Tribunales de Rafaela

Piden el sobreseimiento

para la directora de Foti

El fiscal Martín Castellano presentó un dictamen en el que acredita la inocencia de la única imputada por la muerte de dos operarios de la fábrica de pólvora.

Juliano Salierno

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El juez Correccional de Rafaela, Osvaldo Carlos, analiza un dictamen presentado por el Fiscal Nº 3, Martín Castellano, a través del cual solicita el “sobreseimiento” de Graciela Foti, como presidenta del directorio de la firma Foti Manufactura Argentina de Pólvoras SA.

El escrito, que tiene fecha 17 de abril, refiere al último episodio trágico ocurrido en la planta de Foti, en el que fallecieron dos operarios y en el cual la mujer está imputada por “homicidio culposo múltiple”.

Fue el 27 de diciembre de 2011, entre las 9.30 y 9.35 de la mañana, que se produjo una explosión en la planta productora de explosivos que está ubicada en el Km 224 de la Ruta 34, al norte de Rafaela.

Las actuaciones iniciadas por la Comisaría 13ra. de dicha ciudad constatan las muertes de los trabajadores Ricardo Perriard, de 49 años, ocurrida en el lugar; y de su compañero Sebastián Battellini, de 25, que dejó de existir al día siguiente en un sanatorio privado de Rosario.

Sin embargo, luego de solicitar los informes periciales y técnicos pertinentes, el fiscal Castellano le sugirió al juez Carlos que dé por terminado el sumario respecto de Graciela Foti; “ello por cuanto los hechos inicialmente investigados no constituyen el delito de homicidio culposo múltiple”, indica el dictamen.

Medidas de prueba

Según consta en el expediente, el siniestro se inició en un galpón donde “funcionaba una máquina tamizadora o moledora de pólvora”, lo que llevó al representante del Ministerio Público Fiscal a ordenar diligencias probatorias (entre ellas declaraciones testimoniales, pericias de tipo mecánica y pedidos de informes a organismos competentes en la materia), que le permitieran hacer una valoración de la prueba.

Para Castellanos la investigación estuvo orientada a “determinar si se ha verificado algún tipo de negligencia, imprudencia o impericia por parte de los responsables de la firma”. Por eso, para establecer responsabilidades, la Justicia deberá establecer “si la imputada ha sujetado las condiciones de habilitación, funcionamiento o producción de la planta a las normas o disposiciones dictadas por las entidades de control en dichas materias”, sigue el fiscal.

En ese sentido, la Justicia le dio intervención “a diversos organismos competentes en la materia” como El Renar, Gendarmería Nacional y la Dirección General de Fabricaciones Militares, entre otros.

Controles al máximo

Todos ellos “han aportado en sus casos información, datos o elementos relacionados con el hecho materia de investigación”. El fiscal preguntó acerca de las causas del siniestro, de las habilitaciones vigentes, de las inspecciones del Renar, y de las condiciones particulares de seguridad en el Local 15 de la planta, que fue donde se produjo la explosión.

También requirió a los organismos competentes para saber si se cumplía con los controles en materia de seguridad e higiene, si se capacitaba al personal y si el funcionamiento general de la máquina tamizadora era el adecuado, lo mismo que la instalación eléctrica y sus respectivos cuidados.

Cada organismo de contralor hizo un pormenorizado detalle de su actuación, al punto que el fiscal debió contrastarlos con “una de las hipótesis planteadas por la pericia elaborada por Gendarmería Nacional Argentina”, en la que se hablaba de un “desperfecto de la máquina tamizadora”.

Una vez analizado cada punto que implicaría responsabilidades penales para los actores involucrados, el fiscal Castellano hizo un balance en el que concluye que “el examen integral de las numerosas medidas probatorias sustanciadas en la investigación no permitirían arribar a la conclusión de que la causa eficiente del fallecimiento de los operarios haya radicado en algún tipo de negligencia, imprudencia o impericia por parte de sus responsables”. Por lo tanto, culmina con un pedido de “sobreseimiento” para la imputada Graciela Foti, dictamen que deberá analizar el juez Osvaldo Carlos y resolver si desafecta a la directiva de Foti o si sostiene la acusación.

La tragedia se produjo el 27 de diciembre de 2011 en un sector donde funcionaba una máquina moledora de pólvora.

Foto: Archivo El litoral

Antecedente: cuatro muertos en 2007

El antecedente inmediato de un caso similar ocurrió el 2 de agosto de 2007 en la misma planta de explosivos de Rafaela. Aquella vez las víctimas fueron cuatro y se trató de los operarios Alcides Rodríguez (28), Héctor Ambra (62), Guillermo Sosa (24) y David Spósito (20).

El 19 de noviembre de 2008 El Litoral informó del procesamiento de tres miembros del directorio de Foti por la muerte de los 4 obreros. El autor del procesamiento fue el juez Correccional de Rafaela, Osvaldo Carlos, quien encontró a Graciela Otilia Foti -presidenta del consejo directivo y accionista de la firma-, Vicente José Antonio Foti (fallecido) -accionista mayoritario y miembro del consejo directivo- y Silvia Beatriz Riva Astudillo -experta en seguridad industrial y encargada de la planta-, como autores el delito de “homicidio culposo agravado por el número de víctimas, reiterado en cuatro oportunidades en concurso ideal”. Actualmente, son dos los imputados por esta causa, que se encuentra radicada en el Juzgado Correccional de San Cristóbal, a cargo del Dr. Hugo Tallarico.