Anonymous lo denuncia

Gran Hermano maneja colectivos

Un grupo de hackers demostró ayer que el sistema de boleto electrónico que implementa el gobierno nacional, desprotege información que debería ser personal. Una fundación ya había advertido sobre los problemas de “invasión a la privacidad”.

De la redacción de El Litoral

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DyN

Las transacciones realizadas por mil usuarios del Sistema Único Boleto Electrónico (Sube) en capital y Gran Buenos Aires, fueron difundidas en Internet por un grupo denominado “anons.ar” que, de ese modo, buscó demostrar que los datos de las personas “están prácticamente al alcance de cualquiera”.

El boleto electrónico implementado por el gobierno nacional, exige la identificación de quien tramita la tarjeta magnética y supone aceptar que el Estado -a la manera de un Gran Hermano- podrá conocer todos sus movimientos. Pero además esos movimientos personales quedan expuestos en Internet.

Entre la necesidad de supervisar la justificación del subsidio y la invasión a la privacidad, la denuncia de los hackers se inclina por esto último. Exigieron que las tarjetas “sean anónimas” e instaron a los usuarios a que “no se dejen controlar, no consuman la información que les venden” y a informarse “por sus propios medios” para “lograr un mundo más justo”.

Pese a la acción más amplia de “anons.ar”, difundida en el sitio pastehtml.com, el portal www.sube.gov.ar entrega esa misma información, sin contraseña alguna, a quien escriba el número de una tarjeta.

“Todo lo que Sube... tiene que bajar”, fue la frase elegida para encabezar el manifiesto de “anons.ar” que establece que “el proyecto monedero virtual (Sube) impuesto por el gobierno argentino exige identificación por DNI cuando no es necesaria y luego rastrea cada uso de esta tarjeta, creando una base de datos del ir y venir de cada ciudadano”.

Privacidad postergada

En el detalle difundido por “Anons.ar”, que circuló profusamente por la web, se puede observar que en el Sube queda registrada la fecha, la hora, el transporte utilizado, el interno, el importe pagado por el boleto y el saldo restante de la tarjeta. “Somos Anonymous. Somos legión. No perdonamos. No olvidamos. Esperénnos”, finalizó el mensaje del grupo.

En los últimos días, la Fundación Vía Libre había advertido en su sitio que el sistema Sube significaba “el fin de la privacidad”. Al respecto, indicó “el problema que reviste” el “resguardo posterior” de los datos personales, que son controlados por la secretaría de Transporte de la Nación.

La Fundación Vía Libre recordó una frase pronunciada en su momento por el secretario del área, Juan Pablo Schiavi, quien afirmó que la intención de la medida era “saber a ciencia cierta quién es el que verdaderamente requiere tener el subsidio total o parcial de lo que cuesta el boleto de colectivo, tren o subte”.

“Más allá de las medidas evasoras que puedan implementar los ciudadanos para ejercer su justo derecho a la privacidad y al anonimato, el Estado no debería recabar este tipo de información por la sensibilidad de dichos datos”, señaló la entidad.

Controversia

El grupo “anons.ar” dice formar parte de “Anonymous”, la red que se opone a los controles para contrarrestar la piratería. Su acción es controversial para el mundo de la cultura, donde hay opiniones divididas entre los que defienden la difusión libre de contenidos aún cuando estén registrados, y los artistas e industriales en defensa de los derechos de autor, actor o intérpretes. Los anónimos adolecen de su condición por no dar la cara, pero ponen en contraste la “incompetencia y el desinterés demostrado” por las autoridades “a la hora de manejar” la “información privada” de las personas, según detallaron ayer.

/// análisis

La supremacía del poder

Ignacio Hintermeister

Desde el telégrafo a nuestros días, todas las tecnologías de la comunicación y la información tienen génesis o están íntimamente ligada a la industria de guerra de los más poderosos. La teoría preventiva que usó George Bush para justificar la invasión a Irak es la misma que le permite a las agencias de seguridad norteamericanas monitorear llamadas telefónicas o correos electrónicos, en precaución de actividades terroristas.

La escala va del más grande a los menores. El ojo que todo lo ve se ha instalado y genera controversias incluso en las escuelas; cámaras de vigilancia que pretenden ofrecer seguridad, amenazan la vida privada de los más chicos. Si no en las aulas, en la puerta de los establecimientos educativos.

Cualquier persona que usa una tarjeta de crédito o débito, entrega información sobre lo que consume, a qué hora, en dónde. Los GPS registran mediante satélites la circulación de los vehículos y la disponibilidad de caminos, así como la tarjeta de estacionamiento delata presencias. Las telefónicas acumulan detalles de llamadas y ubicación de los celulares. Las cuentas electrónicas personales ofrecen fotos, videos, contactos y hábitos concedidos por sus “propietarios”. La Afip registra datos biométricos.

El Acta (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) es un Acuerdo comercial antifalsificación promovido por las industrias del cine y la música para evitar la piratería que roba derechos de autor en los países que adhieran. Pero la iniciativa multilateral podría “legalizar” un desmesurado poder de vigilancia a manos de las empresas proveedoras de Internet, todo con fronteras “virtuales” que desafían las competencias de policía, propias de los Estados nacionales.

Un gobierno puede justificar el objetivo de llegar sólo a los a los más necesitados con un subsidio; ¿choca con los derechos civiles cuando para eso justifica y desprotege la información privada de los ciudadanos? Es una controversia ínfima de un escenario ineludible.

El que tiene el poder actúa; la tecnología en manos de gobiernos y corporaciones es un hecho que se administra -bien o mal- a discreción. El debate sobre los derechos civiles viene después.