por un vehículo oficial el 10 de noviembre de 2008, generó la reacción del titular del organismo. El Dr. Edgardo Bistoletti denunció penalmente las presuntas irregularidades puestas de manifiesto en la notificación, como por ejemplo, que el domicilio legal de pago de la multa haya estado en Capital Federal y que el dinero deba depositarse en una cuenta del Banco Nación cuyo destinatario directo no era el municipio.

A mediados de noviembre último, el juez de Instrucción de Cañada de Gómez, Rodolfo Sbala -actualmente juez en Rosario- ordenó allanar la Municipalidad de Carcarañá, a través de la Tropa de Operaciones Especiales.

De la documental recibida hasta ahora surge que la Agencia Provincial Seguridad Vial hizo una auditoría a mediados de 2008 para verificar si los radares estaban autorizados o no; y un año más tarde -abril de 2009- le recomendó al municipio para suspender el funcionamiento.

El mes pasado, el fiscal de Cañada de Gómez, Ángel Granato, participó de la verificación para comprobar la existencia o no de un radar en la intersección de la ruta 9 y la calle Santa Joaquina, de Carcarañá. Además, se secuestraron actas de multas registradas en el Tribunal de Faltas de esa localidad, desde abril de 2009, a noviembre de 2011, fecha en que se emprende la investigación.

También en Emilia.

Dos empresas, Estrategic Group SA y Distribuidora Sertran SA, a cargo de Alejandro José Abeliansky y Virginia Mónica Guala, también estarían relacionadas al radar que funcionaba en la localidad de Emilia, a la altura del km 523,5 de la Ruta 11. Atento a los resultados en un allanamiento a un estudio jurídico de Santa Fe, el juez de Vera envió un oficio a los tribunales santafesinos para que se investigue. La causa, impulsada por el fiscal Nº 6, Rubén Díaz, el 4 de octubre, está radicada en el Juzgado de Instrucción Sexta de Sergio Carraro, y las medidas solicitadas por el fiscal se encuentran en curso.



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Martes 20 de diciembre de 2011
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