Alberto Muñoz, del Ente Regulador de los Servicios Sanitarios
Aguas: el titular del Enress pide
“debatir a fondo la regulación”
Las empresas públicas ¿deben o no ser reguladas y controladas? Ésa es la pregunta que pide para un debate social, político y legislativo el funcionario que tiene a su cargo la regulación.
De la redacción de El Litoral
“Hay regulación, hay un ente de control y hay una audiencia pública con participación... pero marche preso. Creo que es negativo que a la gente le quede esa sensación, por eso pienso que hay que discutir la cuestión de fondo: ¿hay o no hay que regular los servicios sanitarios en la provincia?”, reflexiona el titular del ente Regulador de los Servicios Sanitarios (Enress), Alberto Muñoz.
El titular del ente de control entiende que por cómo se resolvió el último aumento de Aguas Santafesinas SA (Assa) quedó abierto “un necesario debate”.
En pocas palabras, con la suba tarifaria ocurrió lo que dijo Muñoz: se aplicaron las normas regulatorias, actuó el Enress, se celebró una audiencia pública donde participaron todos los que lo deseaban y la autoridad de aplicación, es decir, el Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente tomó sólo parcialmente la resolución 816/11 del ente de control.
A mediados de enero de este año, el ministro Antonio Ciancio terminó el proceso de discusión de la tarifa de Assa que se había iniciado en noviembre con el pedido de aumento de la empresa y contó con una audiencia pública que se celebró, el 6 y 7 de diciembre en Rosario y Santa Fe.
Ciancio en los considerandos de su resolución citó la posición del Ente, pero en la parte resolutiva desestimó los topes propuestos por el Ente para cada banda de usuarios y relativizó la condición de colocar medidores y realizar obras.
Fricciones
“Nunca la discusión de un aumento tarifario está exenta de fricciones”, sostiene Muñoz y agrega: “Sobre todo porque la dimensión de la propuesta que realizaba Assa era del 138 %, pero en virtud de todo el proceso de discusión realizado, el Enress llegó a proponer un aumento menor, progresivo, escalonado según franjas de usuarios y atado a la realización de obras de Rehabilitación y Mejoras como a la colocación de medidores. Ésas fueron demandas manifiestas de los usuarios en las Audiencias Públicas”, recordó Muñoz.
“Como la resolución del Enress sirve de sustento al acto ministerial y sin embargo no es acabadamente tenida en cuenta -en virtud de que las autoridades se basan en el carácter ‘no vinculante’ (Contrato Transitorio Decreto 1.358/07 y 42.624/09, que vencía tres días después)-, creo que llegó el momento de asumir la discusión de fondo: las empresas públicas ¿deben o no ser reguladas y controladas?”, interroga el funcionario que tiene a su cargo la regulación.
“Éste es un año ideal: no hay elecciones. Mi idea es que haya un proceso de discusión de 6 meses, acordado con las Cámaras, para un debate público, con los usuarios y sus organizaciones, las coopertivas, las municipalidades y las comunas”, plantea.
Un monopolio
“Se ha utilizado -dice Muñoz- el argumento de que las empresas ya no son privadas para plantear que no se necesita un organismo técnico especializado en regulación, control y planeamiento. El cambio de paradigma de lo privado a lo público sirve de excusa”.
Muñoz advierte que si concedente y concesionario son la misma cosa: “¿Puede autorregularse el dueño de los servicios?”. Pregunta si habrá sanciones al momento de incumplir con una meta (y prefiere no mencionar lo que ocurre con la EPE).
Del mismo modo, cuestiona: “¿Es razonable que la relación entre precio y calidad de los servicios sea fijada por el dueño de la empresa?”.
Para responder al fondo de la cuestión, ¿regular o no regular?, el titular del ente de control, dice que “si bien la regulación nació en el marco del proceso privatizador su principal razón de ser no está en el carácter público o privado de la empresa concesionaria, sino en el hecho de que se trata de monopolios naturales”.
Y agrega: “Un usuario de agua o cloacas no puede recurrir a otra empresa en caso de abusos o malos servicios, está compelido a mantenerse en la misma ya que no hay competencia posible”.
Por otra parte, “la empresa pública no está exenta de externalidades. Así como en el modelo privado la lógica búsqueda de rentabilidad de los accionistas podía inducir ineficacias, falta de cumplimiento de obras o deterioro de la relación entre precio y calidad en el modelo público también lo está sujeta a distintas necesidades políticas como el orden de prioridades que cada gobierno le da a sus inversiones”.
¿Sólo un consejo?
“En el modelo anterior, el privado buscaba rentabilidad, en el público el Estado salud y debe decirse que sus inversiones en Assa aumentaron de 2006 a 2011, ¿pero qué pasa cuando no alcanza?, como lo demuestran los indicadores del servicio, ¿debe un regulador exigir mayor inversión para cumplir con los objetivos de calidad, cantidad, regularidad y continuidad o debe comprender las limitaciones? Para los que creemos en el proceso regulatorio la tensión regulador-regulado lejos de ser una interferencia es un ciclo que tiende a la mejora continua de los sistemas”, afirma Muñoz.
“En un mundo, un país y una provincia sedientos de regulación -destaca- creo que llegó la hora de discutir si las empresas públicas deben o no ser reguladas y controladas, si la participación declamada en las audiencias públicas merece respeto o no, si una empresa pública se la debe sancionar por incumplimiento o se debe ser permisivo con ella, si la relación entre el precio y la calidad del producto es o no la correcta, si las resoluciones del ente son sólo un consejo o son vinculantes”.
