Reproches de la cabeza del Poder Judicial sobre el defensor provincial

Ganón: la Legislatura reenvía al

Ejecutivo actuaciones de la Corte

La Comisión de Acuerdos giró al gobernador la documentación que la Justicia le había enviado al Senado. También ayer, Antonio Bonfatti dijo que el tema no le corresponde.

De la redacción de El Litoral

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Con la decisión que tomó ayer la Comisión Bicameral de Acuerdos de enviar al Ejecutivo las actuaciones de la Corte santafesina sobre el desempeño del defensor provincial, ahora los tres Poderes están al tanto de la decisión del Dr. Gabriel Ganón de actuar, en un juicio, como defensor de presuntas víctimas de torturas.

Los diputados y senadores que integran esa comisión resolvieron de acuerdo con lo indica la Ley 13.014, que en su artículo 20 (“Designación y remoción”) determina una eventual destitución “se decidirá por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara reunidos en sesión conjunta, previo debate y audiencia del interesado”. Y aclara que tanto el defensor como el jefe de los fiscales “podrá ser removido de su cargo a solicitud del Poder Ejecutivo o de un legislador provincial” y distingue las causales de “mal desempeño, o comisión de delito doloso”.

Ayer, la Comisión de Acuerdos no rechazó la documentación de la Corte, porque -en rigor- no hubo de la cabeza del Poder Judicial un pedido de destitución ni de que se iniciara una suerte de jury de enjuiciamiento, sino la simple comunicación al Legislativo de sus actuaciones.

Lo mismo ha hecho en la víspera la Bicameral con el Ejecutivo: imponerlo de las consideraciones del Poder Judicial sobre Ganón en distintas acordadas del mismo temor (ayer se sumaron, tal como había adelantado El Litoral, tres escritos). En otras palabras, la Comisión que tiene mayoría del peronismo, que integran diputados y senadores y que preside Ricardo Kaufmann (PJ-Garay) no tuvo la necesidad de expedirse sobre el contenido de las acordadas de la Corte porque no hay ninguna acusación de un legislador o del gobierno.

En Cayastá

Ayer, en declaraciones a El Litoral, el gobernador Antonio Bonfatti dijo que el Poder Ejecutivo no tiene por qué opinar sobre el tema. Fue durante su visita a Cayastá, donde firmó el contrato para la construcción de una obra de 87,3 millones de pesos para proteger las ruinas de Santa Fe La Vieja.

Mientras avanzaba por las pasarelas aéreas que separa a los visitantes de los restos humanos de las ruinas de Santa Fe la Vieja, Bonfatti habló con este diario sobre dos temas que por estas horas ocupan la atención de la Legislatura: la situación del defensor provincial, y la Reforma Fiscal.

El Litoral preguntó al gobernador si tiene una posición formada la Corte y Ganón. Bonfatti fue marcadamente cuidadoso para responder: “Me parece que no es el Poder Ejecutivo el que tiene que opinar en este caso. Porque están los mecanismos institucionales previstos para actuar cuando alguien cree que hay un funcionario que no ha cumplido con sus responsabilidades. No es el Poder Ejecutivo el que tiene que intervenir en esto. En el marco del respeto a la división de los Poderes, uno (el gobernador) no puede tener una posición al respecto, para eso están los mecanismos de la Constitución”.

Un año y medio

El pliego de Gabriel Ganón fue aprobado de forma ficta, en una sesión de la Asamblea Legislativa que se quedó sin quórum, el 3 de febrero de 2011. La Comisión de Acuerdos de entonces también tenía (como el pleno de ambas Cámaras) mayoría del PJ. Para esa reunión, se había llevado un dictamen para rechazar su designación.

Tras varios fracasos en diciembre de 2010, ese pliego fue tratado (junto a otros de diez funcionarios clave para el nuevo sistema procesal penal) en una reunión que tuvo el quórum justo y algo impensado: mayoría del oficialismo.

El dictamen contra Ganón quedó sin efecto por 22 votos del Frente Progresista contra 14 del peronismo. Era el turno de tratar el dictamen de minoría que recomendaba su designación, pero entonces el PJ dejó sus bancas.

El Servicio Público de Defensa Penal cuenta hoy, a un año y medio, con un solo integrante: el propio Ganón.

“Intimidación”

El Movimiento Evita de la provincia de Santa Fe expresó su rechazo a la decisión de la Corte Suprema de requerir a la Legislatura una evaluación del desempeño del defensor General, Gabriel Ganón, por considerar que ese pedido “conlleva un sesgo claramente intimidatorio y en la práctica constituye un intento de limitar la tarea institucional del magistrado”.

En un documento que firman, entre otros, los dos diputados provinciales del sector, Gerardo Rico y Eduardo Toniolli, se afirma que “Ganón está en la mira del Poder Judicial por haber asumido la defensa de un menor, para lo cual la Corte dice que no tendría facultades”.

El documento relata la actuación de Ganón y del diputado Toniolli en una causa que se tramita en el juzgado penal de Reconquista contra menores que habrían sufrido torturas de parte de la policía santafesina.

“La actuación de Ganón no merece evaluación alguna, según entendemos desde la Mesa Ejecutiva Provincial del Movimiento Evita, por lo que consideramos que con esta resolución, lo que se pretende es limitar el accionar del defensor y oponerse a cambios que se vienen gestando en torno a la reforma judicial en curso”.

Los firmantes de la nota, que además de los mencionados diputados son José Berra y Fernando Rosúa, repudian “enérgicamente la postura de la Corte, nos solidarizamos con el defensor General y pedimos que, en lugar de desviar la atención, se evalúe la situación de menores de edad que se encuentran privados de su libertad en sitios como el Irar, donde se registran gravísimos casos de violencia institucional que deberían ser investigados por la Justicia y atendidos por quienes tienen la responsabilidad de llevar adelante las políticas de Estado en la Provincia, y que con la misma premura y energía conque se analizó la supuesta falta del funcionario se investigue a fondo el caso de los menores a fondo y se haga justicia”.

Ganón: la Legislatura reenvía al Ejecutivo actuaciones de la Corte

En febrero de 2011, el pliego de Ganón no fue tratado por diputados y senadores, tuvo una aprobación ficta. El PJ dejó sin quórum una sesión en la que había quedado en circunstancial minoría. Foto: Archivo El Litoral

Asamblea

Salvo que otra vez el contexto complicase el panorama, entre este mediodía y la siesta se iban a aprobar los pliegos de jueces que tenía en carpeta la Asamblea Legislativa. La reunión de los diputados y los senadores provinciales fracasó la semana pasada por las diferencias internas del PJ en la Cámara Baja frente a la Reforma Tributaria.

/// EL DATO