Acusación de coimas en obras del canal binacional Martín García
Uruguay observa irregularidades
en el dragado del Río de la Plata
Un diplomático oriental denunció un intento de cohecho de funcionarios argentinos y renunció. El órgano auditor del vecino país señala sus “dudas” sobre una renegociación contractual.
De la redacción del Litoral
El Tribunal de Cuentas de la República Oriental del Uruguay (TCR) consideró que “hay dudas” sobre la regularidad de los procedimientos para extender el contrato de mantenimiento del dragado del canal argentino-uruguayo Martín García, según un informe difundido por la cancillería del país vecino.
En la auditoría, el órgano fiscalizador indicó además que Uruguay debe evaluar la posibilidad de denunciar el caso en la Justicia y apunta la responsabilidad a la Argentina, según informó la agencia de noticias francesa AFP.
El tribunal había sido convocado en mayo por la cancillería uruguaya tras versiones periodísticas sobre supuestos hechos de corrupción en la extensión del contrato con la empresa Riovía, subsidiaria de la holandesa Boskalis International y que se ocupa del dragado desde 1996.
“Intento de soborno”
En mayo pasado, el embajador itinerante Julio Baráibar renunció tras denunciar un presunto “intento de soborno” de parte de la Argentina durante las negociaciones para el dragado del canal binacional Martín García, pero el presidente José Mujica no aceptó la dimisión.
En el informe del TCR se sostiene que “existió un enlentecimiento en el tratamiento de temas importantes y trascendentes dentro de la Carp (Comisión administradora del Río de la Plata), actitud que tuvo incidencia directa en la forma en que se llegó al final del plazo contractual con Riovía”.
Mientras se postergaban las negociaciones sobre el llamado a una licitación internacional para una nueva concesión destinada a la profundización del dragado -que Uruguay y Argentina negocian desde hace meses- “se dejaron de adoptar las medidas necesarias para negociar mejor con Riovía SA la inminente prórroga del contrato”, lo que llevó a que no se hiciera un concurso de precios y generó condiciones más beneficiosas a Riovía, indicó. El informe atribuye la responsabilidad por esa situación a la delegación argentina al tiempo que afirma que los delegados uruguayos ante la Carp -creada en 1973- actuaron “tratando de preservar los intereses del país”, según informó la agencia AFP.
Fuentes oficiales del país vecinos consultadas por el periódico El Observador (de Montevideo) afirman que las presuntas irregularidades se refieren al “ofrecimiento de una coima al presidente de la delegación uruguaya en la Carp, Francisco Bustillo”. Indican además que el organismo no realizaría ningún planteo ante la Justicia porque el presunto pago de coima se registró en la Argentina.
Un capítulo especial
La auditoría uruguaya cuidó los términos, pero no se privó de apuntar a la delegación argentina. Al hablar de las dilaciones en la discusión del contrato, dijo que los funcionarios alegaban, “la mayoría de las veces, falta de instrucciones de distintas oficinas gubernamentales como respuesta a los planteos”. Y añadió que eso “derivó en un escenario poco propicio a los intereses de la comisión para negociar la prórroga de febrero (de las obras de mantenimiento del canal)” y benefició a Riovía.
El dictamen desarrolló un capítulo especial a los informes periodísticos sobre denuncia de intento de soborno. Señaló que la duda sobre la regularidad del proceso “se ve ratificada” por información reservada -que decidió no divulgar- a la que accedieron los auditores.
Explicó que se trata de los informes elevados a sus superiores por el ex embajador uruguayo en la Argentina Francisco Bustillo, hoy jefe de Gabinete de la Cancillería. Dijo que son reportes “sobre la situación que venía ocurriendo en la Carp respecto de la negociación con la empresa Riovía”. En ese sentido, aconsejó al gobierno uruguayo que evaluara “la adopción de las medidas que correspondan a derecho”.
