Denunciaron tortura policial

En libertad volvieron a Florencia

Aunque siguen imputados en un robo, la Justicia les concedió la libertad la semana pasada.

De la Redacción de El Litoral

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Dos jóvenes de 18 y 19 años procesados por un robo ocurrido en Florencia, pero que además acusaron por torturas a un grupo de policías de la Comisaría 9na., regresaron a su casa la semana pasada.

El juez de Instrucción de Vera, Ireneo Berzano, a cargo de la feria judicial, les concedió la libertad el 17 de julio y les impuso una serie de obligaciones a la que los imputados se deben ajustar para gozar de dicho beneficio.

El defensor general había presentado a comienzos de mes sendos hábeas corpus ante el juez de Sentencia de Vera, Nicolás Muse Chemes, que los rechazó “in limine” antes de las vacaciones de invierno.

El abogado oficial impugnó dicho rechazo y los hábeas corpus se elevaron a la Cámara Penal en Feria, integrada por los vocales María Cristina De Césaris, Julio César Villaggi y Sebastián Creus.

Alternativa de prisión

La Cámara solicitó informes al Juzgado verense, donde al mismo tiempo estaba en trámite un pedido de “alternativa a la prisión preventiva” también requerido por el defensor general.

Finalmente el juez Berzano concedió la libertad para los imputados, a quienes les impuso obligaciones tales como fijar domicilio y presentarse semanalmente ante la policía todos los viernes; acreditar residencia y actividades para sostenerse económicamente y someterse al control de una persona responsable de su entorno. Además, Berzano les prohibió entablar contacto con los demás vinculados al proceso, ya sean estos víctimas, familiares u otros imputados.

Con el pedido de alternativas a la prisión preventiva resuelto favorablemente por el juez en feria, el objeto del hábeas corpus ante la Cámara se vio diluido y por lo tanto la cuestión quedó saldada.

Detenidos y procesados

Martín Gómez y Lucio Prieto estuvieron privados de la libertad desde el 12 de mayo, cuando fueron arrestados por personal policial de la Comisaría 9na. de Florencia, en el norte provincial, por un intento de robo a mano armada ocurrido el 9 del mismo mes en un kiosco de esa localidad del departamento General Obligado.

El 18 de mayo ambos fueron indagados por el juez de Instrucción de Reconquista, Virgilio Palud, que a instancias del fiscal los procesó el 24 de mayo como autores del delito de “robo calificado por el uso de arma de fuego, en poblado y el banda; agravado por la intervención de un menor de edad” en grado de tentativa.

Junto con Gómez y Prieto, habría estado un chico de 17 años, que por tratarse de un menor de edad fue puesto bajo la tutela de sus padres, con intervención del Juzgado de Menores.

Entretanto, una denuncia pública en conjunto con la presentación de un hábeas corpus ante la Corte por el Defensor Provincial, Gabriel Ganón, motivó al juez Palud a dar inicio a una nueva investigación, en este caso por las presuntas torturas que habrían sufrido los presos durante los primeros días de encierro.

A Sentencia

Como primera medida, el magistrado cambió de lugar de detención a los imputados y luego los entrevistó para que confirmaran o descartaran las serias acusaciones.

Fue entonces cuando ambos reconocieron las golpizas ante el juez Palud, aunque ninguno desmintió su participación en el delito a pesar de los apremios.

El viernes 8 de junio el juez de Reconquista ofició a Asuntos Internos para que tome las primeras medidas, que consistieron en allanamientos en sede policial y el secuestro de numerosos elementos de prueba.

Al menos tres policías que prestaban servicios en la Comisaría 9na. de Florencia fueron cambiados de destino en un primer momento; y luego el Ministerio de Seguridad ordenó el pase a disponibilidad de los uniformados comprometidos.

Finalmente el 26 de junio concluyó la etapa de instrucción y la causa se elevó a Sentencia, donde quedó radicada en el juzgado del Dr. Nicolás Muse Chemes.

El delito.

Según pudo acreditar la Justicia en primera instancia, Martín Gómez y Lucio Prieto junto con un joven de 17 años, se presentaron a cara cubierta y armados en un kiosco, y bajo amenaza pidieron dinero. El kiosquero se escapó y los vándalos fugaron, por lo cual el robo no se alcanzó a consumar. Días más tarde, la policía secuestró el arma, que había sido entregada por uno de los imputados a un tercero para que la “aguante”. En base a la declaración de ese testigo, se supo que fue Gómez el que se deshizo del arma la noche del miércoles 9 de mayo tras el frustrado intento de robo.

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