EDITORIAL

Corrupción en la Policía

El caso de la presunta extorsión a un corredor inmobiliario de nuestra ciudad por parte de dos oficiales de policía volvió a poner sobre el tapete -y en los titulares periodísticos- el remanido tema de la corrupción en la fuerza, cuyos alcances se remontan de manera indefinida en el tiempo y abarcan todos los rangos.

El episodio se suma, de esta manera, a una larga lista que incluye desde rapiñas y abusos policiales, hasta la participación en verdaderas organizaciones mafiosas o el enriquecimiento ilícito de miembros del alto mando, como parte de un complejo entramado que involucra vinculaciones con el mundo del delito, complicidades políticas y una estructura verticalista que durante décadas se sustrajo a la autoridad civil.

El pasado y el presente de la corrupción policial despliegan así una impresión de generalidad y hasta de fatalismo, que tiende a cubrir injustamente a los agentes que cumplen fiel y esforzadamente con su deber, y a los jefes con vocación democrática y de servicio, y fortalece en la comunidad la idea de que esto es así, y de que además no puede hacerse nada al respecto.

A la luz de todo ello, y de un contexto internacional que no es ajeno a los vicios señalados, cobra particular preponderancia la existencia y el desempeño de la Dirección de Asuntos Internos.

Descripto como una suerte de “policía de la policía”, es un organismo de control interno -se ha preferido no dar el paso de ponerla a cargo de un civil- que, a los efectos de cumplir el cometido que lo define, debe garantizar no sólo la honestidad e incorruptibilidad de sus miembros, sino la debida diligencia en la vigilancia e imprescindible premura en los trámites para transmitir confiabilidad y alentar a que los damnificados realicen las denuncias de rigor.

En la provincia de Santa Fe, la estadística favorece a la repartición en términos de imagen pública, aunque su trayectoria arrastra también algunos “descuidos” o demoras inexcusables. Así, es posible computar hoy 197 investigaciones en curso: 45 de ellas abiertas sobre 49 agentes sospechados de enriquecimiento ilícito -19 de ellos oficiales de alto rango-, otras 24 por posible complicidad de policías con narcotraficantes y el resto por la comisión de diversos delitos. Como contracara, los tiempos que demandan las diligencias y la escasez de resultados en muchos casos, amerita una acción más enérgica: el reemplazo del director de Asuntos Internos en diciembre pasado tuvo como detonante el retraso en la indagación sobre el presunto enriquecimiento de un jefe policial (tres años), en tanto que de 2006 a 2011 sólo se remitieron seis denuncias de ese tipo a los tribunales.

El mensaje de la actual conducción del ministerio de Seguridad -que retomó el contacto directo con Asuntos Internos, dejando de lado la intermediación de la subsecretaría de Control creada en la gestión anterior- es que apartarse de la ley tiene consecuencias. El tiempo dirá si las acciones están a la altura de esta declaración de principios.