Escenario cargado de dificultades
Obras públicas: constructores aguardan
medidas que reviertan la crisis actual
No sólo no cobran las obras en tiempo y forma, sino que el desfinanciamiento sigue y complica el futuro de las empresas.
De la Redacción de El Litoral
El panorama de las empresas contratistas de obras públicas de la provincia de Santa Fe es actualmente complicado y plantea un futuro incierto, donde se destaca no sólo la falta de pago de los trabajos realizados sino el desfinanciamiento generado en el sector privado, que viene advirtiendo que si no se encuentra una solución, en las próximas semanas varias de esas firmas no podrán continuar en actividad. Por ende, puede señalarse que habrá un alto costo social, a partir de suspensiones y despidos.
“No sabemos qué ni cuándo vamos a cobrar”, sintetizaron los constructores consultados por El Litoral, al describir el escenario actual. Como sostuvo recientemente este diario, la actividad decayó con fuerza y comienzan a notarse signos inequívocos de disminución de la demanda de mano de obra y se están produciendo despidos en cantidades preocupantes.
Enfrente, el gobierno provincial no puede ocultar la falta de recursos que permitan disminuir la deuda que desde hace varios meses mantiene con las empresas constructoras. En ese sentido, la única posibilidad que se advierte es la emisión de Letras de Tesorería que recién dentro de dos semanas volverá a tener tratamiento legislativo-, pero eso requerirá de un determinado tiempo para implementarse. En tanto, los problemas seguirán aumentando.
Perspectivas
Es moneda corriente escuchar desde el sector privado que las dificultades financieras de la provincia ocasionan también graves problemas del mismo tipo a las empresas, impedidas, a su vez, de cancelar sus obligaciones impositivas y las contraídas con sus proveedores y personal. Los constructores no creen que se utilice un gran porcentaje de ese monto -que se obtendrá con la emisión de Letras de Tesorería- para cancelar la deuda con la construcción.
No obstante, la visión de los empresarios podría comenzar a cambiar a partir de recientes declaraciones del gobernador, Antonio Bonfatti, “No vamos a usar esa plata (las ya mencionadas Letras de Tesorería) para el pago de sueldos”, sino que su destino será achicar la deuda de corto plazo con “proveedores y contratistas”, sobre todo los de obras públicas. Ante el tratamiento legislativo del proyecto del Ejecutivo, el mandatario sostuvo que “cuantos más días pasan, más se retrasa el pago a contratistas y proveedores. Esperamos que el proyecto se aborde a la mayor brevedad posible”, insistió.
Los constructores explicaron la semana pasada a funcionarios de Economía que el gobierno no puede ignorar que el nivel de inflación y los incrementos salariales “debieron ser soportadas por las empresas a su exclusivo cargo, ya que no son reconocidas por fórmula alguna de redeterminación de precios”.
A ello agregaron que para la presentación a cobro de los certificados se debe emitir la facturación pertinente, con lo cual, luego se debe abonar IVA e Ingresos Brutos. Pero el monto final de dicho certificado se termina percibiendo a los seis meses, como mínimo. Allí, sostienen los privados, comienzan los altos costos por gastos financieros que muchas veces colocan a las empresas en una difícil situación ante el Banco Central.
Planteo
Ante esta situación, empresarios del sector explicaron a este diario, que solicitarán a las autoridades provinciales que el valor de las obras se redetermine con los últimos índices disponibles en la Dirección de Variaciones de Costos y en base a este nuevo valor se certifique y pague las obras tal como es práctica habitual en la Dirección de Viviendas. “Estas redeterminaciones deberán tener, en cuanto a vencimientos y forma de pago, igual tratamiento que los certificados de obra”, amplió un vocero del sector. “Las empresas se encuentran sin capital para hacer frente a una obra”, añadió.
Finalmente, se descuenta que si se mantiene el panorama financiero de la provincia, se podrá avanzar hacia una reprogramación de los ritmos de obras, ante lo cual los constructores pedirán que se negocie con cada empresa el nuevo plan de trabajos, reconociendo los mayores gastos que esta reprogramación implica.
