LA JUSTICIA ORDENÓ EL DESALOJO DE SANTA RITA II

La CCC apelará el dictamen porque “no hubo usurpación”

Sebastián Saldaña señaló que la resolución de la Justicia tiene “puntos a favor y en contra”. Para él, “el gobierno permitió la ocupación firmando el primer acta acuerdo, por lo que no hay delito de usurpación”.

Mónica Ritacca

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La resolución dictada por la jueza Sandra Valenti será apelada por los miembros de la Corriente Clasista y Combativa. Sebastián Saldaña, el joven que lidera la organización, manifestó que “contrariamente a lo que opina la jueza, para nosotros no hubo delito de usurpación. Si volvemos el tiempo atrás y vemos cómo ocurrieron los hechos, es claro que el propio gobierno provincial, propietario de las 180 viviendas, permitió la ocupación firmando el primer acta acuerdo. Según ese documento, las familias podían permanecer en las casas hasta tanto se les asignara un terreno y se les dieran materiales para que comenzaran una construcción”. El abogado que patrocina a la agrupación, Domingo Rondina, explicó que la existencia de dicho acta acuerdo evidencia que hubo un permiso de ocupación por parte del Estado posteriormente a la toma de viviendas efectuada por la fuerza.

Para Saldaña, la jueza tendría que haber ordenado el cumplimiento del acta acuerdo firmado entre la CCC y el gobierno provincial. De todas maneras, destacó el punto donde autoriza el desalojo con la condición de que ninguna familia en situación de calle quede a la intemperie.

“Para nosotros, la resolución de la jueza tiene puntos a favor y en contra. A favor, el tema de la entrega de viviendas a cambio de desalojar las casas y el Pacto Internacional que se tuvo en cuenta para ordenar el desalojo porque sienta precedentes. En contra, que se dé por sentado que hubo delito de usurpación y que hayan procesado a cinco miembros de la organización, entre quienes me encuentro”, refirió Sebastián Saldaña.

Según un relevamiento de la CCC, el 96% de las familias que usurparon el plan de 180 viviendas son las que “no tienen dónde ir” y, por ende, deberán recibir una respuesta habitacional por parte del Estado.

“Antes de concretar el desalojo, los funcionarios provinciales deberán hacer un relevamiento y evaluar cuáles son las familias que están en total vulnerabilidad. Nosotros queremos dialogar, y hace 20 días que bregamos por eso. Pero evidentemente el camino que toman es el de criminalizar el reclamo, el de culpabilizar a las familias por el problema del déficit habitacional que ellos mismos generaron y no se hacen cargo”, consideró el principal referente.

In situ

Hoy se cumplen tres semanas de la toma de viviendas en Santa Rita II y mañana en Las Delicias. Entre ambos barrios, suman 264 casas las que están usurpadas.

Aunque muchas no tienen techo ni aberturas -los planes de vivienda estaban a medio terminar y fueron víctimas de actos de vandalismo en reiteradas oportunidades-, todas las viviendas están equipadas en su interior.

En Santa Rita II, los vecinos se procuraron el acceso a la energía eléctrica y al agua de manera irregular; mientras que en Las Delicias utilizan velas y buscan agua en los barrios cercanos, porque hasta ese sector no llegan los servicios. Allí, en varias viviendas ya se montaron negocios. Entre otros rubros, se encontró una verdulería y un quiosco.

Martes 3 de abril. A las dos de la tarde, un grupo de la CCC usurpó 90 viviendas del Plan Federal I, ubicado en Chaco al 5000 del barrio Santa Rita II. Como no se dispuso custodia policial, por la noche, otras 90 familias ocuparon el resto de las casas.

Miércoles 4. Al mediodía, la directora provincial de Vivienda y Urbanismo, Alicia Pino, firmó un acuerdo con los usurpadores, que se comprometieron a desalojar de manera progresiva el predio a cambio de terrenos y materiales de construcción. Por la tarde, otro grupo de vecinos usurpó 84 casas de un plan en Las Delicias.

Jueves 6. El gobierno provincial decidió bajarle el perfil público al tema y no dio declaraciones. La Municipalidad advirtió su oposición a entregar terrenos propios a usurpadores y legitimó la existencia del registro de personas anotadas para los planes de vivienda

Sábado 7. El ministro de Gobierno, Rubén Galassi, anunció que intimarían al desalojo de las 264 viviendas, haciendo caer así el acuerdo con las familias que usurparon Santa Rita II. El argumento fue que el conflicto se agravó a partir de la toma de otro plan. A su vez, Galassi mencionó que “hubo algunos legisladores que indirectamente instigaron a la ocupación”.

Lunes 9. El gobierno comenzó a intimar a las familias de Santa Rita II a desalojar el plan en 24 horas. No pudo terminar de entregarlas en el segundo plan porque los vecinos lo impidieron.

Martes 10. No se realizó el desalojo porque la provincia judicializó la situación. El gobernador Antonio Bonfatti hizo las primeras declaraciones sobre el tema y aseguró que “esperará la resolución de la justicia”. No descartó el uso de la fuerza pública. El municipio realizó una denuncia penal y advirtió sobre el intento de venta de viviendas y el accionar de punteros peronistas. En el barrio tomado, los miembros de la CCC realizaron un abrazo.

Miércoles 11. Los vecinos de Santa Rita II manifestaron que, tras la usurpación, el barrio no es el mismo. Denunciaron que escuchan disparos y que se sienten amenazados por personas que merodean las calles. A pedido de la jueza Sandra Valenti el gobierno presentó un escrito haciendo su propia reconstrucción del conflicto.

Martes 17. A dos semanas de la usurpación de viviendas, la CCC amenazó con acampar frente a Desarrollo Social. Reclamaron “el retorno al diálogo, el acceso a una vivienda y el pago de una deuda con las cooperativas de trabajo que tiene la organización”.

Martes 23. Se conoció el dictamen de la Justicia que ordena el desalojo.

/// LOS HECHOS