EDITORIAL

Ante una nueva reforma tributaria

El Poder Ejecutivo remitió semanas atrás a las cámaras legislativas un proyecto “de adecuación del sistema tributario provincial” con el objetivo de dotarlo de “mayor inclusión, equidad y simplificación”. En los considerandos se señala que la adecuación apunta al financiamiento de la inversión pública en educación, salud, infraestructura social, justicia, seguridad así como de los municipios y comunas.

La propuesta contempla modificaciones en Ingresos Brutos y en el Impuesto Inmobiliario tanto Urbano como Rural, y prevé establecer un régimen tributario simplificado para pequeños contribuyentes y un impuesto sobre las embarcaciones deportivas o de recreación.

En el caso de Ingresos Brutos propone la recategorización para grandes contribuyentes, incluye a grandes empresas constructoras y armoniza alícuotas con provincias vecinas para actividad financiera, de seguros y telefonía. En tanto, mantiene la exención sobre la actividad primaria y las actividades industriales y suma a ellas al transporte urbano de pasajeros. Por último reduce la posibilidad de deducir dicho Impuesto del Derecho de Registro e Inspección que se tributa ante municipios o comunas.

En el caso del Impuesto Inmobiliario se propone aplicar un coeficiente uniforme de 4,5, fijándose a los efectos de atenuar el impacto del incremento un tope de hasta 100% con respecto a lo liquidado el año anterior y se propone un adicional para grandes propietarios de suelo urbano vacante mientras que el Rural prevé la recuperación parcial de la valuación fiscal entre el presente ejercicio y el 2018.

Hasta el momento fueron entidades intermedias y profesionales las que han salido a cuestionar aspectos de esta reforma fiscal mientras el Senado se apronta al tratamiento legislativo en cámaras donde tiene cómoda mayoría la oposición política de la provincia.

El gobierno provincial cerró el presupuesto 2011 con un déficit fiscal de 1.600 millones de pesos y la recaudación federal sufre un amesetamiento desde diciembre último producto del estancamiento de la economía nacional.

El cuadro económico financiero de Santa Fe no difiere del resto de las provincias argentinas, muchas de las cuales ya han obtenido de sus legislaturas autorización para aumentar impuestos, emitir letras o autorizar la toma de empréstitos externos para solventar sus cuentas. Es más, el propio gobierno nacional dejar de tener superávit fiscal y tapa sus cuentas tomando fondos del Banco central y de organismos nacionales tan disímiles como Banco Nación, fondos fiduciarios, PAMI o Anses.

Ante este cuadro, la reforma fiscal parece ser la salida de manual de cualquier administración. No obstante, será la Legislatura la que deberá opinar y determinar si acepta la propuesta, si atenúa sus efectos o bien busca otras alternativas. La tarea deberá ser minuciosa y tener en cuenta que la economía no tiene la fortaleza de ejercicios anteriores. En tanto, al Poder Ejecutivo le resta aún informar con más precisión qué ajuste de gasto hará para ser solidario con el resto de los actores sociales.