Violencia en el norte de Brasil
La huelga de policías en
Bahía ya dejó 59 muertos
La huelga comenzó el miércoles y el gobierno se niega a negociar hasta que no la levanten. Piden aumentos de salarios y mejoras en las condiciones laborales.
Miembros del ejército detienen a un joven en las calles de Bahia. Foto: Telam
Ana María Pomi - DPA
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La huelga policial que desde hace cuatro días realizan unos 10.000 agentes de la Policía Militar de Bahía, noreste de Brasil, dejó un saldo parcial de 59 muertos y parece estar lejos de terminar, ya que el gobierno se negó en las últimas horas a negociar con los huelguistas y los acusó de promover “el baño de sangre” que mantiene paralizada de miedo a la capital provincial, Salvador.
Iniciada el miércoles pasado por la Asociación de Policías y Bomberos de Bahía (ASPRA) en demanda de mejores condiciones de trabajo y aumento salarial, la huelga sumió a Salvador y región metropolitana en un estado de inseguridad que llevó al gobierno federal a anunciar el envío de unos 3.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Fuerza Nacional de Seguridad, quienes patrullan las calles armados con metralletas y fusiles.
Entre las víctimas mortales está un policía que fue ejecutado con 15 tiros dentro de su propio vehículo, y el percusionista del famoso conjunto musical afrobrasileño Olodum, Denilton Souza Cerqueira, quien fue baleado cuando regresaba a su casa y fue abordado por dos hombres que intentaron robarle la moto en la que viajaba.
Además de las muertes, que aumentaron un 117 por ciento en relación al mismo periodo del año pasado, los asaltos, saqueos, robos de automóviles y atentados contra patrulleros y autobuses proliferaron en la ciudad, que fue la primera capital de Brasil y en la que viven más de dos millones y medio de personas.
También se registraron violentas acciones delictivas en ciudades del interior, donde fueron baleados varios comercios, entre ellos dos agencias bancarias, una tienda de ropa, una clínica médica y una filial de la TV Globo.
Los huelguistas, cuya entidad no está reconocida por las autoridades provinciales, desacataron una orden judicial que declaró ilegal la paralización y permanecen acampados en la puerta de la Asamblea Legislativa, a la espera de que el gobierno provincial los atienda para negociar.
“La palabra es negociación”, resumió el presidente de ASPRA, Marco Prisco.
“Era importante que el gobierno se sentara a negociar, incluso porque esta huelga ya se enraizó. Las fuerzas federales no van a poder contener esta huelga en todo el estado”, agregó Prisco, quien tiene orden de prisión judicial junto a otros 11 agentes de la policía militarizada que se adhirieron a la medida.
Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública de Bahía informó que tanto el gobernador Jaques Wagner, como el secretario del organismo, Maurício Barbosa, no atenderán el pedido porque consideran que la asociación es ilegítima y que los actos de vandalismo están siendo promovidos por los propios huelguistas.
El gobernador provincial, correligionario de la presidenta Dilma Rousseff en el Partido de los Trabajadores (PT), llegó a acusar hoy en rueda de prensa a los huelguistas de promover “un baño de sangre” en la ciudad para atemorizar a la población y hacer que el gobierno “sucumba al movimiento”.
También afirmó que no concederá la amnistía militar a todos los agentes que participan de la huelga, tal como se exige, como condición sine qua non para finalizar con la paralización, en la plataforma reivindicativa de los manifestantes.
“No veo cómo amnistiar o perdonar a quien cometió delitos de vandalismo o de amenaza de muerte. No hay acuerdo conmigo”, aseveró. “No es posible que los gobernantes sean amenazados por policías empuñando armas”, enfatizó.
También negó cualquier posibilidad de negociación, aclarando que lo que se cuestiona no son las reivindicaciones sino la forma como están siendo abordadas.
Entre las reivindicaciones está el pago de la llamada Gratificación de Actividad Policial Militar, que incrementaría el ingresos de los agentes; la implantación de partidas extras por peligrosidad e insalubridad de la actividad; y la reglamentación de un plan de carrera y de salarios. ASPRA se negó a participar de dicha reunión.
Por su parte, el comando de la Policía Militar también rechazó la posibilidad de negociar con los huelguistas, alegando que existen razones para sospechar de que algunos de ellos están participando de las acciones delictivas.
Como parte de las medidas tendientes a combatir la ola de violencia, la presidenta Rousseff decretó la situación de Garantía de la Ley y del Orden, con lo cual los delitos cometidos en el marco de la paralización configurarán delitos federales, los acusados serán conducidos a cárceles federales y no se contemplará su condición de militar.
