El “caso Ironici”

DNI: a los cambios los hace un juez

De la redacción de El Litoral

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La entrega del primer documento nacional de identidad a una persona transexual, realizada el lunes pasado en un acto encabezado por el gobernador Antonio Bonfatti, desató una inesperada polémica puertas adentro del Estado. Esto es porque, tal como se dijo en la oportunidad y se publicitó por distintos medios, la versión oficial es que el trámite se hizo -y por lo tanto, de ahora en más podrá hacerse- solamente por la vía administrativa. El problema es que esto no fue estrictamente así.

De hecho, la emisión del DNI a nombre de Alejandra Ironici, de sexo femenino, a la persona antes documentariamente conocida como Víctor Alejandro, de sexo masculino, fue tramitada ante el juzgado civil y comercial de primera instancia de la primera nominación, a cargo de la jueza subrogante María Marcela Aylagas.

Y esto fue así porque de esa manera lo ordenó la Corte Suprema de Justicia, en una acordada de agosto del año pasado, en el que se expidió sobre el decreto 1.245 del Poder Ejecutivo. En el decreto, y con profusa fundamentación de las razones, el Poder Ejecutivo -por entonces a cargo de Hermes Binner- instruyó al Registro Civil para que rectifique la partida de nacimiento de Ironici, “previa homologación judicial” de la norma.

Al pronunciarse sobre el decreto, la Corte se remitió a la ley 17.671 de Organización del Registro Nacional de las Personas, que a la vez deriva a la ley provincial; en este caso, la de creación del Registro Civil. La norma, en sus artículos 113 a 116 determina el procedimiento de rectificación de partidas y la competencia del juez en cuya jurisdicción esté radicado el registro a modificar.

El gobierno actuó en consecuencia, y la modificación del DNI se llevó a cabo, pero no por vía administrativa -como se dijo- sino judicial, que es lo que marca la ley vigente.