EDITORIAL

Abusos contra los jubilados

La colocación de topes a las tasas de interés que mutuales y cooperativas cobran por préstamos a jubilados significa poner coto a una intolerable situación de usura, basada en las apremiantes necesidades de los ancianos y amparada en un mecanismo facilitado por el propio gobierno.

Precisamente, las entidades otorgantes -usualmente, financieras que operan bajo la fachada de organizaciones con fines sociales o comunitarios- tienen convenios con Ansés, que les permiten ofrecer préstamos a sola firma de los interesados, con la mera presentación del DNI y una boleta de servicios, y sin los engorrosos y en ocasiones prohibitivos requisitos de garantía que rigen de manera habitual. Esto es posible porque, precisamente, la garantía está provista por el propio organismo previsional, con los mismos haberes de los jubilados y a través de los llamados “códigos de descuento”, que permiten la detracción instantánea del importe de las cuotas a cargo de la burocracia estatal.

El problema es que esta facilidad otorgada a las entidades -pensada en realidad para asegurar a los beneficiarios el acceso al crédito- generó como correlato verdaderos excesos, con tasas por encima del 100 % anual y efectos confiscatorios sobre los sueldos de los pasivos. Se trata exactamente del mismo cuadro registrado en su momento en nuestra provincia con respecto a los agentes del Estado, que obligó a un replanteo de todo el sistema.

En cuanto a los jubilados, cuyos pasividades continúan siendo magras pese a los publicitados incrementos periódicos y al multifuncional superávit de Ansés, su estado de necesidad fue aprovechado de manera inescrupulosa por los prestamistas, quienes se abalanzaron sobre una clientela de cobro asegurado con intereses que superan de manera escandalosa los vigentes en el mercado; aún considerando que éstos últimos computan niveles de riesgo aquí inexistentes.

En consecuencia, la disposición anunciada por la presidenta -limitando no solamente las tasas, sino también la proporción de los haberes que pueden ser afectados- colocó por fin una barrera a ésa flagrante injusticia; cosa que organizaciones intermedias y dirigentes políticos y sociales venían reclamando desde hace bastante tiempo.

Sin embargo, quedan en pie otros interrogantes o deudas del gobierno central en la materia. En primer lugar, y tal como fue planteado en algunas columnas de analistas económicos, por qué no lisa y llanamente ahorrar el costo de la intermediación haciendo que el Estado preste en forma directa a los jubilados.Y finalmente, y por sobre todo, por qué no utilizar los abundantes recursos de Ansés para mejorar los haberes de los pasivos -por no hablar de cumplir con la obligación constitucional del 82 %- y sacarlos de la condición de necesidad que los expone al abuso, accediendo escasamente y casi a la manera de dádivas a aquello que por derecho les corresponde.