Contra la prensa

La guerra secreta de Pinochet

En los diecisiete años que ejerció el poder, el dictador chileno se preocupó hasta el grado de la obsesión por lo que la prensa decía de él y de su régimen. Ordenó vigilar a centenares de corresponsales extranjeros. The New York Times y Radio Moscú fueron objeto especial de atención.

Mauricio Weibel

Agencia DPA

La dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990) siguió y vigiló a cientos de corresponsales extranjeros, según consta en los archivos secretos e inéditos del régimen chileno a los que tuvo acceso DPA.

“Cuando volví a Chile sabían casi todo lo que había hecho fuera del país”, recordó el periodista chileno y ex corresponsal de DPA Carlos Dorat, quien fuera presidente de la Asociación de Corresponsales en Santiago. Dorat vivió hasta 1982 en Reino Unido, donde estudió y estaba activo en el exilio chileno.

De hecho, en un único memorando secreto aparecen los nombres de 761 corresponsales de medios de Japón, Alemania, Estados Unidos, Holanda, Argentina, Brasil e Israel.

En ese extenso listado del 2 de noviembre de 1976 asoman Humberto Zumarán de France Presse, Giorgio Bagoni de Ansa, Rodney Bond de BBC, Klaus Baürner de Westdeutscher Rundfunk de Alemania, Patrick Buckley de Reuters, Hero Buss de la revista alemana Stern, Luis Carrasco de AP, Manuel Cabrera de EFE, Carlos Cánepa del canal alemán de TV ZDF, Robert Harvey de The Economist, Pierre Kalfon de Le Monde, Juan de Onis de The New York Times y Johannes Martin Gester, del diario germano Frankfurter Allgemeine Zeitung, entre otros cientos.

Los escritos describen además diversos incidentes con periodistas, en especial con corresponsales como Gester.

La obsesión por la prensa obliga a las embajadas a remitir copias periódicas de artículos, columnas o reportajes sobre Chile y, en especial, sobre las violaciones a los derechos humanos.

Son transcritos palabra a palabra los programas de emisoras como Radio Moscú y telegrafiados los artículos de revistas o diarios tan disímiles como Triunfo de España y el Washington Post de Estados Unidos.

Ante las críticas, la policía secreta elabora y distribuye a embajadas 600 ejemplares de un perfil humano de Pinochet, en un oficio firmado por el director de la Dina, Manuel Contreras, el 31 de diciembre de 1976. La idea es resaltar al “soldado estadista”.

El tema de la prensa internacional, en el contexto de la Guerra Fría, deviene finalmente en un problema de Estado que motiva sucesivos intercambios entre ministros y entre éstos y la policía secreta.

El ministro secretario general de gobierno, general Hernán Mejares, remite en 1975 al canciller, vicealmirante Patricio Carvajal, un oficio secreto sobre la conveniencia o no de autorizar el ingreso de periodistas de CBS y NBC, como George Matanson y “el señor Strathorst”, respectivamente.

“Todos los antecedentes hacen prever que su propósito sería preparar un reportaje sobre Chile premeditadamente desfavorable”, subrayó Mejares, quien no obstante matizó que impedirles el ingreso puede ocasionar “reacciones negativas”.

Pero no sólo la prensa preocupa a la policía secreta de Pinochet. Las actividades culturales en el extranjero son también una inquietud que complica a los cuerpos represivos y al canciller de turno.

El jefe de la CNI, general Odlanier Mena, incluso ordena a Cancillería enviar todos esos antecedentes artísticos a su equipo en un oficio “estrictamente secreto” del 4 de octubre de 1979.

A su vez, en 1986, confirmando la extensa cooperación entre los ministros del régimen y la policía secreta, el canciller subrogante, Sergio Covarrubias, pide a la CNI investigar filtraciones en la prensa de Estados Unidos relativas a la visita a Chile del senador republicano Jesse Helms.

El funcionario incluso propone a los equipos represivos “mantener un registro actualizado y con constante análisis de los funcionarios de (la embajada) de Estados Unidos”, de quienes se sospecha filtraron los antecedentes.

Ese mismo año, marcado por los paros en el país, además de un frustrado atentado contra Pinochet por parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, la Cancillería pide elevar la cooperación.

En un oficio secreto del 30 de diciembre de 1986, el canciller Jaime del Valle propone crear un grupo de trabajo entre su secretaría, la policía secreta y los Ministerios de Interior, Agricultura, Gobierno, Presidencia, Salud y Hacienda. El objetivo, como todos esos años, era contrarrestar las informaciones y denuncias que circulaban en Naciones Unidas, en medio de un clima adverso en la prensa, a juicio de la dictadura.

También por cierto interesa investigar a todo quien hable contra el régimen en la prensa extranjera, como ocurre con el escritor Ariel Dorfman, a petición de Cancillería en oficio reservado 07806 de 1986.

Preparando la despedida

M.W. (DPA)

Los archivos secretos de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) revelados por DPA muestran cómo los militares planearon el retorno a la democracia, en un marco que les permitiera preservar un “principio de autoridad” sobre los civiles en Chile.

“Una actitud intransigente del Ejecutivo (ante la posibilidad de reformar la Constitución de 1980) podría desembocar en la proposición de un texto sustitutivo”, subraya un informe “confidencial” del 13 de enero de 1989 dirigido por la Armada a la Junta de Gobierno.

El texto, firmado por el capitán de navío Rodolfo Camacho, propone por ello aceptar reformas a la Carta Magna como pidió la oposición de centro izquierda, a cambio de que la Constitución de Pinochet mantuviera su “sustancia” y permaneciera en el tiempo, como sucedió hasta hoy.

“Sobre la autoridad, por último, pesa la responsabilidad de proyectar la institucionalidad derivada de sus afanes fundacionales”, remarca el texto en relación a la defensa del modelo neoliberal instaurado en Chile durante el régimen militar.

De hecho, hasta el gobierno del socialista Ricardo Lagos (2000-2006) los comandantes en jefe de los cuerpos castrenses no podían ser apartados de sus cargos por los presidentes. Los uniformados, además, podían nombrar a cuatro senadores, de un total de 37.

El análisis, enviado también a Cancillería por el contraalmirante Juan Toledo contiene un cuerpo central y anexos sobre acción socioeconómica, acción política y subversiva y acción religiosa y educacional.

Los uniformados, transcurridos 100 días tras la derrota del general Augusto Pinochet en un plebiscito que buscaba ampliar ocho años su gobierno, temían una salida rupturista liderada por la izquierda y Luis Maira, finalmente derrotado en los comicios legislativos del 11 de diciembre de 1989.

Además creían que la posibilidad de “lograr la continuidad de una sociedad libre” dependía de la aparición de un candidato fuerte en la centro derecha y observaban positivamente la opción de Sergio Diez, de Renovación Nacional, el partido del actual presidente Sebastián Piñera.

El conservador ex ministro de Hacienda Hernán Büchi, el candidato del régimen finalmente, es observado con recelo por su perfil técnico y su lejanía a los partidos de derecha.

El informe de la Marina, de 42 páginas, valora además las acciones del nuncio de la época, el purpurado Angelo Sodano, en orden a restar poder a los sectores progresistas de la Iglesia católica, liderados por el cardenal Raúl Silva Henríquez.

“La Santa Sede ha centrado su esfuerzo en la reorientación de las comunidades eclesiales de base y la redefinición del papel de la Conferencia Episcopal hacia un rol evangélico”, se lee en el escrito.

La Iglesia católica, que encabezó la defensa de los derechos humanos en dictadura a través de la Vicaría de la Solidaridad, será encabezada luego por clérigos conservadores no vinculados a una oposición activa a Pinochet.