Apoyos con críticas y condiciones
En el marco del Foro ambiental internacional “Rosario, hacia Río 20”, realizado días atrás, los legisladores del Partido Socialista Rubén Giustiniani; de Proyecto Sur, Fernando Pino Solanas, y del radicalismo, Eugenio Nito Artaza, debatieron sobre el proyecto de expropiación de YPF. Aunque dejaron en claro que respaldan la decisión que tomó el gobierno nacional, plantearon algunas diferencias en la letra chica de la iniciativa.
Solanas reclamó ir más allá de la expropiación de las acciones de Repsol, porque el Estado argentino debería obtener el 100 por ciento de las acciones de la compañía. Pino anticipó que Proyecto Sur va a acompañar la iniciativa del oficialismo en Diputados, pero dejó en claro que mantiene “disidencias en lo formal”.
“Si el gobierno tomó esta decisión política no sé por qué no se avanzó a fondo”, argumentó el legislador. “Es el comienzo de dar vuelta una página muy negativa que nos ha conducido a un fracaso y a la pérdida del autoabastecimiento. Pero la medida del gobierno sola tampoco alcanza, es una fantasía y un engaño hacer creer que esto lo soluciona todo. Hay que recuperar el ciento por ciento la petrolera estatal, hay que expropiar también a los Ezkenazi (familia que posee el 25 por ciento de las acciones de la empresa) para que sea un instrumento idóneo y una sociedad del Estado para que tenga control público. La sociedad anónima no tiene control de la Auditoría General de la Nación ni de la Sigen”, sostuvo el diputado nacional.
“Ahora se piensa que porque se fue Repsol no hay dinero para invertir en YPF, pero la explotación del petróleo deja márgenes enormes”, apuntó el cineasta. Y graficó que mientras por esa extracción hoy en la Argentina no se paga más de 10 dólares el barril, “esas mismas petroleras lo venden a 48 y 50 dólares, y el precio internacional está a más de 100”. Para Solanas, la petrolera “es una actividad altamente rentable”, pero que “ha habido un abandono y una dejadez”, y advirtió “el despropósito que produjo estos 20 años de privatización que dejó la mayor descapitalización”.
Solanas consideró que la respuesta del gobierno español ante la expropiación de Repsol fue “exagerada” y advirtió que “no hay ningún tribunal del mundo que pueda avalar que esta empresa se haya llevado el 90 por ciento afuera de las utilidades‘, y ‘con el aval del gobierno nacional”.
Pasivo ambiental
A su turno, Rubén Giustiniani, senador del Partido Socialista (PS), cuestionó que no se haya incluido en el proyecto la cuestión del “pasivo ambiental” que deja la explotación petrolífera. “Hoy, ante la recuperación de YPF por parte del Estado nacional surge lo que venimos denunciando desde hace muchos años: una política de saqueo que se manifiesta también en la destrucción del medio ambiente en la actividad de la explotación petrolífera. Por ello, hay que discutir el pasivo ambiental en las comunidades en donde están los pozos de petróleo y los oleoductos que contaminan las napas subterráneas y el ambiente”, afirmó el senador socialista. Y coincidió con Pino Solanas que la Argentina “no sufrirá” las consecuencias de un aislamiento por parte de la comunidad internacional ya que la expropiación se está llevando adelante por “una ley del Congreso de la Nación”, con lo cual según el senador “se ajusta por lo tanto a derecho”.
Artaza, senador por Corrientes, sostuvo que insistirá con su proyecto de prohibir la megaminería a cielo abierto y la exploración y explotación de minerales radiactivos, como el uranio y el torio. “Éste es el desafío del siglo XXI, a pesar de los compromisos que tiene el gobierno con la minería, hay que trabajar para sancionar estos proyectos en el Congreso de la Nación”, dijo.
“Hoy, al estatizar YPF se toma en cuenta el pasivo ambiental, el grado de daño ambiental (que dejó la empresa española Repsol), del mismo modo se tiene que tomar el caso de la minería cuando se utiliza cianuro”, señaló.
