Por la denuncia de Boudou

El procurador que reemplaza a Righi

impulsa la investigación en su contra

González Warcalde, que está como subrogante, encomendó a otro fiscal que se sume a la indagación sobre supuesto tráfico de influencias.

De la redacción de El Litoral

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DyN

Luis González Warcalde, el subrogante Procurador General de la Nación, impulsó la investigación de la denuncia penal contra el ex titular de ese organismo, Esteban Righi, que presentó el vicepresidente Amado Boudou por presunto tráfico de influencias.

González Warcalde le encomendó al fiscal general de la Cámara Federal, Germán Moldes, que “colabore en todo aquello que pudiera requerir” el fiscal Jorge Di Lello, quien tiene la denuncia de Boudou, al señalar que el caso “constituye una situación de gravedad institucional que esta Procuración General no puede soslayar”.

En una resolución, el nuevo procurador sostuvo que el Ministerio Público Fiscal debe llevar adelante “la investigación de cualquier conducta que pudiera constituir delito de acción pública, sin distinguir entre las personas que se encuentren denunciadas, cualquiera fuera su rango, función o actividad, a fin de velar por aquellos altos intereses. Y con mayor razón aun cuando pudiere aparecer sindicado uno de sus propios miembros; en el caso, quien ejercía la mayor jerarquía”, agregó en referencia a Righi.

Según la resolución, Di Lello “le requirió colaboración” a González Warcalde; pero consultado por la agencia DyN, el fiscal se mostró sorprendido porque no le solicitó funcionarios para la causa.

“Por pedido expreso del procurador concurrí a su despacho y me preguntó si quería coadyuvantes en la causa, a lo que le manifesté que ésa era una decisión de política institucional de la Procuración”, explicó Di Lello.

La denuncia

Boudou denunció hace dos semanas que en junio de 2010, cuando estaba al frente de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), la mujer de Righi, Ana García, y María José Labat, esposa del ministro de Justicia porteño, Guillermo Montenegro, fueron a verlo para ofrecerles sus servicios desde el estudio de abogados para “aceitar los lazos” con los jueces y fiscales federales de Comodoro Py 2002, en Retiro.

“Teniendo en cuenta la importancia de lo denunciado y la envergadura de las circunstancias imperantes que aparejaron a la postre la renuncia del ex procurador general, doctor Esteban Righi, resulta conveniente brindar el apoyo y asistencia necesaria al titular de la Fiscalía Federal interviniente, para lograr que se alcancen aquellos altos objetivos en la mejor consecución de la acción pública”, consideró González Warcalde.

La causa está a cargo del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Di Lello, quien le pidió al nuevo procurador colaboración para instruir la causa. Así, González Warcalde le encomendó a Moldes que él y los fiscales adjuntos Graciela Sterchele, Eugenia Anzorreguy y Carlos Enrique Racedo “colaboren en todo aquello que pudiera requerir” Di Lello en la causa por la denuncia de Boudou, “o en las que a ésta se acumularen por el mismo objeto procesal o en vinculación a la denuncia del señor vicepresidente de la Nación”.

Contexto

González Warcalde reemplazó a Righi cuando éste renunció, por tratarse del fiscal general ante la Corte Suprema de mayor antigüedad, y estará en el cargo de manera momentánea hasta que asuma el nuevo jefe de los fiscales. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner propuso para ese cargo al titular de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), Daniel Reposo, cuya candidatura se encuentra atravesando el proceso de selección.

/// EL DATO

Contra la ex Ciccone

El titular del bloque de diputados radicales, Ricardo Gil Lavedra, justificó hoy el pedido que presentó ante la Unidad de Información Financiera (UIF) para impedir que la ex Ciccone Calcográfica imprima 40 mil millones de pesos a solicitud del Banco Central, al considerar que esto sería “absolutamente escandaloso”.

Gil Lavedra insistió en denunciar que frente al caso Ciccone, que salpica al ex ministro de Economía Amado Boudou por presunto tráfico de influencias, tanto las autoridades nacionales como los organismos de control se manejan con “una de las características básicas del sistema de corrupción: la opacidad, la falta de acceso a la información pública”.

El diputado radical hizo en las últimas horas una petición ante la unidad antilavado para detener con “carácter urgentísimo” la impresión de 40 mil millones de pesos que el Banco Central y la Casa de Moneda le encomendaron a la ex Ciccone, vinculada al abogado Alejandro Vanderbroele, sindicado como presunto testaferro de Boudou.

“Es absolutamente escandalosa la posibilidad de que la Casa de la Moneda y el Banco Central contraten para imprimir billetes de la República Argentina a un grupo de empresas que tienen toda la apariencia de ser empresas pantallas, empresas fantasmas”, advirtió Gil Lavedra, en declaraciones a Radio Continental. En tal sentido, el diputado se refirió a la firma Old Fund, el fondo de inversión que encabeza Vanderbroele y que salvó en su momento a la ex Ciccone de la quiebra.