EDITORIAL

La pelea por la información libre

El reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, poniendo un límite temporal a la medida cautelar interpuesta por el grupo Clarín contra las medidas de “desinversión” que le impone la ley de Medios, mereció interpretaciones contrapuestas, que arrojaron confusión sobre su real sentido, confirieron un carácter marcadamente sesgado al análisis y sacaron de su verdadero encuadre la discusión que late en el fondo del conflicto.

Festejada como un triunfo por los medios oficialistas o adherentes al gobierno, la decisión del Tribunal busca ni más ni menos que limitar a un plazo razonable las inevitables demoras que todo proceso judicial conlleva, antes de otorgar certeza a la situación derivada de un conflicto de intereses y derechos. En este caso -y en términos estrictamente jurídicos- los que chocan son el proclamado interés del Estado por evitar la concentración informativa, y los derechos patrimoniales del grupo empresarial afectado, sobre los que la aplicación de la norma pretende avanzar de manera retroactiva. Precisamente, esta última condición es lo que hace que esté en juego la seguridad jurídica, en la medida en que se podrían estar vulnerando principios basales de todo el ordenamiento legal y de la propia Constitución.

A la vez, los hechos conexos contradicen la argumentación estatal, dado que, en términos de “democratizar” la información, no se advierte la misma voluntad en otros casos de grupos mediáticos cuya conformación tampoco se ajusta a lo dispuesto por la meneada ley. Por el contrario, una serie de adquisiciones recientes da cuenta cabal de la tolerancia o incluso el beneplácito oficial -si no el aliento- ante la conformación de un nuevo conglomerado mediático, sólo que en manos de amigos del poder y titulares de diversas concesiones públicas.

En medio de esta puja, que la Justicia debe definir nada menos que en términos de constitucionalidad, lo que ha hecho la Corte es instar a la búsqueda de una pronta resolución y poner coto a las acciones que pudieran posponerla por tiempo indefinido. No hay en este punto ningún lineamiento en orden a la cuestión de fondo; mucho menos en contra del grupo que solicitó la cautelar -como se pretendió hacer ver desde ciertas usinas informativas. De hecho, el Tribunal rechazó el levantamiento de la medida solicitado por el Estado y, a la vez, advirtió que la vigencia de la misma podría ser prorrogada si se advierten maniobras dilatorias de parte de éste. En el contexto de una disputa en la que escasean los escrúpulos, abunda la mala fe, y cualquier afirmación o duda queda sometida al escrutinio de la lógica de amigos y enemigos, son doblemente necesarios el rigor y la honestidad intelectual que siempre deben presidir el abordaje periodístico de los temas. Porque ése es el escenario en el que, además del ámbito tribunalicio y los despachos oficiales, se juega nada menos que el derecho de los argentinos a la información libre, certera y veraz.