Narcotráfico: dudas sobre las llamadas causas menores
El Senado vuelve a convocar al ministro de Seguridad
Entre los senadores no se ha saldado el debate sobre la adhesión o no a la ley de estupefacientes. ¿Deben quitarse de la órbita de la Justicia Federal las causas menores del tráfico de drogas?
Raúl Lamberto, ex diputado provincial, volverá a hablar con los senadores por un pedido del justicialismo.
Foto: Archivo El Litoral
Luis Rodrigo
Tras un cuarto intermedio en las bancas, el Senado decidió llevar a cabo lo que algunos de sus miembros propusieron hace una semana: volver a convocar al ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, quien ya concurrió a la Cámara el 9 del corriente.
Ahora el tema central será la lucha contra el tráfico de drogas y las actuación de los juzgados federales que existen en Santa Fe y tienen la exclusiva competencia en esa materia.
Los senadores de las distintas bancas ya consultaron este jueves, antes de sesionar, al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Lewis, sobre la Ley Nacional de Estupefacientes.
Entre otros cambios -si Santa Fe adhiere al régimen que fija esa norma nacional- hará que las llamadas causas menores del narcotráfico dejen la órbita de los juzgados federales y pasen a la Justicia de la provincia de Santa Fe.
Sobre ese tema ahora los senadores piensan consultar al ministro Lamberto, además de conocer -seguramente- su posición sobre la relación entre el trabajo de la Policía de la provincia y los criterios con que toman las causas los juzgados federales.
Dos semanas atrás, una intervención del senador Lisandro Enrico (UCR-General Obligado) -en la que se quejó del desempeño de los jueces federales- provocó una catarata de expresiones, desde otras bancas y otras bancadas, que lo respaldaron.
De acuerdo con la moción que se votó el jueves pasado, Lamberto será invitado para hablar sobre este tema. Cabe suponer que la entrevista será (como ocurrió el 9 de agosto) a puertas cerradas.
Con jueces y fiscales
De modo personal, el senador Lisandro Enrico (UCR-General López) invitó a sus pares a participar de las reuniones que esta semana tiene previsto mantener con los tres fiscales federales y con los jueces federales de la ciudad de Rosario, a raíz de sus quejas a viva voz -el jueves pasado- sobre la actuación de la Justicia Federal ante el narcotráfico.
El jueves pasado hubo dos compromisos asumidos por sendos senadores frente a la inseguridad, que ayer -pese a lo anunciado- no se concretaron. Joaquín Gramajo (PJ-9 de Julio) había adelantado su intención de pedir mediante una comunicación a los legisladores nacionales por Santa Fe una reforma del Código Procesal Penal de la Nación. Y Lisandro Enrico (UCR-General Obligado) aseguró que traería “datos concretos de la falta de diligencia y de rapidez, en ordenar los allanamientos y procedimientos de parte de la Justicia Federal”.
Por otra parte, Senadores aprobó comunicaciones que se había propuesto sacar adelante hace 7 días: una pide a los legisladores nacionales santafesinos que procuren la creación de tres nuevos juzgados federales en Venado Tuerto, Rosario y Santa Fe y para que se cubra el cargo de juez federal del juzgado de la ciudad de Rafaela. También se reclamó al gobierno santafesino que designe a una Brigada de Policía dependiente de la Unidad de Drogas Peligrosas en la Unidad Regional Octava, del departamento General López, donde -tras un frustrado operativo antidrogas- se separó de sus cargos de forma preventiva hasta que se completen las actuaciones sumarias a los agentes de esa repartición.
Panfleto
Buena parte de la sesión del jueves pasado se dedicó a intervenciones de senadores de los distintos bloques, que mostraron públicamente su solidaridad con el representante justicialista por San Lorenzo, Armando Traferri, víctima de una publicación panfletaria. En su favor hablaron senadores de las dos bancadas del PJ, del radicalismo y del socialismo.
Un año y medio
El Senado dio media sanción y giró a Diputados, un proyecto de ley que declara a la provincia “en emergencia” en materia de seguridad, “por 18 meses”. El texto -del que se informó en profundidad en la edición de la víspera- establece la creación de una comisión bicameral de seguridad pública, para controlar la ejecución de esa norma. Si la Cámara Baja la sanciona se facilitará al gobierno la compra de elementos para la Policía, sin licitación.
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