Quiere sumar empleados y legisladores

Rubeo propuso cambios al Consejo de la Magistratura

El presidente de la Cámara de Diputados pretende que cada estamento elija sus representantes con voto directo de sus afiliados. También quiere facilitar el ingreso de abogados de la matrícula a la Justicia santafesina.

De la redacción de El Litoral

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Por ahora, es un proyecto de ley del presidente de la Cámara de Diputados, el justicialista Luis Rubeo, que apunta a modificar un decreto del Poder Ejecutivo que puso en marcha un Consejo de la Magistratura para proceder a seleccionar los candidatos a jueces y camaristas que luego el gobernador debe enviar a la Asamblea Legislativa.

“Hoy, el proceso es lento y engorroso; además de limitar el acceso de muchos profesionales”, afirmó el autor que propone que el Consejo sea presidido por el secretario de Justicia y esté integrado por los Colegios de Abogados, Magistrados, empleados del Poder Judicial, Facultades de Derecho de las Universidades Nacionales con asiento en la provincia y legisladores, tanto de la Cámara de Diputados como de Senadores, los que formarán parte del cuerpo colegiado entrevistador.

También entiende que “hace a la democratización del Poder Judicial garantizar el acceso a la magistratura a aquellos abogados que han ejercido intensa y responsablemente su profesión y que nunca se desempeñaron en cargos remunerados por el Poder Judicial Nacional o Provincial. Sólo así posibilitaremos una renovación acorde con las transformaciones sociales que se producen”.

Rubeo explicó que según su proyecto “los representantes de cada una de las corporaciones e instituciones durarán dos años en sus funciones y serán elegidos mediante el voto directo de sus pares” y propone que “uno de cada tres concursos deberá ser convocado exclusivamente para abogados de la matrícula provincial que nunca se desempeñaron en cargos remunerados por el Poder Judicial Nacional o Provincial”.

Recordó que hoy el actual sistema de selección de magistrados “no prevé la participación de los representantes elegidos por el pueblo ni la participación popular y ciudadana” pero también cuestionó que los cuerpos colegiados deben integrarse para cada concurso lo que -a su entender- “hace que el proceso sea mucho más lento y engorroso quedando numerosos juzgados vacantes por largo tiempo”.

Una autolimitación por decreto

El artículo 86 de la Constitución Provincial determina que el Poder Ejecutivo tiene la atribución de nombrar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, los vocales de las Cámaras de Apelación y los jueces de primera instancia con acuerdo de la Asamblea Legislativa.

En la provincia de Santa Fe, el decreto Nº 2.952/90 creó el Consejo de la Magistratura como organismo asesor no vinculante del Poder Ejecutivo. Luego, el decreto 0164 del ex gobernador Hermes Binner estableció un nuevo formato para ese instituto. En los fundamentos del proyecto, Rubeo describe cómo se hace el proceso de integración y selección destacando que “el actual sistema no prevé la participación de los representantes elegidos por el pueblo ni la participación popular y ciudadana en este mecanismo de selección”.

Añade que “si bien puede argumentarse que la intervención de los legisladores se da a través de la Comisión Bicameral de Acuerdos y la posterior Asamblea Legislativa, no es menos cierto que la no participación de los representantes del pueblo en las etapas anteriores los termina convirtiendo en verdaderos fedatarios de lo actuado por el Poder Ejecutivo asesorado por las corporaciones del sector. Estas corporaciones integran en forma hegemónica el Consejo de la Magistratura quienes envían nóminas de sus representantes que se realizan sin ningún tipo de selección transparente, participativa y democrática”.

El presidente de la Cámara de Diputados advirtió que “los cuerpos colegiados al integrarse para cada concurso hacen que el proceso sea mucho más lento y engorroso quedando numerosos juzgados vacantes por largo tiempo, por lo que proponemos darle continuidad en el tiempo”.

/// análisis

Advertencia

Mario Cáffaro

El proyecto de ley de Luis Rubeo para modificar la composición y el funcionamiento del Consejo de la Magistratura debe ser leído como el intento de un importante sector del justicialismo santafesino en cambiar el órgano que le entrega al gobernador una terna de candidatos para cada cargo vacante en la justicia.

Fue Víctor Reviglio el primer gobernador que se autolimitó creando el Consejo aún contra la opinión de funcionarios de su propio gabinete y nunca cuajaron proyectos de ley sobre ese órgano porque la Constitución provincial reserva al titular del Poder Ejecutivo esa decisión. El Consejo fue sufriendo cambios y el más pronunciado fue al inicio de la gestión de Hermes Binner cuando la Corte Suprema de Justicia se quedó sin la participación que había tenido durante 17 años. Además se sumaron una serie de pasos como la entrevista a los candidatos en la propia ciudad donde aspira a ser juez y con la posibilidad de que asistan los vecinos.

Hasta diciembre del 2015, el justicialismo tendrá el control de la Comisión Bicameral de Acuerdos y de la Asamblea Legislativa, el filtro siguiente a la selección que hace el Poder Ejecutivo. Es que es la Asamblea con sus votos o con sus acuerdos tácitos la que abre la última puerta para ocupar la silla de juez o de camarista.

El presidente de la Cámara de Diputados propone -entre otras cosas- legisladores en el Consejo de la Magistratura y la misma integración del cuerpo durante dos años y no una diferente para cada concurso.

Son avisos y pedidos de cambio de un sector político que se hizo fuerte en la Legislatura y que no quiere ser convidado de piedra para levantar la mano cuando llegan los pliegos de jueces.

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